Cuestionan compra de buses de SITP por $22 mil millones en Secretaría de Movilidad

La Contraloría de Bogotá advirtió una presunta irregularidad en la Secretaría de Movilidad relacionada con el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP). El ente de control señala que esa entidad distrital destinó cerca de 22 mil millones de pesos en la compra de buses provenientes de un fondo, al que según el organismo, se le cambió la destinación específica original.

Se trata del Fondo para el Mejoramiento de la Calidad del Servicio. La Contraloría determinó, luego de realizar una auditoría en mayo de este año, que durante la vigencia 2012, con los recursos de dicho fondo se adquirieron vehículos de Transporte Público Colectivo, vinculados al SITP y que esa compra no se podía efectuar de tal forma.

“Con la decisión de adquirir, durante la vigencia 2012, los vehículos vinculados al Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), con cargo al Fondo para el Mejoramiento de la Calidad del Servicio “Factor de Calidad” se contraviene lo expresamente establecido en el artículo 25 de Decreto 115 de 2003, que consagra la destinación específica a la cual se encuentra afecto el fondo”, dice el informe de auditoría.

Según el artículo 25 de Decreto 115 de 2003, los recursos necesarios para la compra de los vehículos que se retirarán de circulación para la acreditación del índice de reducción de sobreoferta se originarán en el factor de calidad del servicio en materia operativa que se incorporará a la tarifa, según el valor que determine la Secretaría de Tránsito y Transporte.

“Este factor, que tendrá una destinación específica, será recaudado directamente por las empresas de transporte bajo esquemas operativos que centralicen en la empresa el recaudo de la tarifa por la utilización de los servicios de transporte. Con los recursos recaudados por concepto de factor de calidad del servicio para la compra de vehículos se constituirá un patrimonio autónomo a través del cual la fiduciaria los administrará y utilizará como fuente de pago”, agrega dicho decreto.

Puntualiza la Contraloría que con esta decisión se ignora el objetivo trazado con la creación del Fondo para el Mejoramiento de la Calidad del Servicio, consistente en la compra de vehículos de transporte público colectivo para su total desintegración física, con el propósito de que se disminuyera la sobreoferta existente; actividad que es diferente y va en contraposición a la compra de vehículos vinculados al SITP para luego hacerse acreedor de las rentas.

“Modificaciones anteriores que se realizan por parte del Distrito Capital, a través de la Secretaría de Movilidad, sin realizar los estudios precisos, concisos y detallados de tal manera que permitan tomar las decisiones adecuadas. De la misma manera se evidencia improvisación en las decisiones adoptadas en la medida que no obedecen a una debida planeación dado que su materialización se genera a partir de las modificaciones al reglamento de manejo del patrimonio autónomo, determinando igualmente que no se ha tenido en cuenta con la debida oportunidad la implementación del procedimiento para la recuperación de las rentas que origina la adquisición de estos vehículos”, agrega el organismo de control.

Para la Contraloría, es preciso explicar qué el daño patrimonial al Estado representa el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida o deterioro de los bienes o recursos públicos producidos por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna.

La Contraloría de Bogotá advirtió una presunta irregularidad en la Secretaría de Movilidad relacionada con el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP). El ente de control señala que esa entidad distrital destinó cerca de 22 mil millones de pesos en la compra de buses provenientes de un fondo, al que según el organismo, se le cambió la destinación específica original.

Se trata del Fondo para el Mejoramiento de la Calidad del Servicio. La Contraloría determinó, luego de realizar una auditoría en mayo de este año, que durante la vigencia 2012, con los recursos de dicho fondo se adquirieron vehículos de Transporte Público Colectivo, vinculados al SITP y que esa compra no se podía efectuar de tal forma.

“Con la decisión de adquirir, durante la vigencia 2012, los vehículos vinculados al Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), con cargo al Fondo para el Mejoramiento de la Calidad del Servicio “Factor de Calidad” se contraviene lo expresamente establecido en el artículo 25 de Decreto 115 de 2003, que consagra la destinación específica a la cual se encuentra afecto el fondo”, dice el informe de auditoría.

Según el artículo 25 de Decreto 115 de 2003, los recursos necesarios para la compra de los vehículos que se retirarán de circulación para la acreditación del índice de reducción de sobreoferta se originarán en el factor de calidad del servicio en materia operativa que se incorporará a la tarifa, según el valor que determine la Secretaría de Tránsito y Transporte.

“Este factor, que tendrá una destinación específica, será recaudado directamente por las empresas de transporte bajo esquemas operativos que centralicen en la empresa el recaudo de la tarifa por la utilización de los servicios de transporte. Con los recursos recaudados por concepto de factor de calidad del servicio para la compra de vehículos se constituirá un patrimonio autónomo a través del cual la fiduciaria los administrará y utilizará como fuente de pago”, agrega dicho decreto.

Puntualiza la Contraloría que con esta decisión se ignora el objetivo trazado con la creación del Fondo para el Mejoramiento de la Calidad del Servicio, consistente en la compra de vehículos de transporte público colectivo para su total desintegración física, con el propósito de que se disminuyera la sobreoferta existente; actividad que es diferente y va en contraposición a la compra de vehículos vinculados al SITP para luego hacerse acreedor de las rentas.

“Modificaciones anteriores que se realizan por parte del Distrito Capital, a través de la Secretaría de Movilidad, sin realizar los estudios precisos, concisos y detallados de tal manera que permitan tomar las decisiones adecuadas. De la misma manera se evidencia improvisación en las decisiones adoptadas en la medida que no obedecen a una debida planeación dado que su materialización se genera a partir de las modificaciones al reglamento de manejo del patrimonio autónomo, determinando igualmente que no se ha tenido en cuenta con la debida oportunidad la implementación del procedimiento para la recuperación de las rentas que origina la adquisición de estos vehículos”, agrega el organismo de control.

Para la Contraloría, es preciso explicar qué el daño patrimonial al Estado representa el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida o deterioro de los bienes o recursos públicos producidos por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna.