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Un año después de las primeras denuncias por el incumplimiento en la instalación de cámaras de videovigilancia, una nueva denuncia desde el Concejo de Bogotá ha vuelto a cuestionar las demoras en este proceso.
El encargado de realizar el cuestionamiento fue el concejal Óscar Vahos, quien advirtió las graves implicaciones de la demora en la instalación de 150 cámaras. Lo anterior, dado que 200 cámaras prometidas por la actual administración, solo se han instalado 50.
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A un año y medio de haberse iniciado, el contrato de suministro e instalación de equipos de videovigilancia presenta más de 700 días de retraso, cuatro prórrogas, tres modificaciones contractuales y una ejecución física que no supera el 70%.
Hoy, 150 cámaras continúan almacenadas y tan solo 50 han sido instaladas, muchas de ellas aun sin estar plenamente operativas.
“¿Cómo se puede hablar de una Bogotá que camina segura cuando más de 1.793 cámaras están fuera de servicio, con contratos estancados, prórrogas sucesivas y una Administración que se resiste a declarar incumplimientos evidentes?”, cuestionó el concejal Óscar Ramírez Vahos.
Otro de los peros a este contrato es el de la ausencia de una interventoría encargada de controlar estas posibles irregularidades. Desde mayo de 2025, el contrato no cuenta con una interventoría formal, lo que ha puesto en riesgo el seguimiento técnico, financiero y operativo de las obras.
El contrato mencionado hace parte de la estrategia de fortalecimiento de la infraestructura tecnológica en la ciudad, la cual cuenta, con un presupuesto de más de $705 mil millones de pesos aprobado por el Concejo de Bogotá. De pesa partida, $14.339 millones fue destinada para adquirir las cámaras que no han podido ser puestas en servicio.
Por otro lado, cerca de 1.800 cámaras de la red pública actual están fuera de servicio, lo cual representa un 30,8% del total de estos dispositivos. Por lo tanto, según las cifras reveladas por el concejal, la ciudad solo tiene cubierto en la actualidad el 27 % de su perímetro, una cifra que se aleja bastante de la meta explícita del 50%, que se propuso el Distrito en el Plan de Desarrollo.
De momento, el concejal pidió a los entes de control del Distrito realizar las investigaciones correspondientes para aclarar si se está cometiendo alguna irregularidad contractual o disciplinaria por parte de la Secretaría de Seguridad, la encargada de adquirir e instalar estos dispositivos de vigilancia.
El secretario César Restrepo, en su momento, explicó que “el sistema de videovigilancia es todo un reto. Una ciudad en obra impone desafíos en la reubicación del servicio. De las 200 LPR, están instaladas 70 y las otras no se han podido instalar, porque a quien firmó el contrato el 30 de diciembre del año pasado se le olvidó que había que pagar obras adicionales, por ejemplo, que obligaban a mover el punto de las cámaras. El proceso se aplazó para no declararle caducidad al contratista. Estas cámaras serán instaladas en febrero de 2025. Por otro lado, ya están instaladas 310 nuevas cámaras multisensor”.
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Por Redacción Bogotá
