Del Bronx para Chocó: proponen trasladar a jóvenes en proceso de rehabilitación a fincas

Un profundo malestar y descontento impera en el departamento del Chocó por cuenta de una propuesta de la Administración Distrital que, de cara a atender a jóvenes que frecuentaban la zona del Bronx y otros sectores deprimidos de Bogotá, pretende enviarlos a fincas en Chocó y Vichada para que hagan parte de procesos de rehabilitación.

La estrategia, según el Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idipron), comprende el traslado de niños y jóvenes –se ha hablado entre 300 y 600, en grupos de 100 muchachos– a casas campestres para que, en un proceso voluntario que dura entre cuatro y seis meses, se alejen de la ciudad y ello facilite su proceso de formación al margen de entornos de estupefacientes.

No obstante, la propuesta no fue bien recibida en el Chocó y en particular, en el municipio de Acandí, a donde eventualmente serían trasladados los jóvenes. Visiblemente disgustada, la alcaldesa de esa población, Lilia Córdoba Borja, advirtió que no permitirá la llegada de habitantes de calle de Bogotá y elevó un llamado a la Administración de Enrique Peñalosa para que idee otras formas de atención que no terminen afectando a las comunidades.

“No estoy de acuerdo con que a los habitantes del Bronx los traigan a mi municipio. Le solicito de manera respetuosa al alcalde Peñalosa que reverse sus intenciones de trasladarnos esa problemática tan grave y de peligrosas repercusiones para nuestro territorio”, sostuvo la funcionaria en declaraciones al medio regional El AfroBogotano, precisando que en ningún momento ha recibido alguna notificación o aviso por parte del Distrito.

El caso escaló hasta el gobierno departamental y respaldando a la alcaldesa, el gobernador del Chocó, Jhoany Palacios, expresó que una eventual llegada de habitantes de calle repercutiría negativamente en la economía y el bienestar de la región, impactando en sectores como el turismo.

“Esto va a afectarnos mucho. Desde ya digo que no estoy de acuerdo con que habitantes de calle vengan a nuestro municipio. Acandí es una población turística donde el impacto sería muy negativo (…) tenemos muchas dificultades como para asumir las de otra ciudades”, manifestó el gobernante.

Pese a la controversia, el Idipron se defiende y sostiene que se trata de una estrategia que, con anterioridad, ya ha dado buenos resultados. Según el Padre Wilfredo Grajales, director general de la entidad, se trata de una medida que se implementó desde finales de la década del 70 de la mano del padre Javier De Nicoló y que en este caso, contaría con el acompañamiento de la ‘Fundación servicios juveniles’.

“Para nuestros muchachos, que ya no son habitantes de calle sino jóvenes en proceso de recuperación, buscamos revivir una de las estrategias más exitosas del padre Javier De Nicoló, la cual muchos egresados manifiestan que fue fundamental para salir adelante”, argumentó Grajales.

El funcionario manifestó además que las instalaciones donde habitarían los jóvenes se adecuarían específicamente para ellos, sin contacto con las comunidades cercanas y privada. Se mantendría también el acompañamiento permanente por un equipo experto en temas pedagógicos de reeducación, psicosocial y de salud.

“Hasta el momento, el desplazamiento de los jóvenes a estas fincas no pasa del deseo y voluntad de hacer bien. De lograr concretarlo, aclaramos que quienes irían son muchachos en recuperación, no habitantes de calle, y que iniciaron proceso pedagógico de formación con el Idipron”, agregó el padre Wilfredo Grajales, quien señaló que para el proceso de rehabilitación no se requerirían recursos del municipio o de las comunidades cercanas para su sostenibilidad y tampoco se afectaría a los turistas ni al ecosistema de la región.

Bogotá, al igual que todas las ciudades, enfrenta el reto de la atención de los habitantes de calle. En el mundo parece no existir una estrategia eficiente. Muchos sugieren acciones con un equilibrio entre lo policial y la atención social. Sin embargo, nadie ha logrado una buena combinación.

Ese desequilibrio se evidenció en la intervención que realizó la administración en el sector de El Bronx. Aunque era claro que la toma era necesaria, ya que se había convertido en el principal imperio del crimen de la capital, la estrategia de asistencia a esta población no ha dado los resultados que se esperaban. 

Lo que se ve hoy en la ciudad otra cosa. Por un lado, la acción policial no logró la captura de grandes capos y lo que generó fue un desplazamiento de habitantes de calle por la ciudad, incluso a otros municipios. A donde llegan los rechazan, la gente protesta y exigen al Distrito acciones contundentes. La respuesta: más acciones policiales, nuevamente el desplazamiento y todo vuelve a empezar. A esto se suman los rumores de supuestos escuadrones de la muerte y la aparición de panfletos amenazantes. 

Un profundo malestar y descontento impera en el departamento del Chocó por cuenta de una propuesta de la Administración Distrital que, de cara a atender a jóvenes que frecuentaban la zona del Bronx y otros sectores deprimidos de Bogotá, pretende enviarlos a fincas en Chocó y Vichada para que hagan parte de procesos de rehabilitación.

La estrategia, según el Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idipron), comprende el traslado de niños y jóvenes –se ha hablado entre 300 y 600, en grupos de 100 muchachos– a casas campestres para que, en un proceso voluntario que dura entre cuatro y seis meses, se alejen de la ciudad y ello facilite su proceso de formación al margen de entornos de estupefacientes.

No obstante, la propuesta no fue bien recibida en el Chocó y en particular, en el municipio de Acandí, a donde eventualmente serían trasladados los jóvenes. Visiblemente disgustada, la alcaldesa de esa población, Lilia Córdoba Borja, advirtió que no permitirá la llegada de habitantes de calle de Bogotá y elevó un llamado a la Administración de Enrique Peñalosa para que idee otras formas de atención que no terminen afectando a las comunidades.

“No estoy de acuerdo con que a los habitantes del Bronx los traigan a mi municipio. Le solicito de manera respetuosa al alcalde Peñalosa que reverse sus intenciones de trasladarnos esa problemática tan grave y de peligrosas repercusiones para nuestro territorio”, sostuvo la funcionaria en declaraciones al medio regional El AfroBogotano, precisando que en ningún momento ha recibido alguna notificación o aviso por parte del Distrito.

El caso escaló hasta el gobierno departamental y respaldando a la alcaldesa, el gobernador del Chocó, Jhoany Palacios, expresó que una eventual llegada de habitantes de calle repercutiría negativamente en la economía y el bienestar de la región, impactando en sectores como el turismo.

“Esto va a afectarnos mucho. Desde ya digo que no estoy de acuerdo con que habitantes de calle vengan a nuestro municipio. Acandí es una población turística donde el impacto sería muy negativo (…) tenemos muchas dificultades como para asumir las de otra ciudades”, manifestó el gobernante.

Pese a la controversia, el Idipron se defiende y sostiene que se trata de una estrategia que, con anterioridad, ya ha dado buenos resultados. Según el Padre Wilfredo Grajales, director general de la entidad, se trata de una medida que se implementó desde finales de la década del 70 de la mano del padre Javier De Nicoló y que en este caso, contaría con el acompañamiento de la ‘Fundación servicios juveniles’.

“Para nuestros muchachos, que ya no son habitantes de calle sino jóvenes en proceso de recuperación, buscamos revivir una de las estrategias más exitosas del padre Javier De Nicoló, la cual muchos egresados manifiestan que fue fundamental para salir adelante”, argumentó Grajales.

El funcionario manifestó además que las instalaciones donde habitarían los jóvenes se adecuarían específicamente para ellos, sin contacto con las comunidades cercanas y privada. Se mantendría también el acompañamiento permanente por un equipo experto en temas pedagógicos de reeducación, psicosocial y de salud.

“Hasta el momento, el desplazamiento de los jóvenes a estas fincas no pasa del deseo y voluntad de hacer bien. De lograr concretarlo, aclaramos que quienes irían son muchachos en recuperación, no habitantes de calle, y que iniciaron proceso pedagógico de formación con el Idipron”, agregó el padre Wilfredo Grajales, quien señaló que para el proceso de rehabilitación no se requerirían recursos del municipio o de las comunidades cercanas para su sostenibilidad y tampoco se afectaría a los turistas ni al ecosistema de la región.

Bogotá, al igual que todas las ciudades, enfrenta el reto de la atención de los habitantes de calle. En el mundo parece no existir una estrategia eficiente. Muchos sugieren acciones con un equilibrio entre lo policial y la atención social. Sin embargo, nadie ha logrado una buena combinación.

Ese desequilibrio se evidenció en la intervención que realizó la administración en el sector de El Bronx. Aunque era claro que la toma era necesaria, ya que se había convertido en el principal imperio del crimen de la capital, la estrategia de asistencia a esta población no ha dado los resultados que se esperaban. 

Lo que se ve hoy en la ciudad otra cosa. Por un lado, la acción policial no logró la captura de grandes capos y lo que generó fue un desplazamiento de habitantes de calle por la ciudad, incluso a otros municipios. A donde llegan los rechazan, la gente protesta y exigen al Distrito acciones contundentes. La respuesta: más acciones policiales, nuevamente el desplazamiento y todo vuelve a empezar. A esto se suman los rumores de supuestos escuadrones de la muerte y la aparición de panfletos amenazantes.