¿Democracia sin participación?

El reciente llamado de los editores de la revista Semana a que Petro desista del uso del balcón para hacer valer sus ideas es tan poco feliz como poco sorprendente. Es poco feliz por la pobre visión de la política que lo sustenta: una versión elitista del ejercicio del poder, que ve con malos ojos la movilización popular y la identifica con un vaporoso “populismo”. No es sorprendente porque es la visión que ha predominado en Colombia a lo largo de la historia.

Hay una razón para impugnar el llamado de Semana. Como Mauricio Albarracín ha destacado desde La silla vacía, la Constitución de 1991 protege amplia y robustamente el discurso político y la movilización popular. Pero no es sobre esta perspectiva legal, bastante clara, que quisiéramos centrar nuestra atención, sino más bien sobre la concepción de la política que mueve a Semana.

Hace ya unas décadas, el célebre politólogo estadounidense Robert Dahl estipuló dos dimensiones que debían estar presentes para determinar si un sistema tiene credenciales democráticas: la competencia y la participación o, dicho en otros términos, la alternancia en el poder y la inclusión.

A diferencia de la enorme mayoría de países latinoamericanos, Colombia no ha sufrido interrupciones irregulares frecuentes de los períodos presidenciales, en particular los derivados de golpes de estado. En Colombia la alternancia ha sido garantizada y eso no es poco mérito. Sin embargo, está en deuda en relación con la segunda dimensión: la participación popular y la posibilidad de cuestionar el poder desde fuera de un círculo reducido.

Ha habido episodios espasmódicos de inclusión social plural (como el formulado por Gaitán o el proceso constituyente de 1991). Pero en el país no han existido procesos consistentes de inclusión de sectores populares a la vida política, y esta inclusión social tampoco se ha producido por otras vías (como el desarrollo económico con equidad).

En Colombia, el círculo del poder y de influencia social y política es especialmente reducido. Quienes forman parte de la élite, o bien se conocen entre sí o bien tienen signos claros de identificación, que se constituyen en barreras culturales entre ellos y los demás ciudadanos. Y al parecer consideran que esas barreras establecen con claridad una distinción entre quienes gobiernan y quienes deben sólo ser gobernados. Por eso es que cualquier intento de protesta, por modesto que fuere, hace mucho ruido. Se ve como una fuerte amenaza al orden instaurado.

En el pasado reciente y, en particular, en el contexto de la guerra fría, alguien podía pensar que los valores de la alternancia y la participación no podían ser satisfechos simultáneamente y que privilegiar uno podía implicar sacrificar el otro. Determinar si existe una relación causal entre estas cuestiones escapa al contenido de este artículo, pero es cierto que muchos de los países de la región que permitieron la inclusión social tuvieron que enfrentar problemas serios de alternancia política, como sucedió en Argentina, Uruguay, Chile, México y Bolivia. Podría pensarse que Colombia impidió la inclusión social con el fin de proteger la alternancia, como muchos lo alegaron para defender lo sucedido durante la época de Gaitán y luego durante el Frente Nacional.

Pero esta lectura tiene problemas, pues no podemos saber con seguridad qué habría pasado si en lugar de morir asesinado Gaitán hubiera llegado al poder, y una opción posible es que ello hubiera traído incorporación social sin atentar contra la alternancia. Tal vez lo más importante sea destacar que, incluso si fuera cierta, esa lectura es insostenible hoy.

En un contexto de posguerra fría en el cual la democracia se ha afianzado globalmente como el principal sistema de gobierno, resulta difícil afirmar que la incorporación social siempre venga a costa de la alternancia. Es cierto que los gobiernos populistas actuales que promueven la incorporación promueven también el debilitamiento de los frenos y contrapesos que facilitan la alternancia; pero a estos gobiernos no se les ocurre desafiar directamente la democracia como sistema político ni han podido eliminar la competencia política.

Varios de ellos están en riesgo de ser vencidos, en parte porque la oposición es perseguida pero no por completo eliminada. En ese sentido, la incorporación social no es hoy un riesgo de desestabilización democrática.

No toda forma de movilización puede considerarse como populista; en la mayoría de casos es, por el contrario, un signo de la vitalidad de la democracia. Esto, lejos de poner en riesgo la competencia política, la refuerza al establecer una relación activa entre electores y elegidos que permite que éstos respondan a las opciones de aquellos.

Por ello es una necedad, fruto de una visión elitista y anticuada de democracia, considerar la protesta social como una deficiencia. Esta es, por el contrario, el mejor signo de que el país está cambiando en el sentido de que los sectores tradicionalmente excluidos y perseguidos se sienten con voz para participar políticamente y expresar sus desacuerdos.

La protesta puede cuestionar el orden existente y dificultar que los gobiernos sigan gobernando como siempre. Pero esa es una virtud en contextos en los cuales ese orden y esa forma de gobernar se han erigido a costa de la exclusión, y en los cuales los afectados deciden organizarse políticamente y expresarse pacíficamente en lugar de tomar las armas.

Los sistemas de gobierno en los que sólo algunos, y no necesariamente los mejores, tienen peso social y político, y que desalientan la participación y la protesta, suelen caracterizarse como gobiernos oligárquicos. Tal vez sea exagerado decir esto sobre Colombia. Pero si no sorprende el llamado de Semana es porque el establecimiento siempre ha reaccionado de la misma manera y porque la sociedad estuvo anémica en materia de participación política durante mucho tiempo.

*Doctor en derecho NYU. Profesor asociado ITAM.** Candidata Ph.D. Universidad de Columbia. Investigadora asociada a Dejusticia.

El reciente llamado de los editores de la revista Semana a que Petro desista del uso del balcón para hacer valer sus ideas es tan poco feliz como poco sorprendente. Es poco feliz por la pobre visión de la política que lo sustenta: una versión elitista del ejercicio del poder, que ve con malos ojos la movilización popular y la identifica con un vaporoso “populismo”. No es sorprendente porque es la visión que ha predominado en Colombia a lo largo de la historia.

Hay una razón para impugnar el llamado de Semana. Como Mauricio Albarracín ha destacado desde La silla vacía, la Constitución de 1991 protege amplia y robustamente el discurso político y la movilización popular. Pero no es sobre esta perspectiva legal, bastante clara, que quisiéramos centrar nuestra atención, sino más bien sobre la concepción de la política que mueve a Semana.

Hace ya unas décadas, el célebre politólogo estadounidense Robert Dahl estipuló dos dimensiones que debían estar presentes para determinar si un sistema tiene credenciales democráticas: la competencia y la participación o, dicho en otros términos, la alternancia en el poder y la inclusión.

A diferencia de la enorme mayoría de países latinoamericanos, Colombia no ha sufrido interrupciones irregulares frecuentes de los períodos presidenciales, en particular los derivados de golpes de estado. En Colombia la alternancia ha sido garantizada y eso no es poco mérito. Sin embargo, está en deuda en relación con la segunda dimensión: la participación popular y la posibilidad de cuestionar el poder desde fuera de un círculo reducido.

Ha habido episodios espasmódicos de inclusión social plural (como el formulado por Gaitán o el proceso constituyente de 1991). Pero en el país no han existido procesos consistentes de inclusión de sectores populares a la vida política, y esta inclusión social tampoco se ha producido por otras vías (como el desarrollo económico con equidad).

En Colombia, el círculo del poder y de influencia social y política es especialmente reducido. Quienes forman parte de la élite, o bien se conocen entre sí o bien tienen signos claros de identificación, que se constituyen en barreras culturales entre ellos y los demás ciudadanos. Y al parecer consideran que esas barreras establecen con claridad una distinción entre quienes gobiernan y quienes deben sólo ser gobernados. Por eso es que cualquier intento de protesta, por modesto que fuere, hace mucho ruido. Se ve como una fuerte amenaza al orden instaurado.

En el pasado reciente y, en particular, en el contexto de la guerra fría, alguien podía pensar que los valores de la alternancia y la participación no podían ser satisfechos simultáneamente y que privilegiar uno podía implicar sacrificar el otro. Determinar si existe una relación causal entre estas cuestiones escapa al contenido de este artículo, pero es cierto que muchos de los países de la región que permitieron la inclusión social tuvieron que enfrentar problemas serios de alternancia política, como sucedió en Argentina, Uruguay, Chile, México y Bolivia. Podría pensarse que Colombia impidió la inclusión social con el fin de proteger la alternancia, como muchos lo alegaron para defender lo sucedido durante la época de Gaitán y luego durante el Frente Nacional.

Pero esta lectura tiene problemas, pues no podemos saber con seguridad qué habría pasado si en lugar de morir asesinado Gaitán hubiera llegado al poder, y una opción posible es que ello hubiera traído incorporación social sin atentar contra la alternancia. Tal vez lo más importante sea destacar que, incluso si fuera cierta, esa lectura es insostenible hoy.

En un contexto de posguerra fría en el cual la democracia se ha afianzado globalmente como el principal sistema de gobierno, resulta difícil afirmar que la incorporación social siempre venga a costa de la alternancia. Es cierto que los gobiernos populistas actuales que promueven la incorporación promueven también el debilitamiento de los frenos y contrapesos que facilitan la alternancia; pero a estos gobiernos no se les ocurre desafiar directamente la democracia como sistema político ni han podido eliminar la competencia política.

Varios de ellos están en riesgo de ser vencidos, en parte porque la oposición es perseguida pero no por completo eliminada. En ese sentido, la incorporación social no es hoy un riesgo de desestabilización democrática.

No toda forma de movilización puede considerarse como populista; en la mayoría de casos es, por el contrario, un signo de la vitalidad de la democracia. Esto, lejos de poner en riesgo la competencia política, la refuerza al establecer una relación activa entre electores y elegidos que permite que éstos respondan a las opciones de aquellos.

Por ello es una necedad, fruto de una visión elitista y anticuada de democracia, considerar la protesta social como una deficiencia. Esta es, por el contrario, el mejor signo de que el país está cambiando en el sentido de que los sectores tradicionalmente excluidos y perseguidos se sienten con voz para participar políticamente y expresar sus desacuerdos.

La protesta puede cuestionar el orden existente y dificultar que los gobiernos sigan gobernando como siempre. Pero esa es una virtud en contextos en los cuales ese orden y esa forma de gobernar se han erigido a costa de la exclusión, y en los cuales los afectados deciden organizarse políticamente y expresarse pacíficamente en lugar de tomar las armas.

Los sistemas de gobierno en los que sólo algunos, y no necesariamente los mejores, tienen peso social y político, y que desalientan la participación y la protesta, suelen caracterizarse como gobiernos oligárquicos. Tal vez sea exagerado decir esto sobre Colombia. Pero si no sorprende el llamado de Semana es porque el establecimiento siempre ha reaccionado de la misma manera y porque la sociedad estuvo anémica en materia de participación política durante mucho tiempo.

*Doctor en derecho NYU. Profesor asociado ITAM.** Candidata Ph.D. Universidad de Columbia. Investigadora asociada a Dejusticia.