Del campo al plato: el desafío de Bogotá para garantizar alimentos a precio justo

En medio de las crecientes preocupaciones por la desigualdad en la seguridad alimentaria, el cambio climático y la inflación de precios de los alimentos, Bogotá le apuesta a tener un Sistema de Abastecimiento Regional Agroalimentario (SARA), que se perfila como una solución innovadora, para garantizar que los alimentos lleguen de manera más eficiente, justa y sostenible a la capital y la región metropolitana.

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Qué alimentos se producen, dónde, cómo se transportan y qué infraestructura se requiere para agregar valor; quién los consume, qué consume y cómo se comercializa, así el cómo reducir pérdidas y costos son preguntas que seguramente muchos no nos planteamos a la hora de comprar nuestros alimentos.

Sin embargo, en una ciudad donde el 33 % de los hogares bogotanos solo puede garantizar entre una y dos comidas al día y el 39,2% no puede comer alimentos sanos y nutritivos, es urgente repensar un sistema alimentario más igualitario, eficiente, sostenible y conectado.

¿Cómo lo hará Bogotá?

A diferencia del sistema tradicional, en el que predominan intermediarios y cadenas logísticas extensas y poco eficientes, la Región Metropolitana, la Secretaría de Desarrollo Económico de Bogotá y la RAP-E Región Central firmaron un convenio de cooperación internacional con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) el 17 de diciembre de 2024, para diseñar por 18 meses, el Sistema de Abastecimiento Regional Agroalimentario (SARA).

Su objetivo es mejorar la eficiencia en el abastecimiento y distribución de los alimentos, incluyendo el fortalecimiento de la producción y comercialización, así como la reducción de las pérdidas y desperdicios en la cadena productiva y centros de consumo.

Por ello, el proyecto busca, por ejemplo, alianzas público-comunitarias y una infraestructura regional de abastecimiento, que conecte directamente a los pequeños y medianos productores rurales con los centros urbanos. Así como priorizar la agricultura familiar y reducir pérdidas y costos para garantizar alimentos frescos, nutritivos y asequibles para los más de 11,5 millones de personas que viven en la región.

A nueve meses del convenio, SARA ya avanzó en la definición de 37 alimentos clave, que representan el 89 % de la oferta productiva de la Región Central y buena parte de la demanda en Bogotá y municipios cercanos. Esta lista, según la FAO Colombia, se construyó con base en tres criterios: alto consumo, valor nutricional y potencial de producción local. Entre ellos destacan productos:

1. Agrícolas (30): papa, arroz, cebolla, tomate, yuca, lechuga, frijol, maracuyá, mandarina, mango, entre otros.
2. Pecuarios (6): carne de res, pollo, cerdo, leche, huevos y pescado.
3. Transformado (1): panela.

Aunque el sistema contempla a los 116 municipios de Cundinamarca y a los departamentos de la Región Central (Boyacá, Huila, Meta y Tolima), priorizaron a través de una metodología técnica y participativa a 64 municipios estratégicos: 55 por su oferta alimentaria, que aportan el 82,8 % de los alimentos frescos que llegan a Bogotá, y 22 por su demanda, que concentran a más de 10 millones de consumidores y requieren mejorar la distribución y acceso a los alimentos.

Entre los municipios priorizados están Bogotá, Soacha, Chía, Funza, Girardot, Mosquera, Facatativá, Zipaquirá, Fusagasugá, Neiva, Villavicencio y Duitama. “Es una apuesta para que la región produzca lo que más necesita su gente, donde puede cultivarse mejor, reduciendo la inseguridad alimentaria y promoviendo una alimentación más saludable”, destaca la Región Metropolitana Bogotá–Cundinamarca.

¿Por qué es importante para Bogotá?

Bogotá consume más de 10.000 toneladas diarias de alimentos frescos, pero según el DANE, aproximadamente el 85 % proviene de la Región Central. En relación con la cadena cárnica, aunque la capital concentra el 60 % de las plantas de beneficio animal de la región, al menos 51 han sido cerradas por no cumplir normas sanitarias, lo que limita el acceso a canales seguros y formales para la comercialización, resalta la FAO Colombia.

A esto se suma otra alarma desde una perspectiva sociodemográfica. Según el DANE (2023), en Bogotá, la población rural ha envejecido cuatro veces más rápido que la urbana. Actualmente, solo el 14,9 % de los habitantes de la región vive en zonas rurales y se proyecta que para 2035 más del 84 % vivirá en áreas urbanas, aumentando la dependencia sobre el sistema agroalimentario regional y, por supuesto, reduciendo aún más la mano de obra rural.

Si miramos en municipios vecinos y claves como Soacha, el panorama tampoco es alentador. Aunque en 2023 produjeron más de 6.400 toneladas de alimentos frescos, de acuerdo con cifras de las Evaluaciones Agropecuarias realizadas por la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), amplias extensiones de suelo con alta aptitud agrícola permanecen sin uso: de las 4.038 hectáreas dispuestas para cultivo de cebolla de bulbo, 3.513 para maíz y 3.633 para fresa, se aprovecha menos del 1 %. Bogotá, por su parte y a manera de ejemplo, cuenta con más de 12.000 hectáreas con potencial para sembrar papa.

“Esta dependencia para Bogotá se ve sujeta a varias alteraciones en el sistema agroalimentario, tales como largos trayectos, lo que a su vez incrementa el costo de los alimentos; variaciones en el precio de los alimentos que llegan a los consumidores; pérdidas de alimentos y una desconexión entre quienes los producen, transportan, transforman y consumen”, analiza la FAO Colombia.

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Una vez finalice el convenio del Sistema de Abastecimiento Regional Agroalimentario (SARA), que tiene un presupuesto total de más de $9 mil millones, se espera la entrega de la hoja de ruta para la implementación y seguimiento de políticas que fortalezcan la seguridad alimentaria en la capital y su región central.

Aunque el SARA representa una oportunidad estratégica, su implementación tiene retos importantes como inversiones en infraestructura logística; resistencia de actores tradicionales del mercado; la necesidad de capacitación en comercio y tecnología para los productores, y una articulación institucional entre alcaldías, gobernaciones, asociaciones campesinas, gremios y entidades del Gobierno Nacional, para su éxito.

Desafíos como largos trayectos, mayores costos, pérdidas de alimentos, desconexión entre productores-consumidores o subaprovechamiento de suelos, ya están identificados. Ahora, Bogotá tiene la oportunidad —y la responsabilidad— de liderar una transición hacia un sistema agroalimentario que reduzca cada vez más la inseguridad alimentaria, fortalezcan la agricultura campesina y promuevan el acceso a alimentos saludables a precios más justos.

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