“La Secretaría de Integración Social manifiesta que no está dispuesta a permitir que ningún contratista o servidor público vulnere los derechos de la infancia y mucho menos de los niños y adolescentes que están bajo la responsabilidad de la entidad”, con estas palabras la entidad distrital denunció un grave hecho que se habría presentado en uno de los Centros Integrales de Protección.
En días pasados la Secretaría de Integración Social tuvo conocimiento sobre un presunto delito sexual que vulnera los derechos de una menor de edad en condición de discapacidad con medida de protección institucional, atribuido a un cuidador contratado para la atención integral de niños y adolescentes con discapacidad.
En cumplimiento de los mandatos legales, la Secretaría de Integración Social, desde la Dirección Poblacional, orientó el trámite de las denuncias penales para la investigación de los hechos y sus eventuales sanciones, al tiempo que adelanta las acciones administrativas en prevención necesarias para garantizar que el cuidador, presunto responsable de los hechos, no tenga contacto con los niños del centro de protección mientras se resuelve el proceso judicial.
La Ley 1098 de 2006 consagra los postulados de la doctrina de la protección integral que condensa el conjunto de acciones y buenas prácticas que deben adelantar las instituciones obligadas a la garantía y protección de los derechos humanos de los niños y adolescentes, así como la coordinación de esfuerzos interinstitucionales para que los efectos de dichas acciones sean oportunos, eficientes y eficaces.
En 2014, Integración Social implementará los estándares de calidad de talento humano adoptados por resolución de la entidad que garantizarán la idoneidad, experticia y seguridad de las personas para la atención de esta población.
Por El Espectador
