De Metrovivienda a la Empresa de Renovación Urbana

Gustavo Petro confía ciegamente en Nicolás Corso. Así lo demostró el pasado martes, cuando la Contraloría pidió suspenderlo preventivamente de su cargo como gerente de Metrovivienda. El mandatario, a través de redes sociales, resaltó los logros de su funcionario e, incluso, lo mostró como víctima de una persecución del ente de control. Pero más allá de la reacción mediática, lo que sorprendió fue su acción en el escritorio: más tardó en llegar el oficio de la Contraloría que él en reubicar a Corso en la administración, incluso antes de definir su reemplazo en Metrovivienda.

El mismo día en que se conoció la orden, el Distrito aprovechó los vacíos de estas medidas para mantener a Corso en la Alcaldía. El 10 de junio, el gerente de Metrovivienda renunció a su cargo, la Secretaría General aceptó su dimisión y el alcalde Petro firmó un breve decreto con el que lo nombró en propiedad como gerente de la Empresa de Renovación Urbana (ERU), donde ejercía como encargado desde noviembre.

Es decir, el mandatario lo puso fuera del alcance de la orden de la Contraloría y demostró una vez más, que siempre existen alternativas para dejar sin efecto las medidas de los entes de control. Trasladarlo fue sencillo: los cuestionamientos son por su función como gerente de Metrovivienda y no de la ERU.
Y aunque la maniobra del Distrito es legal, según lo expresó el propio contralor Diego Ardila, ya que contra Corso no existen sanciones en firme y la solicitud de su suspensión es apenas una medida preventiva, vale resaltar que la administración valoró más al funcionario que las razones del ente de control para pedir su suspensión: evitar que el eventual detrimento al erario (por el cual lo investigan) fuera más grande y que el exgerente entorpeciera las investigaciones fiscales.

La solicitud de suspensión surgió a raíz de las nueve investigaciones que se adelantan en contra de Corso por posible detrimento patrimonial en Metrovivienda, que sumarían alrededor de $50.000 millones. Además, por las supuestas trabas que él les ha puesto a las investigaciones. Ante esto, el funcionario se ha defendido diciendo que la Contraloría le atribuye un proceso, que suma $47.000 millones, que ocurrió cuando él no era gerente, y que nunca puso trabas a la investigación.
Ante la jugada de la Alcaldía, el contralor Ardila se limitó a decir que no lo sorprende, ya que “la administración nos tiene acostumbrados a que no escucha a los organismos de control. Si hubiera escuchado a la Personería, la Veeduría, la Contraloría y a la Fiscalía, seguro muchos proyectos irían por mejor camino”.

Y frente a los alegatos de Corso contra las investigaciones de la Contraloría, Ardila señaló que el funcionario ya está notificado, que espera que ejerza su derecho a la defensa y que no responderá a sus opiniones. “Todo está documentado y están las actas de que obstaculizó la investigación. Acá no puede seguir ocurriendo que las entidades públicas no atiendan a los organismos de control y no pase nada. Los organismos de control merecen respeto y no vamos a permitir que obstaculicen el proceso fiscal. Lo que es público no puede estar vedado, mucho menos para los organismos de control. Si así atiende a nuestros funcionarios, qué ocurrirá con el ciudadano de a pie”, concluyó.

Nicolás Corso es abogado, especialista en administración y desarrollo regional, y máster en gestión y valoración urbana. Ha trabajado en las últimas tres administraciones de Bogotá (Luis Eduardo Garzón, Samuel Moreno y Gustavo Petro), especialmente en las secretarías de Hábitat y Planeación. Su último cargo fue en Metrovivienda.

Por ahora, como gerente titular de la ERU, podrá seguir con su proyecto de concretar la compra del Hospital San Juan de Dios, que inició cuando asumió como encargado en noviembre pasado. Además, podrá seguir ejecutando contratos de Metrovivienda, gracias al convenio que impulsó entre ambas entidades, para que la una ejecute las obras de urbanismo de la otra.