El 13 de marzo de 1988 se realizó en Colombia la primera elección popular de alcaldes. 1.009 mandatarios fueron elegidos en todo el país en unos comicios que en el momento representaban un avance democrático importante que, a su vez, planteaba grandes cambios en la política regional pues proyectaba un proceso de descentralización y renovación de las instituciones estatales.
La reforma de elecciones había sido aprobada dos años antes durante el gobierno de Belisario Betancur – cuando Humberto de la Calle Lombana ocupaba el cargo de Registrador Nacional- a través del Acto Legislativo 01 del 9 de enero de 1986 que ordenaba que desde el Presidente de la República, pasando por senadores, representantes a la Cámara, Diputados, Consejeros Intendenciales y Comisariales, Alcaldes y hasta concejales Municipales, debían ser elegidos directamente por los ciudadanos. Antes de que existiera la norma los alcaldes locales eran designados por el gobernador del departamento, quien a su vez era escogido por el Presidente de la República.
Posteriormente, con la Constitución de 1991 el periodo de mandato de los alcaldes, que inicialmente había sido contemplado solo para dos años, se extendió a tres y se permitió la elección de gobernadores por voto popular. Once años después, mediante el Acto Legislativo 02 de 2002, los alcaldes pasaron a tener periodos de gobierno de 4 años.
La elección popular de alcaldes implicó la apertura de la democracia y trajo sin dudas grandes beneficios para las regiones que pudieron finalmente descentralizar las decisiones políticas y administrativas y consolidar su autonomía local. Sin embargo, en casos como el de Bogotá el balance hoy, casi 26 años después, es poco alentador. Las alcaldías de la capital colombiana se han caracterizado en los últimos años por su inestabilidad e ineficiencia si tener en cuenta los grandes escándalos de corrupción que sólo han retrasado el desarrollo de la principal ciudad del país.
De los nueve alcaldes que han sido elegidos desde 1988, solo cinco lograron terminar sus mandatos sin mayores sobresaltos, aunque sí con muchas críticas. Es el caso de Andrés Pastrana Arango, primer alcalde elegido por voto popular (periodo 1988-1990), quien durante su mandato construyó la troncal de la Caracas, duramente criticada por la falta de planeación y los problemas de movilidad que ocasionó el sistema de paraderos a lo largo de la avenida. En su administración también se privatizó el negocio de recolección de basuras y se construyó el puente de la calle 92 que conectaba la carrera 30 con la autopista norte y cuyo mal diseño ocasionó accidentes e incluso el derrumbe de su estructura en dos ocasiones.
Juan Martín Caicedo Ferrer ocupó el cargo desde el 1 de junio de 1990 hasta el 25 de marzo de 1992, día en el que fue detenido por peculado por apropiación en más de $1.600 millones de pesos, recursos que hacían parte de auxilios entregados a fundaciones. Sin embargo, en 1996 la Corte Suprema de justicia absolvió a Caicedo Ferrer de todos los cargos y posteriormente fue indemnizado por orden del Consejo de Estado por perjuicios morales y materiales. Con la detención de Caicedo la Alcaldía quedó sin cabeza y fue el entonces presidente de la República, César Gaviria Trujillo, quien tuvo que solucionar la crisis nombrando a la secretaria de Gobierno Sonia Durán de Infante como alcaldesa encargada. Fue la primera mujer en la historia de Colombia en ocupar el cargo, aunque no tuvo tiempo de adelantar mayores proyectos pues solo ocupó el puesto por dos meses.
En 1997, cinco años después de la salida de Caicedo, la alcaldía volvió a quedar vacante, esta vez por cuenta de una aspiración presidencial. Antanas Mockus, quien ocupaba el cargo desde el 1 de enero de 1995, anunció su renuncia en abril de ese año para lanzar su candidatura a las elecciones presidenciales de 1998, aunque finalmente terminó como fórmula vicepresidencial de Noemí Sanín, quien aspiraba a la jefatura de Estado como candidata del partido Sí, Colombia.
Antes de dejar el cargo Mockus tuvo que enviar al entonces presidente Ernesto Samper una terna de la que saldría el nombre de su sucesor: el físico y político Paul Bromberg Zilberstein, quien ejercía como director del Instituto de Cultura y Turismo y permaneció en el cargo por ocho meses.
A la alcaldía de Mockus-Bromberg le siguió la de Enrique Peñalosa (1998), otra de Mockus (2001) y la de Luis Eduardo Garzón (2004), quienes pudieron terminar sus mandatos en el periodo correspondiente, aunque también implementaron programas cuestionados y criticados tanto por sus opositores como por la opinión pública.
En el caso de Mockus, el asunto de su dimisión en el primer mandato fue objeto de fuertes críticas por parte de sus competidores en la segunda oportunidad que se lanzó y hasta derivó en curiosas sanciones autoimpuestas por el propio candidato. Así, por ejemplo, en alguna oportunidad se le ocurrió hacer un ritual indígena en el que miembros de comunidades étnicas del sur del país lo bañaban y hasta castigaban por haber renunciado en la mitad de su primer mandato. La idea causó sorna entre los políticos tradicionales, pero no molestó al electorado, que una vez más escogió como alcalde a Mockus, por ese entonces una de las más prominentes figuras de la políticas del país.
Pero a pesar de los aciertos de algunas administraciones, la debilidad de la institucionalidad local persistía y quedó en evidencia durante la administración del alcalde Samuel Moreno, quien en octubre de 2007 obtuvo un triunfo electoral histórico con casi un millón de votos para un candidato que representaba la izquierda colombiana.
Moreno se posesionó el 1 de enero de 2008 y su gobierno estuvo marcado por todo tipo de escándalos y polémicas. La Procuraduría le dictó pliego de cargos y lo suspendió por fallas en el estudio del Metro de Bogotá; la Comisión ética de su partido, el Polo Democrático Alternativo, lo expulsó públicamente de la colectividad y finalmente, en septiembre de 2011, fue detenido y acusado en el marco del proceso por irregularidades en la contratación pública y corrupción e la construcción de la Fase III de Transmilenio, lo que se conoció como el escándalo del carrusel de la contratación.
En mayo de 2011, tras la suspensión ordenada por la Procuraduría contra Moreno, la alcaldía volvió a quedar en la interinidad. Esta vez fue María Fernanda Campo, entonces ministra de Educación, la designada por el presidente Juan Manuel Santos como alcaldesa encargada entre el 3 de mayo y el 8 de junio del mismo año. Un nombramiento que generó críticas por parte del Polo Democrático cuyos integrantes se opusieron a que Campo pudiera inaugurar obras trascendentales para la ciudad como el Portal de Transmilenio en el 20 de Julio.
Además, en el mes que duró su administración la Alcaldía presentó ante el Concejo de Bogotá un proyecto de Acuerdo para la privatización de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, empresa en la que Campo tenía acciones. El impedimento de la alcaldesa en ese tema llevó a que el Ministerio del Interior y de Justicia decretara el nombramiento de un alcalde ad hoc en el proceso de venta de acciones, para el que fue designada la secretaria del Consejo de Ministros, Cristina Plazas.
A María Fernanda Ocampo la sucedió, el 8 de junio de 2011, la dirigente del Polo Democrático Clara López Obregón, escogida también por el presidente Juan Manuel Santos. Para poder asumir el cargo López tuvo que renunciar temporalmente a la presidencia de su partido el Polo Democrático y aunque inicialmente se contemplaba que estuviera en la alcaldía sólo por tres meses, con la ampliación de la suspensión contra Samuel moreno, el periodo de gobierno de López también tuvo que ampliarse hasta enero de 2012, fecha en la que asumió Gustavo Petro Urrego, hoy destituido de su cargo por la Procuraduría.
Rafael Pardo, nombrado esta semana como alcalde encargado de la ciudad se convierte en el quinto funcionario designado para evitar la interinidad en el segundo cargo público más importante del país. Una situación que ejemplifica la debilidad institucional de Bogotá y que muestra por qué, en parte, la capital colombiana sigue rezagada en aspectos importantes que otras ciudades del país han podido solucionar sin mayores demoras.
Por Marcela Osorio Granados
