El COVID-19 y las medidas que se han tomado para mitigarlo no solo han resignificado el estilo de vida de los bogotanos, sino también el comportamiento de los delitos que los atormentaban. Aunque en tiempos de aislamiento estricto siguieron ocurriendo delitos como hurtos en las calles y buses, y aumentó el robo de bicicletas, estos dejaron de ser los mayores flagelos en cuanto a seguridad. A la par con los delitos de alto impacto comenzaron a ganar terreno otras modalidades, denominadas delitos de oportunidad, que son, en otras palabras, las nuevas formas de operar de los delincuentes, mientras gran parte de la ciudadanía está en casa.
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Para expertos en seguridad, las organizaciones criminales dejaron de buscar a sus víctimas en la calle y se las ingeniaron, agotando todos sus recursos, para hacerlas caer desde sus casas. De esta manera, encontraron en la extorsión y la amenaza la oportunidad de delinquir sin tener contacto físico con la víctima.
Y es que así lo indican las cifras de 2020, que desde junio presentaron una variación significativa, en comparación con 2019. En el caso de la extorsión, que consiste en obligar a una persona a entregar algún beneficio a los delincuentes, a través de intimidaciones y violencia (en la mayoría de casos por medio de redes sociales y llamadas), los casos estuvieron cerca de duplicarse entre junio y octubre. Pasaron de 278 en ese período de 2019 a 435 durante 2020. En noviembre el panorama fue aún peor, debido a que pasó de 54 a 172 casos. De hecho, ese fue el mes del año en el que se registró el mayor número de casos.
Frente a este panorama, el secretario de Seguridad, Hugo Acero, aunque reconoce que sí es un delito de oportunidad, relaciona el incremento de las cifras con el hecho de que los ciudadanos ahora tienen un mayor hábito de denuncia. “Junto a la amenaza, la extorsión tiene un alto subregistro, porque la gente está tomando confianza en la denuncia y hasta ahora estamos descubriendo qué hay detrás de ella. Seguramente también se incrementó, porque todos los mercados sufrieron económicamente por la pandemia. Entonces, las estructuras criminales cambiaron su modalidad, porque el delito se mueve en la lógica de qué es más rentable y da ingresos distintos a los que ya no se tienen”, explicó.
En cambio, para John Anzola, experto en seguridad ciudadana, este es un delito que es poco denunciado, precisamente por las implicaciones que tiene. “Es de oportunidad, que muchas veces se planea y organiza desde las cárceles y es más frecuente de lo que uno cree. El problema es que la gente no denuncia, porque tiene muchos matices y, entre ellos, está que atenta contra la intimidad de las personas, si se tiene en cuenta, por ejemplo, la modalidad de sexting. Lo que se debe hacer es identificar dónde se concentra, dependiendo de las características de focalización, y así atacar a estructuras, si es que se trata de delincuencia organizada”, manifestó.
Por su parte, Johan Avendaño, también experto en seguridad, denominó este delito como una “mutación COVID-19”, refiriéndose a que su crecimiento tuvo que ver con las condiciones sociales generadas por la pandemia. Por eso critica que, a pesar de ello, el Distrito no haya atacado las estructuras detrás de los casos. “Es inadmisible que en pleno 2021, con todas las tecnologías que existen como la interceptación de celulares y redes sociales, no se tengan identificadas las estructuras ni las suficientes pruebas para judicializar a los responsables. No entiendo por qué no se dan golpes certeros para alivianar las condiciones de inseguridad, que ahora se trasladaron a las casas”.
¿Qué pasa con las amenazas?
Aunque este delito guarda similitud con la extorsión, las amenazas pueden solo ser una insinuación verbal sobre un daño grave que a futuro puede cometerse contra la vida de alguien, pero sin necesidad de haber un interés económico de por medio. De hecho, según el secretario Acero, esta tiene diferentes maneras de presentarse y la convivencia es un factor clave para identificar la presencia de un caso.
“Parte de los problemas, no solo en cuestión de amenazas sino para que se presenten homicidios y lesiones, es la intolerancia. Puede ser algo que sea de todos los días, como que entre vecinos se peleen y se presenten formas verbales de amedrentarse. El problema que tiene este delito es que puede desencadenar un enfrentamiento que termine en el asesinato de alguien. En cuanto a la judicialización de las personas, el lío es que por más que se investigan los cosas, basta con que el victimario niegue los hechos, porque no hay pruebas”, mencionó el secretario de Seguridad.
Sin embargo, se torna aún más grave cuando está ligado al actuar delictivo. Por ejemplo, este flagelo se presenta con el fin de generar temor en la ciudadanía o como un efecto de las guerras territoriales entre bandas delincuenciales, que tienen injerencia en ciertas zonas de la ciudad.
A diferencia de la extorsión, en 2020 este delito aumentó significativamente desde principio de año y mantuvo la tendencia de incremento mensual, excepto en abril, cuando pasó de 570 casos en 2019 a 368 en 2020. Septiembre, octubre y noviembre fueron los meses en los que se disparó el delito. De hecho se duplicó, llegando a los 3.275 casos durante estos tres meses, mientras que en 2019 hubo 1.470 durante el mismo período del año.
Porcentualmente, las localidades en las que más incrementaron fueron Tunjuelito (480 %), Teusaquillo (475 %), Engativá (390 %), La Candelaria (200 %) y Puente Aranda (193 %).
Lo que preocupa al Distrito y a los expertos es que las intimidaciones verbales a través de una pantalla y otro tipo de amenazas se materialicen y se transformen en delitos más graves, como homicidios o lesiones personales. Sin embargo, la administración reconoce que es difícil hacer efectivo un proceso judicial contra quienes cometen estos actos, sin que haya una denuncia ciudadana. Por esto, invita a quienes son o han sido víctimas de estos dos delitos comunicarse con la línea antiextorsión y antisecuestro del Gaula de la Policía (165), entidad encargada de realizar la ruta de atención de estos casos.
