Corte solicitó información al Distrito por investigación contra el exsenador Efraín Torrado

El Espectador

A través de un oficio conocido por la emisora Blu Radio, la Corte Suprema le informó al Distrito sobre la apertura de una investigación contra el excongresista Efraín Torrado, debido a su presunta participación en el carrusel a través de contratos suscritos con la Secretaría de Integración Social entre 2010 y 2011. 

El alto tribunal trata de establecer si el excongresista de Norte de Santander habría suscrito contratos de forma irregular por $160.000 millones durante la administración del entonces alcalde Samuel Moreno. Por ello, le pide a la Alcaldía que le envíe el Informe Final de la Comisión de Seguimiento a la Contratación de Bogotá, buscando determinar las presuntas irregularidades.

En una investigación realizada por El Espectador, en noviembre de 2013, uno de los testigos estelares en el expediente del carrusel aseguró que, tanto el excongresista como su hermano Édgar Torrado, exconcejal de Bogotá, "eran como los Nule, pero con contratos de alimentos”.

“Ellos contrataban en todo el país, con entidades tan grandes como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. De todos los negocios que hicieron en la época de Samuel Moreno, siempre tuvieron que pagar un 6 % de comisión. En algunos contratos era del 8 %. Y aunque recibieron más de $220.000 millones, terminaron quebrados porque la comisión exigida no daba utilidades. Por eso le digo que eran como los Nule: cogían esas platas para tapar los huecos de otros negocios”.

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Dicho artículo, señaló también que esa era la estrategia que al parecer se esconde detrás de la telaraña de cooperativas que presuntamente patrocinaron los hermanos Torrado para apropiarse entre 2008 y 2009 de más del 30 % de los contratos adjudicados por la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS). 

Adicional a esta investigación, hay otro proceso en contra del exsenador, al parecer, por presunto ejercicio de actos de violación a la participación democrática en 2010, “consistentes en presiones ejercidas sobre personas de escasos recursos inscritas en el programa Familias en Acción en Cúcuta”, indica el documento.

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