Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
En un pronunciamiento enviado al Alcalde Mayor, el contralor de Bogotá, Oscar González Arana afirmó que con este hecho se abre la posibilidad de chatarrizar y sacar de circulación 1.340 vehículos en las próximas semanas y a mediano plazo superar la sobreoferta de más de 8.000 buses, busetas y colectivos .
Los dineros del "Factor de Calidad", que a Diciembre 16 de 2007 habían sido pagados por los pasajeros y recaudados directamente por 66 Empresas Transportadores, ascienden a un monto de más de $ 137.000 millones.
Solamente una de las empresas entregó oportunamente al "Fondo para el Mejoramiento de la Calidad del Servicio" (Fondo de Chatarrización), los dineros recibidos de los pasajeros. Las restantes 65 empresas transportadoras incumplieron sistemáticamente con su deber y se apropiaron indebidamente de gran parte de esos dineros, entorpeciendo el proceso de Chatarrización.
Como consecuencia de ésto, la Contraloría de Bogotá se encuentra adelantando un proceso administrativo sancionatorio en contra de los funcionarios responsables de la Secretaría de Tránsito y Transporte por el incumplimiento de los compromisos adquiridos en el proceso de chatarrización e inició Juicio de Responsabilidad Fiscal que condujo al embargo de bienes y cuentas de las empresas transportadoras que han incumplido con sus obligaciones.
"Desde un comienzo, la Contraloría de Bogotá se pronunció sobre el hecho, de que los $17, que en cada pasaje pagan los usuarios del transporte público al subirse a un bus, buseta o colectivo, son dineros públicos, más los rendimientos financieros no percibidos por manejar los dineros en cuentas diferentes a los de la fiducia, se constituyen en un daño al patrimonio público", afirmó González Arana.
Durante los años de 2004, 2005 y 2006 con recursos del Factor de Calidad tan solo se chatarrizaron 23 vehículos. En el 2007 se reactiva el Fondo para el "Mejoramiento de la Calidad del Servicio", habiéndose chatarrizado 301 vehículos de transporte publico colectivo. En síntesis, en los últimos 4 años, a pesar que los pasajeros pagaron más de $ 137.000 millones destinados a la chatarrización, por este concepto solamente fueron chatarrizados 324 vehículos. Lo que representa en 4 años solamente una disminución del 3.5% del total de la sobreoferta.
El propósito que se ha planteado la Contraloría de Bogotá es el de recuperar la totalidad de los dineros pagados por los pasajeros destinados al Fondo de Chatarrización y evitar que se vuelva a repetir esta situación a futuro.
En lo inmediato, para el Contralor de Bogotá Oscar González Arana, es necesario establecer como meta que en el primer semestre del 2008, cuando salgan a licitación las rutas del transporte público colectivo, todas las 66 empresas de transporte, se encuentren a paz y salvo por concepto de los recursos recaudados del Factor de Calidad.
A juicio de la Contraloría Distrital, el nuevo sistema integrado de transporte público deberá vincular solamente los vehículos que se encuentren a paz y salvo con la entrega regular de los dineros recaudados por el Factor de Calidad; en otros términos, la deuda debe perseguir no solamente a la empresa respectiva sino, adicionalmente a cada uno de los vehículos deudores.
El dinero disponible
El Fondo de Chatarrización para la compra y desintegración de vehículos podrá disponer de $ 83.136 millones, sumando las siguientes cifras: $ 62.945 consignados en la Fiduciaria; $ 33.527 millones embargados por la Contraloría de Bogotá y que serían trasladados al fondo; $ 5.000 recibidos del Fondatt con recursos de adición aprobados por el Acuerdo 94 de 2003.
Con esos recursos, en el corto plazo se podrían chatarrizar aproximadamente 1.386 vehículos, lo que se constituiría en un importante aporte a la descongestión de la difícil movilidad que se vive en la ciudad.
González Arana manifestó que, con una gerencia pública eficiente y una vez se hayan formalizado los acuerdos de pago, la administración distrital bien podría acudir a través de la Fiduciaria a los recursos del crédito para anticipar la compra de aquellos vehículos que conforman la sobreoferta (9.658 vehículos), congestionado las calles de la ciudad y generando altos niveles de contaminación ambiental.