Se cumplen 78 días desde que 902 indígena embera (349 hogares) retomaron el Parque Nacional. El 19 de mayo decidieron asentarse allí de nuevo, para exigir lo que por años han pedido: reubicación en un albergue digno o un retorno seguro a sus territorios en los departamentos de Risaralda y Chocó. La necesidad de cumplirles no solo la ratifican la vulneración de derechos a la comunidad, sino los hechos que dieron pie a que el Distrito radicara 12 denuncias ante la Fiscalía, por maltrato, negligencia, constreñimiento, uso de menores y violencia intrafamiliar.
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El caso más reciente ocurrió este fin de semana. Según la secretaría de Integración Social, tras una fiesta, en la que hubo consumo de alcohol (varios niños terminaron también consumiendo), terminó en una riña (que dejó un detenido); desmanes cuando llegaron las autoridades, y un fatal accidente de tránsito, al parecer, luego de que los indígenas bloquearon la carrera séptima con las vallas que rodean el Parque Nacional. En este caso murió un motociclista, de 23 años, que chocó con ellas.
Surge entonces la pregunta: ¿dónde estaban las instituciones? El Distrito, a través de la Secretaría de Integración Social, señaló que de manera preventiva desplegaron sus equipos técnicos, para trasladar a los niños y niñas a un Centro Amar, brindándoles un entorno seguro, pero lo impidieron los líderes de la comunidad.
Por su parte, la Policía de Infancia y Adolescencia llevó a siete menores a un Centro de Emergencia, para que el ICBF restableciera sus derechos. Además, un adolescente fue trasladado a un servicio de salud, para recibir atención médica por alicoramiento. “Desde la noche del 2 de agosto, personal de Defensoría de Familia y el Equipo Móvil de Protección Integral (EMPI) intentaron dialogar con los líderes, para activar rutas de protección, pero impidieron su ingreso”, acotó el ICBF, que mantiene equipos móviles en la zona haciendo rondas, para identificar posibles riesgos.
¿Por qué los indígenas embera siguen el Parque Nacional?
Para entender por qué llega una familia indígena a Bogotá, hay que analizar cada caso. Por ejemplo, a finales de 2024, la Defensoría del Pueblo documentó el suicidio, en el Chocó, de una niña y tres jóvenes de las comunidades Villa Hermosa, La Playita y Unión Baquiaza, del resguardo Opogadó-Doguadó, del pueblo embera del Chocó. La causa, según dijeron, fue el miedo a terminar en las filas de actores armados. Casos que se sumaron al suicidio de tres niñas, un niño y dos jóvenes de las comunidades indígenas bojayaseñas.
Por si fuera poco, en el departamento de Risaralda, murieron al menos 32 niños en 2024 por desnutrición -sin contar las muertes por suicidio-, en un contexto de denuncia por falta de atención médica, vivienda digna y educación de calidad. Estas y más problemáticas los termina empujando a salir de sus territorios y a buscar en la capital mejores oportunidades.
Con el nuevo asentamiento en el Parque Nacional, la Unidad de Víctimas ha tenido que apretar los tiempos para avanzar en un proceso de retorno de 1.192 indígenas, que así lo desean. En mayo, la exdirectora general (e) de la Unidad de Víctimas, Gloria Cuartas, fijó un plazo de máximo de cuatro meses, para que esta comunidad retorne bajo garantías de voluntariedad, seguridad y dignidad, como demanda la Resolución 027.
“Las comunidades aseguran que quieren regresar a sus territorios, pero es importante conocer las necesidades, para tener una oferta institucional oportuna y garantizar el acompañamiento”, sentenció Jonathan Forero, coordinador del Grupo de Retornos y Reubicaciones de la Unidad para las Víctimas.
¿Qué exige la comunidad embera al Gobierno?
Ariel Queragama, líder indígena asentado en Bogotá, ha dicho en otros escenarios que las principales solicitudes de las autoridades tradicionales es que los retornos tengan una oferta económica y social, que involucre a toda la comunidad, para garantizar la permanencia en el tiempo de sus proyectos de vida. “Queremos que estos procesos avancen y que las instituciones se comprometan”, dijo.
A finales de julio, hubo una reunión en la que las gobernaciones de Risaralda y Chocó dijeron que asumirían sus necesidades básicas; la Secretaría de Educación de Bagadó, que gestionaría la inclusión de los menores de edad a diferentes Instituciones Educativas, y la Alcaldía de Pueblo Rico, que construiría ocho nuevas aulas en el colegio Dachi Drua, en la vereda Santa Rita, sector La Punta, para beneficiar a casi 1.600 estudiantes de primaria y bachillerato.
¿Y mientras tanto qué?
Aunque todo parece marchar según al cronograma para el retorno, cumpliendo el plazo que fijó la Unidad de Víctimas, persisten los conflictos en el Parque Nacional y exponen a mujeres y niños a un latente riesgo.
Desde el ICBF hicieron un llamado respetuoso para que la comunidad priorice la protección y el cuidado de los menores, mientras el Distrito insiste en que no hay una jurisdicción indígena en el Parque Nacional, por lo que la prioridad constitucional es proteger a los niños.
El Distrito espera reubicar a los 1.100 indígenas en un predio, en el sector de Ciudad Salitre Occidental, donde prometen mejorar las condiciones de la estadía, para evitar conflictos entre los distintos líderes y sus familias, pues aseguran que habrá espacio suficiente para los que están en el Parque Nacional y los que lleguen relocalizados desde la UPI La Rioja.
Por tercer año consecutivo, comunidades indígenas optan por la intemperie y el frío del Parque Nacional, esperando que las autoridades gestionen un retorno seguro o una reubicación en la ciudad. Aunque este proceso parece que se encamina a una solución, ojalá definitiva, es imprescindible continuar con una presencia institucional, fortaleciendo los canales de diálogo con líderes para instar a cumplir los mandatos constitucionales.
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Por María Angélica García Puerto
