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Cada árbol que se tala en los Cerros Orientales genera preocupación. La importancia de la estructura ecológica principal de la ciudad está cada vez más arraigada en los capitalinos, que han asumido un papel vigilante. Sin embargo, hay casos que podrían tener explicación. Al menos, este es el resumen del pleito jurídico y ambiental por los hechos registrados en un predio en la carrera séptima con calle 245, que ya conocen las autoridades, las cuales tendrán que definir si se violó la ley o fue un caso de buena fe.
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Los hechos se remontan al 31 de mayo cuando vecinos de la Urbanización Campestre Bosques de Torca, en Usaquén, advirtieron ruidos de motosierras en el lindero oriental de la copropiedad. De inmediato adelantaron un seguimiento que terminó en denuncias ante la Fiscalía y la CAR. Para ellos, allí hubo supuestamente una deforestación, que afectó dos hectáreas de cobertura vegetal.
Sin embargo, la versión de los propietarios de la Hacienda Novita A Torca I, donde ocurrió la tala, está lejos de lo que dice la denuncia. Aclaran que no se intervinieron dos hectáreas y que la tala obedeció a una acción para mitigar el riesgo que representaban unos eucaliptos, a punto del colapso. En compensación, ya iniciaron labores de restauración y han sembrado cerca de 200 árboles nativos.
La denuncia de tala en los Cerros Orientales
Las alarmas se encendieron cuando residentes del conjunto Bosques de Torca, colindante con la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, y ante la falta de respuestas de la administración local, encomendaron a la firma Greencity Inversiones y Construcciones S.A.S. realizar una investigación técnica con inspecciones de campo, sobrevuelos de drones y georreferenciación. Ante los hallazgos, el apoderado de la firma radicó el 3 de julio de 2026 una denuncia penal ante la Fiscalía por deforestación, promoción y financiación de la deforestación, y daño en los recursos naturales. Pide investigar a los relacionados con la Finca Novita por el ingreso de maquinaria y el transporte de madera en tablones.
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Como respaldo contaron con el concepto de la ingeniera ambiental Laura Fernández Flechas, quien advirtió los riesgos de la intervención de coberturas vegetales en áreas de alta sensibilidad ecológica. Fernández dice que remover la vegetación en terrenos de ladera desestabiliza el suelo, acelera la erosión y altera la dinámica hídrica local, disminuyendo la capacidad de amortiguar sequías o lluvias extremas. Alerta, además, el peligro de incendios debido al inadecuado manejo de residuos leñosos.
Nuestra misión ha sido conservar
En uno de los expedientes reposa un documento en el que los dueños del terreno contradicen la denuncia de “deforestación continua” y explican que no se trató de una acción encaminada a un interés de cambio de uso del suelo, planes de expansión o comercialización de madera nativa, sino la intervención puntual de unos árboles de especies introducidas (eucaliptos), que generaban riesgo, debido a un “deterioro fitosanitario crítico y fallas en su estructura”, que amenazaban un “inminente colapso y volcamiento” sobre personas y animales.
Carolina Botero Kling, quien asumió la vocería del caso, fue más precisa al calificar la tala como una acción de buena fe, en la que el principal error fue no haber notificado a los vecinos, que impulsaron la denuncia. “Hace seis meses cayeron unos rayos y quemaron unos eucaliptos, que estaban a punto de caerse. Sabiendo que la CAR adelanta un proceso de modificación de vegetación no nativa, decidimos talar 40 árboles, no solo para eliminar el riesgo sino para sembrar especies nativas. Reconocemos que debimos hacerlo de mejor manera y notificar a los vecinos, pero no fue de mala fe”, explicó.
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Sin embargo, hay un detalle que han resaltado los denunciantes en esta historia: los dueños no tenían permiso de la CAR para la intervención. Ante el señalamiento, fuera de reconocerlo, agragan que lo hicieron por la urgencia. precisa que delegados de la CAR han hecho varias visitas y ya les explicaron la intervención. “Allí no se ha realizado remoción de cobertura vegetal nativa que represente alteración grave a la salud de los ecosistemas. Además, contamos con los estudios técnicos que indican cuántos árboles hay que sembrar para compensar y restaurar”.
De momento, cuenta, están sembrados casi 200 árboles nativos. “Nuestra tarea es corregir lo que corresponda. Tradicionalmente hemos sido los más cuidadosos con nuestros bosques. Nos entristece que la denuncia la puso un vecino sin preguntarnos. Si en algo nos equivocamos, fue de buena fe. Si nos tienen que sancionar, por nuestra equivocación, pues pagaremos como corresponde en ley”
A pesar de que las denuncias comunitarias y de Greencity se radicaron ante el Ministerio de Ambiente (1 de julio), la Secretaría Distrital de Ambiente (23 de julio) y la CAR (23 y 29 de julio), y existe una extensa explicación de los dueños del predio, los denunciantes insisten en la necesidad de una inspección técnica integral. Corresponderá ahora a la CAR y sus ingenieros hacerla y pronunciarse para conocer si realmente se trata de una violación de normas ambientales y el Código Penal o si la actuación preventiva de los propietarios de la Hacienda Novita se ajustó a los principios excepcionales de mitigación de desastres.
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Por Alexánder Marín Correa
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