De la venta de Isagén a la de ETB

Si algo enseñó la venta de Isagén, llevada a cabo hace tan solo cinco meses, fue lo complejo que puede ser en Colombia la venta de una empresa en su mayoría pública. Al Gobierno Nacional le tomó casi una década y tuvo que enfrentar varias demandas que llevaron a suspender el proceso en tres ocasiones en los últimos dos años. Por esto, aunque es probable que el Concejo apruebe hoy, en último debate, la autorización al alcalde Enrique Peñalosa para vender la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), la eventual privatización podría ser igual de espinosa. ¿Cuáles son los pasos?

El primero, que está por concretarse, es obtener la bendición del Concejo para llevar a cabo la enajenación del 88 % de participación que tiene la ciudad en la empresa. En este caso, el permiso se dará como consecuencia de la aprobación del Plan de Desarrollo del alcalde y no se trata de un proyecto ni de una discusión aparte, como fue lo de Isagén.

Empaquetar la propuesta con otras iniciativas que nada tienen que ver ha sido foco de discordia en el Concejo, al punto que hay quienes temen un posible vicio de procedimiento. Como se recordará, Rubén Torrado, concejal del Partido de la U y presidente de la Comisión de Hacienda, le envió una carta a Peñalosa recomendándole que presentara el proyecto a esa comisión y no en medio del Plan.

Pero el trámite continuó. Suponiendo que el Concejo le dé luz verde al mandatario, el paso siguiente sería contratar una banca de inversión para que valore la compañía y, de esta manera, fije el precio mínimo al que serían subastados los 3.124 millones 487.003 acciones que le pertenecen al Distrito. En el caso de Isagén, la encargada del avalúo fue Invelink, firma con alta reputación en el sector. Por esto algunas fuentes cercanas a El Espectador consideran que también podría ser la que tome el caso de la ETB.

José Roberto Acosta, integrante de la Red de Justicia Tributaria, explica: “Si bien existen varios métodos para valorar la empresa, que dependen de una serie de supuestos, el avalúo no debería variar en gran medida. Sin embargo, se requiere una firma seria y un gran equipo para llevar a cabo esta tarea, por lo que no se puede confiar en el avalúo de $2,2 billones que hizo el presidente de la ETB, Jorge Castellanos, tan solo basándose en el precio actual de la acción. Por esto el Distrito debió haber contratado la banca de inversión antes de haber propuesto la enajenación de su participación, pues al no hacerlo, promueve la especulación”.

Una vez se fije el precio base de venta, lo que sigue es cumplir con los requisitos de la Ley 226 de 1995 sobre la privatización de participación accionaria estatal. La norma, además de que obliga a la Superintendencia Financiera a ejercer una fuerte vigilancia, establece que las acciones sean primero ofrecidas al sector solidario. De esta manera, los más de 3 mil millones de acciones podrán ser compradas en la primera fase por los trabajadores de la empresa, fondos de pensiones e incluso sindicatos con personería jurídica. Lo que quede es lo que se subasta a los ofertantes para quedarse con la ETB.

En el caso de Isagén, muy pocas acciones las compró el sector solidario y casi toda la participación que tenía la Nación pasó a la etapa de subasta. La privatización de Invercolsa, en 1997, fue uno de los pocos casos en los que se adquirió un porcentaje importante de acciones en la etapa inicial: 20 %.

Después de darle la oportunidad al sector solidario, el Distrito podrá vender las acciones que le queden en la ETB. Debe publicitar la subasta y analizar los aspirantes que lleguen, mientras las superintendencias competentes deberán determinar si el negocio afecta la concentración del mercado. Por esto, tal como pasó con EPM en el caso de Isagén, es posible que algunos ofertantes sean descartados porque, de quedarse con la compañía, tomarían una posición dominante dentro del sector.

Esto quiere decir que, debido a su importante participación en el mercado de telecomunicaciones, dos operadores que han mostrado interés en la ETB podrían quedarse por fuera de la subasta: Claro, que tiene cerca del 50,5 %, y Movistar, que abarca el 22,5 %. Por esto Camilo Silva, fundador y analista de Valora Inversiones, afirma que, “teniendo en cuenta el nivel del dólar y la concentración del mercado de operadores colombiano, es muy probable que la venta de las acciones del Distrito esté dirigida a una compañía internacional que quiera entrar al país. Este fue el caso de la privatización de Isagén”. Ya hay, de hecho, interesados, como la firma Azteca, de México.

Un aspecto para tener en cuenta es que “no se sabe cuánto tiempo le tomará al Distrito cumplir con todos los pasos para vender; en el caso de Isagén se requirieron tres períodos presidenciales”, recuerda Silva. Por esto existe un riesgo importante de que la enajenación de la ETB no se lleve a cabo durante la administración Peñalosa, aunque el propio alcalde ha planteado que sería hacia el final de su gobierno.

Además, tal y como pasó con la venta de la generadora de energía estatal, los opositores al negocio pueden interponer en cualquier momento demandas para suspender la subasta. Los argumentos para dilatar el proceso pueden ir desde irresponsabilidad fiscal por deshacerse de un activo sin tener un reemplazo claro, más cuando le generó a la ciudad $60.000 millones en dividendos durante el 2015, hasta que la aprobación en el Concejo no se hizo por las vías correctas.