“Contralor de Bogotá pidió suspensión inmediata del alcalde local de Bosa por irregularidades en la ejecución de contratación”, se titulaba el escrito que, en pocas líneas, explicaba que la medida había sido tomada “luego de evidenciarse presuntas irregularidades en la ejecución de contratación, las cuales son objeto de investigación por parte de este organismo fiscalizador”.
Hasta ese momento no había una explicación clara. El alcalde local de Bosa, Juan Carlos Castellanos, se encontraba en un consejo de seguridad y no daba respuesta a los medios. La única persona que atendía a los medios era uno de sus asesores, quien aseguraba que Castellanos no había sido notificado de esa decisión.
Luego el contralor de Bogotá, Miguel Ángel Morales Russi, explicó claramente en qué consistían esas irregularidades. “Antes de ser alcalde, Castellanos participó en la ejecución de unos contratos con la Fundación Chiminigagua, para la que trabajaba en la coordinación de unos proyectos culturales. Luego lo eligieron alcalde y estando en ese cargo liquidó unas cuentas pendientes de esos contratos. Incurrió en una causal de inhabilidad, la cual señala que los funcionarios públicos no pueden haber sido ni gestores ni ejecutores ni mucho menos suscriptores de contratos”.
Después fue el alcalde quien tomó la vocería. Dijo que no se podía pronunciar a fondo porque todavía no había recibido una notificación oficial de la Alcaldía Mayor. Cuando fue consultado por los contratos con la Fundación Chiminigagua, Castellanos aseguró que no había ningún tipo de irregularidad. “Tuve unos vínculos con esa fundación cultural, porque es una organización de esta localidad, y porque como realizador de cine y televisión estoy familiarizado con el tema. He estado relacionado con varios contratos y cuando llegué a la Alcaldía unos todavía estaban en ejecución y yo debía darle culminación al tema”.
Además, Castellanos aseguró que esa información era de dominio público desde que era candidato a la alcaldía. “Yo no he suscrito contratos con el fondo de desarrollo local ni con la alcaldía local, los suscribí con una organización privada. Es una información oficialmente conocida y en ningún momento tendría por qué generar inhabilidad”, dijo.
La Contraloría no le comunicó a Castellanos la decisión, dijo, enfático, el Contralor, porque no es su obligación. “Yo no tengo que notificarle al alcalde local, es como si estuviera pidiéndole permiso al mismo funcionario para investigarlo”. Por eso la notificación llegó directamente a la Alcaldía Mayor. “Nosotros le comunicamos a la Alcaldía Mayor el día de ayer. Yo mismo hablé con la doctora Clara López, secretaria de Gobierno, y ella dijo que iba a proceder inmediatamente a la suspensión”.
Inicialmente, serían dos meses los que Castellanos estaría ausente de la Alcaldía de Bosa, si la Alcaldía Mayor acata la solicitud de la Contraloría. La decisión se tomó, según el Contralor, para que el proceso de investigación no se obstaculice. “No se puede dar lugar a una obstrucción o favorecimiento de quien tiene el poder, es decir, el alcalde local”.
Por su parte, Castellanos, con voz tranquila y pausada, reitera que “estamos dispuestos a brindar la información que se requiera, porque nos interesa que se aclare este asunto”.
Además del caso del alcalde de Bosa, la Contraloría adelanta investigaciones sobre irregularidades de contratos en otras alcaldías locales. ¿Cuáles? Con toda la discreción del caso, Morales Russi dice que no puede dar mucha información, pero que en una semana se sabrán los resultados.
Por El Espectador
