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Decenas de indígenas de la etnia embera provenientes del Chocó, una de las regiones más pobres del país, llevan días instalados en la Terminal de Transportes de Bogotá para reclamar al Gobierno ayudas como víctimas del conflicto armado que afecta a su región.
El grupo, formado por 37 personas, 23 de ellas menores de edad y dos embarazadas, así como algunas otras con problemas de salud, llegó el pasado lunes a la capital tras cuatro días de viaje por carretera desde el selvático departamento del Chocó, explicó el líder de la comunidad, Alfonso Manuca.
Según Manuca, su comunidad ha caído en el olvido del Gobierno, que no respetó, aseguró, un acuerdo firmado en 2008 para darles la categoría de desplazados del conflicto armado.
"El Estado no nos está ayudando, no se está preocupando por los embera. Nosotros no peleamos contra otras comunidades (por las ayudas), nosotros estamos peleando para lograr esos recursos. Pedimos que se escuche nuestra voz", dijo el líder embera.
El acuerdo, detalló Manuca, establecía una reparación y el mejoramiento de las viviendas de la comunidad, así como de acueductos, escuelas e infraestructuras de movilidad.
Funcionarios de una Unidad de Atención y Orientación a Población Desplazada de la Alcaldía de Bogotá, situada en la Terminal, brindaron a los indígenas asistencia humanitaria inmediata, según señaló el director de Derechos Humanos y Apoyo a la Justicia de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía, Franz Henry Barbosa.
Varios de los nativos presentan problemas de salud, en concreto dos menores con parásitos estomacales y una mujer en estado de gestación avanzado con un cuadro de descompensación.
Según Barbosa, la Alcaldía acordó en una reunión con representantes del Ministerio del Interior, poner a disposición de los indígenas un medio de transporte para regresar a su localidad.
Pero también apuntó que en dicha reunión se observó que esta comunidad indígena no forma parte del acuerdo al que hacen referencia, y que, pese a que en algunos casos son víctimas del conflicto, no gozan del estatus de desplazados que reclaman.
"Se advierten unas circunstancias en que existe la presencia de actores armados en esa zona, y muchas de esas confrontaciones han afectado a algunos de los indígenas, sobre todo lesiones y afectaciones por artefactos. (...) Es por eso que ellos creen que se les debe vincular al acuerdo", señaló Barbosa.
En todo caso, recordó que el próximo 20 de noviembre tendrá lugar en el departamento de Risaralda un encuentro entre el Gobierno y comunidades indígenas en situación similar, para estudiar sus casos.
El año pasado, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) denunció que unos 600 indígenas de la etnia embera fueron desplazados de las riberas del río Purricha (Chocó) a causa del conflicto armado entre guerrilla, paramilitares y Ejército.
Precisamente, a finales del pasado agosto, la única concejala indígena de Bogotá, la arhuaca Ati Quigua, pidió una acción urgente en favor del más de medio millar de aborígenes emberas que viven en condición de desplazados en la capital colombiana.
Dicha etnia es solo una parte del problema de desplazamiento que azota a Colombia, y que, según advirtió hace unos meses el magistrado de la Corte Constitucional Luis Ernesto Vargas, pasó de un millón y medio a más de cuatro millones desde 2004, lo que supone un aumento del 300 por ciento en seis años.
En un mismo sentido, la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) en Colombia señaló que entre 2002 y 2009 hubo en Colombia 2,4 millones de desplazados, lo que equivale a casi la mitad de los 4,9 millones de desplazados que ha dejado la guerra interna en los últimos 25 años.
Por Agencia EFE
