Decretada la ansiedad

El decreto más polémico de los últimos tiempos en Bogotá llegó el jueves en la tarde al Palacio de Liévano, envuelto en un halo de profundo misterio por los reiterados aplazamientos de su firma. Hubo quienes incluso, desde el Concejo, afirmaron que se había extraviado. Otros, comenzando por Fernando Álvarez, el secretario de Movilidad, aseguraron que el trastorno había obedecido a “retoques de redacción”. En horas de la mañana, Samuel Moreno había dicho que el día anterior había reunido a un grupo de veinte abogados para que lo leyeran y releyeran y respondieran a todas las posibles demandas que podrían presentarse. Sin embargo, el minucioso análisis se alargó. A fin de cuentas, en un país de leyes, incisos y excepciones, “había que blindarse contra posibles demandas”, como diría el Alcalde poco antes del mediodía.

Instantes más tarde Moreno se fue a almorzar con algunos de sus asesores y colaboradores más directos, nervioso por el documento, que a esas horas no aparecía. Cerca de allí, en pleno centro de Bogotá, algún incendiario memorioso recordaría que por una minúscula falla formal, al entonces presidente Ernesto Samper el Consejo Nacional Electoral tuvo que retirarle cuatro de los cinco cargos con los que lo acusaba en 1996: falsedad en documento público, fraude procesal, estafa y falso testimonio. El quinto y último, enriquecimiento ilícito, fue poco menos que imposible de comprobar. Samper salió indemne de las acusaciones, pues el pliego de cargos en su contra, basado en los topes electorales, era nulo según providencia del Consejo de Estado, ya que la ley de los topes fue anunciada, pero no publicada sino mucho tiempo después de que hubieran terminado las campañas electorales.

Cinco años antes, Jacobo Pérez Escobar, secretario de la Asamblea Nacional Constituyente promovida por César Gaviria, denunciaba que la Carta Magna firmada el 5 de julio por Álvaro Gómez Hurtado, Horacio Serpa Uribe y Antonio Navarro Wolff en su calidad de presidentes, era nula. “Lo que se firmó es un documento abstracto, páginas en blanco. Por lo tanto, nos regimos aún por la Constitución de 1886”, dijo entonces Pérez, quien solucionó el impasse en pocas horas, no sin antes recordar que de todas maneras, la Constitución había nacido viciada.

El decreto más polémico de los últimos tiempos en Bogotá llegó el jueves en la tarde al Palacio de Liévano, envuelto en un halo de profundo misterio por los reiterados aplazamientos de su firma. Hubo quienes incluso, desde el Concejo, afirmaron que se había extraviado. Otros, comenzando por Fernando Álvarez, el secretario de Movilidad, aseguraron que el trastorno había obedecido a “retoques de redacción”. En horas de la mañana, Samuel Moreno había dicho que el día anterior había reunido a un grupo de veinte abogados para que lo leyeran y releyeran y respondieran a todas las posibles demandas que podrían presentarse. Sin embargo, el minucioso análisis se alargó. A fin de cuentas, en un país de leyes, incisos y excepciones, “había que blindarse contra posibles demandas”, como diría el Alcalde poco antes del mediodía.

Instantes más tarde Moreno se fue a almorzar con algunos de sus asesores y colaboradores más directos, nervioso por el documento, que a esas horas no aparecía. Cerca de allí, en pleno centro de Bogotá, algún incendiario memorioso recordaría que por una minúscula falla formal, al entonces presidente Ernesto Samper el Consejo Nacional Electoral tuvo que retirarle cuatro de los cinco cargos con los que lo acusaba en 1996: falsedad en documento público, fraude procesal, estafa y falso testimonio. El quinto y último, enriquecimiento ilícito, fue poco menos que imposible de comprobar. Samper salió indemne de las acusaciones, pues el pliego de cargos en su contra, basado en los topes electorales, era nulo según providencia del Consejo de Estado, ya que la ley de los topes fue anunciada, pero no publicada sino mucho tiempo después de que hubieran terminado las campañas electorales.

Cinco años antes, Jacobo Pérez Escobar, secretario de la Asamblea Nacional Constituyente promovida por César Gaviria, denunciaba que la Carta Magna firmada el 5 de julio por Álvaro Gómez Hurtado, Horacio Serpa Uribe y Antonio Navarro Wolff en su calidad de presidentes, era nula. “Lo que se firmó es un documento abstracto, páginas en blanco. Por lo tanto, nos regimos aún por la Constitución de 1886”, dijo entonces Pérez, quien solucionó el impasse en pocas horas, no sin antes recordar que de todas maneras, la Constitución había nacido viciada.