Contratista de semáforos en Bogotá: “con el sartén por el mango”

La Secretaría de Movilidad hoy está en una sin salida con el cuestionado contrato de semáforos de Bogotá. Pese a las múltiples advertencias alrededor del contratista y de haber tenido en sus manos la potestad para haber mantenido en pausa el arranque de la obra (mientras que las autoridades verificaban las denuncias), el pasado 31 de agosto cedió este poder cuando firmó el acta de inicio del contrato, basado en un documento falso con membrete de la Procuraduría. (LEA: Suspenden contrato de semáforos en Bogotá)

Aunque inicialmente el propio alcalde Enrique Peñalosa y el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, desestimaron esta irregularidad y señalaron que el documento no era fundamental para firmar el acta de inicio, hoy, que de nuevo quieren suspender la obra al caer en cuenta de su error, ya no tiene opciones. El contratista tiene el “sartén por el mango”. (LEA: Peñalosa dice que el contrato de semáforos es correcto; la Procuraduría solicita suspenderlo)

El acta de inicio es el documento que da luz verde para arrancar los trabajos, luego de verificar que todos los papeles alrededor de un contrato están en regla. Este documento tiene un efecto vinculante y la administración no lo puede echar para atrás unilateralmente, como en principio lo anunció el pasado lunes el alcalde Enrique Peñalosa. La razón: a partir de este punto, se hace difícil suspender los trabajos y mucho más revocar el contrato, salvo que sea por mutuo acuerdo con el contratista o por una orden expresa de una autoridad judicial.

Para la primera alternativa, la Secretaría de Movilidad tendría que convencer al encargado de los trabajos, en este caso el consorcio Movilidad Futura 2050. Sin embargo, esta tarea parece difícil, si se tiene en cuenta que seguramente ya hizo inversiones y una suspensión le implicaría perder dinero. Además, vale recordar que desde que se conocieron las denuncias por la posible falsedad, los abogados del consorcio pidieron en reiteradas oportunidades firmar el acta de inicio, al señalar que todo estaba en regla. (LEA: Distrito dio luz verde a contrato de semáforos con falso aval de la Procuraduría)

No obstante, para algunos expertos, tampoco será una misión imposible, si se tiene en cuenta el cúmulo de alertas alrededor del contrato; los pronunciamientos de los entes de control, y una eventual confirmación de la presunta falsedad de documentos. “En este caso sería difícil que el contratista se negara, pues la situación comprometería su reputación y responsabilidad. Suspender de mutuo acuerdo podría ser lo más razonable sí ya los entes de control encontraron vicios en el proceso”, afirma Rafael Enrique Ostau, exmagistrado del Consejo de Estado y especialista en derecho administrativo.

En caso de que el contratista rechace este camino, la segunda opción para el Distrito es demandar su propia decisión ante la justicia administrativa, pidiéndole a un juez que la declare nula. Sin embargo, para llegar a este punto debe tener certeza de que el acta se firmó en contravía de la ley. Como este tipo de procesos son largos, en principio podría pedir una medida cautelar para que se suspenda el proceso. (LEA: "No hubo detrimento patrimonial": Peñalosa sobre contrato de semaforización)

Para Manuel Eduardo Marín, profesor de derecho administrativo en varias universidades de la ciudad, si uno se ciñe a la ley, el contrato está listo para ejecutarse así que, si no se llega a un mutuo acuerdo o se demanda el contrato, se podría llegar a un tercer escenario que son las vías de hecho, que serían la salida menos apropiada.

“La administración por sí sola no tiene la facultad para suspender un contrato estatal, ese es el primer escollo. Lo normal es que la suspensión del contrato se dé por mutuo acuerdo. Lo otro es que la administración no permita la ejecución del contrato, lo cual sería una vía de hecho y acarrearía múltiples riesgos. El Distrito podría declarar que el contrato fue ilegal, porque fue celebrado por una persona que no cumplía los requisitos”.

Por su parte, Marco Velilla, exmagistrado del Consejo de Estado, aseguró que la decisión de suspender el contrato es acertada, en tanto sirve para despejar las dudas y cuestionamientos frente al contratista. Según Velilla, de surtirse esta etapa, se revestirá de legitimidad el proceso, siempre y cuando el consorcio acepte de común acuerdo la suspensión. De lo contrario, si se niega a que se revisen los documentos y se siga adelante con la licitación, mandaría un mal mensaje que terminaría acentuando las dudas. (LEA: Semáforos: los hechos que ponen en riesgo $173.000 millones de los bogotanos)

“Aunque se debe partir de la presunción de inocencia, en un caso como este, en el que hay tantas dudas, yo del consorcio suspendería de común acuerdo. ¿Por qué no? Si no tengo nada que ocultar. Si se niega, el tema podría escalar hasta ser delicado”, manifestó el exmagistrado, quien agregó que, en caso de llegar al común acuerdo y a la revisión de los papeles, “se trataría de un trámite que no tomaría mayor tiempo y sí serviría para validar todo el proceso”.

En caso de que el contratista se niegue y siga adelante con el contrato, aduciendo que ya hay un acta de inicio firmada, Velilla manifiesta que podría estar desarrollando una labor sin fundamento legal y, en caso de persistir las dudas, el Distrito podría dar la anulación del contrato. No obstante, sostuvo que para llegar hasta esa instancia deberían surtirse una serie de pasos hasta comprobar la presunta falsedad. “Considero que no se puede seguir ejecutando un contrato que está, de alguna manera, con una especie de vicio. La solución más aconsejable es que se surta la suspensión y lo mejor es un mutuo acuerdo para que un tema tan delicado como el de semáforos se esclarezca”, precisó. (LEA: Así fue como Sutec armó sus balances para el contrato de semáforos en Bogotá)

¿Y si se comprueban las irregularidades en los documentos presentados por de Sutec? En tal caso, aunque la responsabilidad directa recaería sobre el consorcio, los funcionarios de la Secretaría de Movilidad que vigilaron el proceso también podrían verse implicados en conductas disciplinarias. “Si una autoridad judicial constata que hay problemas en los estados financieros, la carga de esa responsabilidad le corresponde al contratista, quién se vería abocado a situaciones de carácter penal, porque estaría faltando a la verdad. Sería un fraude. Incluso, podrían verse involucrados los funcionarios que verificaron los documentos pues, aunque no incurrirían en conductas penales, sí en faltas disciplinarias o fiscales”, advierte Ostau.

El futuro del contrato de semáforos está en veremos. Por ahora, el Distrito tendrá que esperar la respuesta del contratista para saber si suspenden de mutuo acuerdo o se debe acudir a otros caminos. El Espectador intentó dialogar con el consorcio sobre esta solicitud, pero no se pudo establecer contacto con EL representante legal .

La Secretaría de Movilidad hoy está en una sin salida con el cuestionado contrato de semáforos de Bogotá. Pese a las múltiples advertencias alrededor del contratista y de haber tenido en sus manos la potestad para haber mantenido en pausa el arranque de la obra (mientras que las autoridades verificaban las denuncias), el pasado 31 de agosto cedió este poder cuando firmó el acta de inicio del contrato, basado en un documento falso con membrete de la Procuraduría. (LEA: Suspenden contrato de semáforos en Bogotá)

Aunque inicialmente el propio alcalde Enrique Peñalosa y el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, desestimaron esta irregularidad y señalaron que el documento no era fundamental para firmar el acta de inicio, hoy, que de nuevo quieren suspender la obra al caer en cuenta de su error, ya no tiene opciones. El contratista tiene el “sartén por el mango”. (LEA: Peñalosa dice que el contrato de semáforos es correcto; la Procuraduría solicita suspenderlo)

El acta de inicio es el documento que da luz verde para arrancar los trabajos, luego de verificar que todos los papeles alrededor de un contrato están en regla. Este documento tiene un efecto vinculante y la administración no lo puede echar para atrás unilateralmente, como en principio lo anunció el pasado lunes el alcalde Enrique Peñalosa. La razón: a partir de este punto, se hace difícil suspender los trabajos y mucho más revocar el contrato, salvo que sea por mutuo acuerdo con el contratista o por una orden expresa de una autoridad judicial.

Para la primera alternativa, la Secretaría de Movilidad tendría que convencer al encargado de los trabajos, en este caso el consorcio Movilidad Futura 2050. Sin embargo, esta tarea parece difícil, si se tiene en cuenta que seguramente ya hizo inversiones y una suspensión le implicaría perder dinero. Además, vale recordar que desde que se conocieron las denuncias por la posible falsedad, los abogados del consorcio pidieron en reiteradas oportunidades firmar el acta de inicio, al señalar que todo estaba en regla. (LEA: Distrito dio luz verde a contrato de semáforos con falso aval de la Procuraduría)

No obstante, para algunos expertos, tampoco será una misión imposible, si se tiene en cuenta el cúmulo de alertas alrededor del contrato; los pronunciamientos de los entes de control, y una eventual confirmación de la presunta falsedad de documentos. “En este caso sería difícil que el contratista se negara, pues la situación comprometería su reputación y responsabilidad. Suspender de mutuo acuerdo podría ser lo más razonable sí ya los entes de control encontraron vicios en el proceso”, afirma Rafael Enrique Ostau, exmagistrado del Consejo de Estado y especialista en derecho administrativo.

En caso de que el contratista rechace este camino, la segunda opción para el Distrito es demandar su propia decisión ante la justicia administrativa, pidiéndole a un juez que la declare nula. Sin embargo, para llegar a este punto debe tener certeza de que el acta se firmó en contravía de la ley. Como este tipo de procesos son largos, en principio podría pedir una medida cautelar para que se suspenda el proceso. (LEA: "No hubo detrimento patrimonial": Peñalosa sobre contrato de semaforización)

Para Manuel Eduardo Marín, profesor de derecho administrativo en varias universidades de la ciudad, si uno se ciñe a la ley, el contrato está listo para ejecutarse así que, si no se llega a un mutuo acuerdo o se demanda el contrato, se podría llegar a un tercer escenario que son las vías de hecho, que serían la salida menos apropiada.

“La administración por sí sola no tiene la facultad para suspender un contrato estatal, ese es el primer escollo. Lo normal es que la suspensión del contrato se dé por mutuo acuerdo. Lo otro es que la administración no permita la ejecución del contrato, lo cual sería una vía de hecho y acarrearía múltiples riesgos. El Distrito podría declarar que el contrato fue ilegal, porque fue celebrado por una persona que no cumplía los requisitos”.

Por su parte, Marco Velilla, exmagistrado del Consejo de Estado, aseguró que la decisión de suspender el contrato es acertada, en tanto sirve para despejar las dudas y cuestionamientos frente al contratista. Según Velilla, de surtirse esta etapa, se revestirá de legitimidad el proceso, siempre y cuando el consorcio acepte de común acuerdo la suspensión. De lo contrario, si se niega a que se revisen los documentos y se siga adelante con la licitación, mandaría un mal mensaje que terminaría acentuando las dudas. (LEA: Semáforos: los hechos que ponen en riesgo $173.000 millones de los bogotanos)

“Aunque se debe partir de la presunción de inocencia, en un caso como este, en el que hay tantas dudas, yo del consorcio suspendería de común acuerdo. ¿Por qué no? Si no tengo nada que ocultar. Si se niega, el tema podría escalar hasta ser delicado”, manifestó el exmagistrado, quien agregó que, en caso de llegar al común acuerdo y a la revisión de los papeles, “se trataría de un trámite que no tomaría mayor tiempo y sí serviría para validar todo el proceso”.

En caso de que el contratista se niegue y siga adelante con el contrato, aduciendo que ya hay un acta de inicio firmada, Velilla manifiesta que podría estar desarrollando una labor sin fundamento legal y, en caso de persistir las dudas, el Distrito podría dar la anulación del contrato. No obstante, sostuvo que para llegar hasta esa instancia deberían surtirse una serie de pasos hasta comprobar la presunta falsedad. “Considero que no se puede seguir ejecutando un contrato que está, de alguna manera, con una especie de vicio. La solución más aconsejable es que se surta la suspensión y lo mejor es un mutuo acuerdo para que un tema tan delicado como el de semáforos se esclarezca”, precisó. (LEA: Así fue como Sutec armó sus balances para el contrato de semáforos en Bogotá)

¿Y si se comprueban las irregularidades en los documentos presentados por de Sutec? En tal caso, aunque la responsabilidad directa recaería sobre el consorcio, los funcionarios de la Secretaría de Movilidad que vigilaron el proceso también podrían verse implicados en conductas disciplinarias. “Si una autoridad judicial constata que hay problemas en los estados financieros, la carga de esa responsabilidad le corresponde al contratista, quién se vería abocado a situaciones de carácter penal, porque estaría faltando a la verdad. Sería un fraude. Incluso, podrían verse involucrados los funcionarios que verificaron los documentos pues, aunque no incurrirían en conductas penales, sí en faltas disciplinarias o fiscales”, advierte Ostau.

El futuro del contrato de semáforos está en veremos. Por ahora, el Distrito tendrá que esperar la respuesta del contratista para saber si suspenden de mutuo acuerdo o se debe acudir a otros caminos. El Espectador intentó dialogar con el consorcio sobre esta solicitud, pero no se pudo establecer contacto con EL representante legal .