Contugas: el lastre que arrastra GEB desde la época de Samuel Moreno

Aunque Contugas tiene cerca de 1.000 kilómetros de redes de conducción de gas y casi 50.000 clientes, hoy solo genera pérdidas para el GEB, por sus deudas. / Cortesía: GEB

El Grupo de Energía de Bogotá (GEB) es una máquina para generar ganancias. Este año repartirá $1,3 billones de utilidades a sus accionistas, que en su mayoría son el Distrito (65,7 %) y los fondos de pensiones privadas (19 %). Sin embargo, pudo haber sido más. En medio de sus negocios, hay uno que se ha convertido en un lastre que arrastra casi desde la época del carrusel de la contratación.

Se trata de Contugas, transportadora de gas en el sur de Perú, al que la Contraloría Distrital le puso el ojo, pues en casi once años ha sido un hoyo negro, el cual en los últimos cinco años se ha tragado $495.319 millones, en esfuerzos por evitar su liquidación. Pero la cuenta no termina ahí. Pese a la capitalización, la compañía mantiene un endeudamiento del 91 % y, para completar, hace un mes el GEB respaldó un préstamo por US$355 millones ($1,36 billones al cambio de hoy) para pagar un viejo crédito.

Por toda esta situación, la Contraloría encendió las alarmas e indicó que la capitalización, que parece de difícil recuperación, se estaría convirtiendo en un multimillonario detrimento para el Distrito, cercano a los $340.000 millones, por ser el accionista principal. En esta lógica, la pérdida de los fondos de pensión sería $94.000 millones.

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Todo está en la última auditoría, que analizó diferentes aspectos del GEB, en el que el ente de control documenta los aportes (de forma directa o a través de su filial TGI), desde el último año de la administración de Gustavo Petro hasta el último día de la administración de Enrique Peñalosa. En el análisis dice que dicha capitalización redujo el pecunio del Distrito, pues el negocio no es rentable. Por esto, “los recursos serán enmarcados como posible daño patrimonial, por gestión antieconómica e ineficiente”.

Historia

El origen de Contugas se remonta a una nefasta época de la capital: 2008, año que comenzó el llamado carrusel de la contratación, bajo la administración del exalcalde Samuel Moreno, quien de paso presidía la junta directiva del Grupo de Energía. Sin decir que el negocio en Perú fue una de las tantas tretas para exprimir recursos públicos, sí coincide con un momento en el que políticos y contratistas comenzaron a pactar obras y coimas para asaltar el erario de Bogotá.

La historia muestra que en junio de ese año fue constituida Contugas para pujar por una concesión a treinta años, para distribuir y comercializar gas natural a 50.000 usuarios residenciales, industriales y vehiculares de la región de Ica (Perú), en especial Pisco, Chincha, Nasca y Marcona. El negocio lo ganaron en 2009 y, al principio, las cuentas daban para que fuera un negocio sostenible y con proyección.

No obstante, tras ganar la concesión llegaron las primeras decisiones que hoy se reprochan en el seno del Grupo de Energía. En su momento, para cumplir el contrato optaron por construir un gasoducto con capacidad para transportar diez veces la demanda proyectada y firmaron contratos de suministro de gas a largo plazo, por cantidades que también desbordaban las cuentas. Lo paradójico, dicen, fue que la apuesta se basó en un rumor: que construirían termoeléctricas que demandarían millones de metros cúbicos de gas al día.

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Para los trabajos contrataron un crédito por US$355 millones (respaldado por el GEB) y finalmente en 2014 inauguraron el Gasoducto Regional de ICA Sur del Perú, con una tubería principal de 300 kilómetros y 800 kilómetros de ramales. Sin embargo, desde antes de la inauguración ya tenían problemas: el constructor reclamó ante un tribunal de arbitramento el pago de US$80 millones en sobrecostos, por retrasos atribuibles al concesionario. El reclamo lo lideraron la empresa colombiana Conciviles y la empresa peruana Graña y Montero, que, vale recordar, fue una de las delatadas por Odebrecht por pagar coimas para ganar el contrato para construir el metro de Lima.

Luego vinieron los previsibles problemas de operación. Si bien se cumplió el objetivo inicial de llevar gas a 50.000 usuarios, la termoeléctrica no la construyeron y Contugas se quedó con una infraestructura capaz de suministrar 350 millones de metros cúbicos de gas diarios, atendiendo una región que hoy no demanda ni el 10 %. Esto ha llevado a recibir ingresos por debajo de lo esperado, arrastrando una deuda que ha obligado al GEB a inyectarle $500.000 millones en los últimos cinco años.

Una mala herencia

¿Pero por qué esa cuantiosa capitalización? Los directivos actuales del GEB tienen una respuesta simple: en principio para pagar los intereses del crédito para la megaobra, por el orden de $16 millones anuales. Con una particularidad, la deuda sigue intacta. “Es una obligación que tenemos que cumplir con dineros del grupo, ya que está respaldada con los activos de la compañía. Es decir, estamos enfrentando gran parte de los problemas producto de las primeras decisiones”, explican.

Pero no ha sido la única gestión. Aclaran que se han dedicado a buscar alternativas para mejorar el desempeño de la empresa, recuperar el capital y la rentabilidad, disminuyendo costos operativos y renegociando los contratos de suministro, herencia que viene desde 2010. Este último los obligó a pagar desde 2010 45 millones de metros cúbicos diarios, pese a que la demanda no llegaba a la mitad. En la renegociación lograron bajar esa obligación a 27 millones de m³. “Ha sido una lucha, en medio de un ambiente hostil de la autoridad de regulación de Perú, que ha tomado decisiones que han alentado el incumplimiento del pago a algunos de sus grandes clientes grandes.

Una luz

Pero con este panorama, ¿por qué no la han vendido? La respuesta es: después de tantos años cargando este lastre, dicen, ya no es negocio. Por un lado, el precio que les pagarían no los liberaría de la deuda. Por el otro, de nuevo, aparece la esperanza de grandes negocios. Según los directivos del GEB, a diferencia de cuando se firmó la concesión, ahora sí hay proyectos serios en desarrollo que sacarían a Contugas del atolladero, al poder usar la infraestructura instalada.

Se trata de una planta de generación de energía en desarrollo, que lidera Mitsubishi; una planta de gas licuado, para atender minas en el sur del país, que pondrían en marcha en 2022; dos plantas de generación de energía, propiedad de la francesa Engy, y una petroquímica, que impulsa un grupo alemán. Sin embargo, la mayor esperanza está en la oferta que presentó directamente Contugas al gobierno peruano para extender su gasoducto hasta Arequipa, como alternativa al Gasoducto Sur Peruano, obra que adelantaba Odebrecht (por US$7.000 millones), pero que quedó suspendida hace tres años tras el escándalo de corrupción.

Su oferta, dicen desde Perú, tiene buen ambiente en el país, pues además de suplir una urgencia de expansión (solo el 20 % del país tiene gas natural), promete hacerlo en tres años, por un trayecto más seguro y en US$1.400 millones, cinco veces menos de lo que costaba la obra de la multinacional brasileña. “En resumen, hay planes que facilitarían el futuro de Contugas. Hacemos proyecciones y no es que todos vayan a salir al tiempo, pero con algunos, en principio, aseguraríamos ingresos para pagar la deuda, sin acudir a los accionistas”.

¿En toda esta historia hubo corrupción? “Esa es una buena pregunta para los entes de control. El informe de la Contraloría no analiza esas decisiones, esas debilidades y esas vulnerabilidades en su momento. Solo menciona la decisión que hemos tomado de sincerar este problema. ¿Qué han hecho ellos? Es la pregunta. Por nuestro lado, hemos tratado de rescatar la documentación de las decisiones desde 2008 para entender mejor la situación en la que hoy estamos”, concluyeron los directivos.

El Espectador contactó a los exalcaldes Gustavo Petro y Enrique Peñalosa para conocer su opinión, pero ambos apelaron al desconocimiento del caso, por lo que prefirieron no dar declaraciones.