Revive la controversia: ¿en qué va el tema del agua y Coca Cola en La Calera?

Cajas de mampostería ubicadas sobre los manantiales naturales de la cuenca en Tres Quebradas, en La Calera y que están bajo el control de Femsa, filial de Coca Cola en Latinoamérica

Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

Superada, de momento, la escasez de agua y los fantasmas del racionamiento en la región, hay un tema pendiente: el futuro de la concesión para captar aguas subterráneas en La Calera, que explota la embotelladora INDEGA S.A., adscrita a la multinacional Coca Cola. Aunque el permiso cumple 39 años, fue hace uno que, en plena sequía, surgió la polémica al conocer públicamente los detalles: por un ínfimo pago, la empresa capta 3,23 litros de agua por segundos, de siete manantiales, para luego venderla embotellada.

Esto abrió la pregunta ¿es justo que la población sufra problemas de agua, mientras las multinacionales explotan los recursos sin interrupción? El debate coincidió con dos hechos: que la concesión se vencía en diciembre y la empresa debía iniciar trámites para su renovación. En medio de ese trámite, el panorama obligó a la CAR Cundinamarca, como autoridad ambiental y responsable de definir el futuro de la concesión, a realizar una audiencia pública para debatir si era conveniente renovar el permiso o no.

Más información sobre el agua de Coca Cola: Manantiales de controversia: el debate por el agua subterránea que capta Coca-Cola.

Desde entonces, un sector de la población, ambientalistas y abogados despliegan una cruzada para impedir la renovación de la concesión 10 años más. No obstante, el contrapeso lo integra otro sector de la población, que resalta la importancia de la empresa, como generadora de empleo y desarrollo en la región. Vecinos, empleados y expertos dicen que los problemas de agua de La Calera no son por la embotelladora, sino por asuntos estructurales más grandes como la construcción. Por lo tanto, abogan por renovar la concesión.

Tras ese tire y afloje, que se vivió en la audiencia pública de mayo pasado, la controversia recientemente tomó un nuevo aire con la denuncia que hizo la congresista María del Mar Pizarro, quien reveló, a través del periodista Daniel Coronell, unas fotos donde se veía una estructura de concreto en los alrededores de tres de los siete manantiales que explota la embotelladora.

Lo que no dijo la congresista fue que las imágenes hacían parte de un informe que se realizó tras una visita de la CAR en 2023, la cual derivó en la orden de la autoridad ambiental de retirar las estructuras y un proceso sancionatorio; tampoco mencionó que la embotelladora cumplió la orden y retiró las estructuras de cemento que cubrían los bordes de algunos manantiales, como lo confirmó Alfred Ballesteros, director de la CAR, y como lo corroboró El Espectador tras una visita a los manantiales meses atrás.

Vale resaltar que las cajas marrones, con una ventana de aluminio, que se perciben en las fotos que compartió la congresista, son en realidad cajas de mampostería: estructuras hechas de arcilla, para proteger el agua de posibles impurezas durante su proceso de captación hasta el embotellamiento. El uso de estas, además, está avalado por la legislación para este tipo de concesiones a nivel nacional y es obligatorio en concesiones que captan agua para el consumo humano.

Pese a lo anterior, la congresista tendría en algo razón: haber endurecido el entorno de los manantiales pudo haber provocado daños considerables. Camilo Arias, biólogo de la U. Distrital, explica que, aunque el cemento se haya retirado, el tiempo que permaneció allí pudo haber generado “Alteración del flujo natural del agua; pérdida de hábitats micro-acuáticos, e impactos en la vegetación ribereña, al secar raíces de plantas hidrófilas en los alrededores de los manantiales”.

De momento, la autoridad ambiental evalúa la magnitud de estos impactos para decidir si impone o no una sanción a la embotelladora, así como la multa que debería pagar, según explicó el director de la CAR.

Confusión normativa

Adicional al reclamo por el cemento, la congresista también denunció que la embotelladora se ha beneficiado de prórrogas ilegales, haciendo énfasis en la que se aprobó en 2014. Según Pizarro, el artículo 55, del decreto ley 2811 de 1974, señala que estos permisos no pueden prorrogarse automáticamente y deben suspenderse una vez caduquen, mientras la autoridad ambiental adelanta un nuevo proceso de concesión.

Sin embargo, Ballesteros explicó que Pizarro incurre en un error, ya en este caso aplica otra norma, relacionada con concesiones ambientales. “Por código de recursos naturales, todas son prorrogables. Imaginemos que no fuera la concesión para embotellamiento, sino la del acueducto de Bogotá, un acueducto veredal o para producir alimentos. Yo no podría quitarles el agua, apenas se cumplan los 10 años”, explicó el funcionario.

De otro lado, expertos en derecho ambiental dieron una explicación similar. “Es una interpretación errada, pues el artículo que citó la congresista regula los permisos ambientales. Para las concesiones está el Decreto 1076 de 2015 (que compila el Decreto 2811 de 1974) y que regula las concesiones. Allí establece que las concesiones no se pueden otorgar a más de 10 años, salvo la prestación de servicios públicos, pero que pueden ser prorrogadas, salvo por razones de conveniencia pública”, explicaron.

¿Qué viene para la renovación?

En este momento, la CAR estudia un compilado de casi 50.000 archivos con la información que se transmitió en la audiencia pública. Por ley, se deben revisar todos y con base en ello, tomar una decisión: ampliar, modificar o denegar la prórroga. El último trámite, de hecho, tardó ocho años, —entre 2006 y 2014— y aunque un informe de la CAR del 2010 le llamó la atención a la embotelladora por falta de claridad en el agua captada, finalmente se tomó la decisión de prorrogar 10 años, hasta 2024.

No sin antes aplicar una modificación: el caudal de agua captada autorizada se redujo de 7,6 litros a los 3,5 litros por segundo actuales. De momento, la CAR lleva estudiando la solicitud nueve meses. Aunque todavía no hay un tiempo claro para la resolución definitiva, teniendo en cuenta la audiencia pública, es probable que no haya pronto una respuesta definitiva. No al menos al finalizar 2025.

Si bien, entre las opciones para la CAR está, no solo renovar la concesión, sino también modificar el caudal de explotación, todavía no hay nada confirmado. Lo cierto es que la empresa también está haciendo su tarea, para conservar el permiso, como lo hizo con un estudio que concluye que el agua que ellos captan para su actividad no supera la capacidad de retener líquido de los manantiales. Sin embargo, quienes se oponen a la renovación insisten en desacreditar el estudio, al considerar que sus métodos de recolección de datos no fueron los adecuados y que la evidencia no es suficiente para esa conclusión. Durante la discusión se ha planteado como solución, incluso, la reducción de la concesión a un caudal de 2,5 litros por segundo.

Mientras esto ocurre, conforme a la legislación vigente, la embotelladora podrá continuar captando los 3,5 litros de agua por segundo hasta el día en el que la CAR tome una decisión definitiva. De momento, a la espera de que eso ocurra, el debate debe tornarse diáfano y lejos de oportunismos y consignas políticas, por cuanto el tema en cuestión es profundo y de una complejidad técnica ya demostrada.

Información relacionada: Puntos clave de la audiencia sobre la concesión de aguas subterráneas a Coca Cola.

Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.