En lo que va del año 44 comedores comunitarios en donde atendían a 7.520 personas en condición de vulnerabilidad han sido cerrados. La denuncia, que fue presentada por el personero distrital Ricardo Cañón, está basada en un estudio que realizó la Personería en los 260 comedores comunitarios que tiene la ciudad. Las razones de las continuas clausuras, según la investigación, tienen que ver con la falta de planificación por parte de la Administración local y con factores como las condiciones inadecuadas y el cambio continuo de operadores.
En el informe la Personería explica que las localidades en donde se han cerrado más comedores comunitarios son Santa Fe con siete, Kennedy con ocho, y Ciudad Bolívar con cuatro. Otras zonas donde han dejado de operar estos centros asistenciales son: Rafael Uribe Uribe, Teusquillo, Kennedy, Barrios Unidos, Bosa y Santa Fe.
Para el personero distrital la responsabilidad de estos cierres está compartida entre los Fondos de Desarrollo Local y la Secretaría de Integración Social: “esto se presentó por falta de planeación en la contratación y falta de diligencia de los funcionarios que tienen bajo su competencia este tipo de responsabilidades. De los 260 comedores comunitarios que operan en la ciudad, 146 con financiados por las distintas localidades y 114 con recursos de la Secretaría de Integración Social, aseguró Cañón.”
El hambre ha hecho eco en localidades como Rafael Uribe Uribe y Kennedy, en donde desde hace cuatro meses han dejado de operar 10 comedores comunitarios financiados con recursos de las Alcaldías locales. En los cinco comederos que tiene cada localidad han dejado de recibir comida alrededor de 2.600 personas. Según la Personería, entre los afectados se encuentran adultos mayores, madres gestantes y lactantes, menores de edad y personas en condición de discapacidad.
El ente de control estableció cuatro motivos que causaron estos cierres. Por un lado, está la finalización de los contratos (que en la mayoría de casos se realiza de manera directa) y los cambios de operadores. Además, asegura la Personería, los lugares en donde operan estos comedores no son los más adecuados y las condiciones en que se encuentran no cumplen con todas las normas.
Las condiciones de insalubridad, el hacinamiento, y las raciones incompletas en los comedores comunitarios habían sido denunciadas por el concejal Juan Carlos Flórez a comienzos de agosto. Sobre la denuncia de la Personería, el concejal opina que la entidad de control ha llegado tarde: “la Personería llega un tanto tarde al tema, los usuarios de los comedores comunitarios que funcionan con recursos de los Fondos de Desarrollo Local han dejado de recibir comida desde hace meses. En la directiva 05 de 2012 queda muy claro que el grueso de los recursos de desarrollo local van para pavimento. Se le quitó la plata a los comedores comunitarios y no se creó ninguna alternativa”.
Sobre esta polémica la Secretaria de Integración Social, Teresa Muñoz, comentó que aunque es cierto que han cerrado comedores, la inversión en alimentación ascenderá a $1 billón de pesos. “La denuncia de la Personería es incorrecta, no son 17 comedores cerrados por parte de la Secretaría de Integración Social, son 21. Yo soy auto crítica, asumo la responsabilidad de tener comedores cerrados. Cuando llegue a la Secretaría la selección de los operadores se hacía a dedo, sin criterios, por eso estoy acá para organizarla. Tenemos 13 comedores que se van a abrir la próxima semana y 8 están en proceso contractual para que entren en funcionamiento la tercera semana de septiembre. La Secretaría los ha cerrado de manera temporal precisamente porque no estaban ubicados en lugares adecuados. Es importante resaltar que hemos garantizado la alimentación a través de bonos y que el presupuesto para este fin será de $1 billón de pesos”.
Antes de marzo de 2013 la Personería ya habría terminado con la investigación preliminar a los alcaldes locales implicados. Por otro lado, fuentes de la entidad aseguraron que los funcionarios de la Secretaría de Integración Social a cargo de los comedores comunitarios también serán investigados.
Por Redacción Bogotá
