¿Cuánto deben pagar los responsables del desfalco en la construcción de Transmilenio por la calle 26?

Seis años de proceso, la suerte de 35 investigados y un desfalco a la ciudad por $174.966 millones están condensados en el voluminoso fallo de 2.645 páginas que emitió la Contraloría General y en el cual corroboró las irregularidades que se cometieron en la construcción de la troncal de Transmilenio por la calle 26. (Lea: Protagonistas del carrusel de la contratación en Bogotá, a pagar $175.000 millones)

En el proceso, el ente de control estableció seis situaciones en las que hubo sobrecostos y sus responsables. El mayor detrimento fue a través de una maniobra: pese a que la obra completa costaba $315.580 millones, la administración autorizó excluir trabajos por $55.450 millones (que igual pagaron) y después hizo tres adiciones al contrato por $107.505 millones. Todas sin justificación.

A esto se sumaron sobrecostos en la actualización de diseños para construir el puente vehicular de la calle 26 sobre la avenida Boyacá ($1.087 millones), el pago de factores de contingencia para gastos administrativos y mano de obra, y, debido a los retrasos, el pago adicional a los interventores ($7.097 millones). El fallo de primera instancia lo emitió Caroline Urrego, contralora de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, quien determinó que el exalcalde Samuel Moreno, ocho exfuncionarios del IDU y 17 sociedades tendrán que responder solidariamente por uno de los mayores detrimentos en la historia de la ciudad.

De quedar en firme el fallo, los que tendrán que pagar la cuota más alta son Liliana Pardo, exdirectora del IDU; Inocencio Meléndez, exdirector jurídico; Carmen Lopera, exdirectora técnica de construcciones, y Aldemar Cortés, exsubdirector técnico de obras. Cada uno le corresponde pagar $11.305 millones. Después está el exalcalde Samuel Moreno, con un monto de $11.088 millones. Los primos Nule (Guido, Manuel y Miguel) tendrán que pagar cada uno $462 millones.

El grupo Conalvías, a la que le cedieron el contrato y fue condenado a pagar $11.088 millones, cuestionó el fallo y anunció que lo apelará. Como respaldo presentará el pronunciamiento que en 2013 hizo un Tribunal de Arbitramiento, que calificó la cesión de la obra como “la alternativa más viable para la ciudad”.

Según la Contraloría, al menos el 88 % de los recursos por recuperar están asegurados a través de los embargos que se realizaron durante el proceso y que alcanzan $154.348 millones. Estos dineros están garantizados a través de las compañías de seguros ($31.307 millones), dinero en efectivo en cuentas bancarias ($1.790 millones), inmuebles ($880 millones) y prenda sobre propiedades de los sancionados ($120.371 millones).

Frente al fallo proceden los recursos de apelación, que serán resueltos por la vicecontralora Gloria Amparo Alonso, designada como contralora ad hoc. De confirmarlo, cada uno de los responsables tendrá que pagar con su patrimonio parte de lo que perdió la ciudad.

Seis años de proceso, la suerte de 35 investigados y un desfalco a la ciudad por $174.966 millones están condensados en el voluminoso fallo de 2.645 páginas que emitió la Contraloría General y en el cual corroboró las irregularidades que se cometieron en la construcción de la troncal de Transmilenio por la calle 26. (Lea: Protagonistas del carrusel de la contratación en Bogotá, a pagar $175.000 millones)

En el proceso, el ente de control estableció seis situaciones en las que hubo sobrecostos y sus responsables. El mayor detrimento fue a través de una maniobra: pese a que la obra completa costaba $315.580 millones, la administración autorizó excluir trabajos por $55.450 millones (que igual pagaron) y después hizo tres adiciones al contrato por $107.505 millones. Todas sin justificación.

A esto se sumaron sobrecostos en la actualización de diseños para construir el puente vehicular de la calle 26 sobre la avenida Boyacá ($1.087 millones), el pago de factores de contingencia para gastos administrativos y mano de obra, y, debido a los retrasos, el pago adicional a los interventores ($7.097 millones). El fallo de primera instancia lo emitió Caroline Urrego, contralora de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, quien determinó que el exalcalde Samuel Moreno, ocho exfuncionarios del IDU y 17 sociedades tendrán que responder solidariamente por uno de los mayores detrimentos en la historia de la ciudad.

De quedar en firme el fallo, los que tendrán que pagar la cuota más alta son Liliana Pardo, exdirectora del IDU; Inocencio Meléndez, exdirector jurídico; Carmen Lopera, exdirectora técnica de construcciones, y Aldemar Cortés, exsubdirector técnico de obras. Cada uno le corresponde pagar $11.305 millones. Después está el exalcalde Samuel Moreno, con un monto de $11.088 millones. Los primos Nule (Guido, Manuel y Miguel) tendrán que pagar cada uno $462 millones.

El grupo Conalvías, a la que le cedieron el contrato y fue condenado a pagar $11.088 millones, cuestionó el fallo y anunció que lo apelará. Como respaldo presentará el pronunciamiento que en 2013 hizo un Tribunal de Arbitramiento, que calificó la cesión de la obra como “la alternativa más viable para la ciudad”.

Según la Contraloría, al menos el 88 % de los recursos por recuperar están asegurados a través de los embargos que se realizaron durante el proceso y que alcanzan $154.348 millones. Estos dineros están garantizados a través de las compañías de seguros ($31.307 millones), dinero en efectivo en cuentas bancarias ($1.790 millones), inmuebles ($880 millones) y prenda sobre propiedades de los sancionados ($120.371 millones).

Frente al fallo proceden los recursos de apelación, que serán resueltos por la vicecontralora Gloria Amparo Alonso, designada como contralora ad hoc. De confirmarlo, cada uno de los responsables tendrá que pagar con su patrimonio parte de lo que perdió la ciudad.