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La destitución e inhabilidad que la Personería Distrital impuso en primera instancia a Luis Fernando Escobar, actual alcalde de Kennedy y denunciante de los falsos positivos en Soacha, ha tomado un tinte político. La defensa de Escobar asegura que, al igual que en el caso de la Procuraduría vs. Petro, en este también habría “una persecución política”.
A Escobar sólo lo salvaría que la misma Personería revoque en segunda instancia la destitución, en la audiencia que se celebrará el próximo martes. Sin embargo, Escobar ve lejana esa opción. Por eso, para evitar su muerte política, piensa en dos vías: la tutela o una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado.
La desconfianza en la Personería tiene un origen: según Jorge Caviedes, abogado del alcalde, “la noche anterior al fallo, al alcalde le dijeron que había dos proyectos de fallo: uno donde lo suspendían por tres meses y otro donde los destituían y lo inhabilitaban por 11 años. ¿Cuál era el mensaje? Sencillamente que se diera dinero para que dejaran la sanción en tres meses. Por eso, en este proceso hay visos de extorsión o cohecho”, denunció el defensor.
La tesis que Caviedes intentó demostrar ante la Personería consiste en que “no existen garantías porque la transparencia de la Personería ha sido seriamente cuestionada. En el caso del doctor Escobar están violando el debido proceso y el derecho a la defensa, cuando tuvieron los dos fallos proyectados”. De hecho, el apoderado de Escobar le solicitó a José Ómar Ortiz Peralta, personero delegado a cargo del caso, que se declarara impedido porque “se están usando decisiones administrativas para obtener un provecho económico”.
Aunque las acusaciones de Caviedes no tuvieron eco en la Personería, el abogado le dijo a este diario que “necesariamente tuvo que haber algún funcionario que quería aprovecharse de esta situación. Seguramente pensaron: el alcalde se robó parte de un convenio, entonces tiene que soltar plata. Y, aunque sí hubo irregularidades en el convenio, fue el mismo alcalde el que denunció los hechos de corrupción que llevaron a que se generara todo este proceso”.
El fallo
El contrato que provocó la destitución de Escobar fue el que la Alcaldía Local firmó con la Fundación para el Desarrollo de la Educación, la Salud y una Nueva Cultura de Vida en Colombia (Fudescu), por $350 millones. Su objeto era capacitar a un grupo de ciudadanos en proyectos productivos, crear 50 unidades productivas (inscribiéndolas en Cámara de Comercio), darles los insumos y finalmente hacer ferias con la muestra productiva. Este convenio quedó firmado por el exalcalde de Kennedy Jesús Antonio Mateus, un día antes de que dejara su cargo (también fue destituido e inhabilitado). Luego llegó Escobar, quien hizo varias modificaciones a la forma de pago.
La fundación sólo hizo la capacitación, e incumplió la actualización de pólizas para proteger el dinero público, no eligió a los beneficiarios del programa de forma objetiva, no entregó los insumos, no se conformó las unidades productivas, ni cumplió con el cronograma establecido. A pesar de esto, la Alcaldía le desembolsó casi el 70% del presupuesto.
Según la Personería Distrital, el alcalde Luis Fernando Escobar fue quien hizo modificaciones, como prórrogas y porcentajes de pago, autorizando desembolsos sin que la fundación hubiera cumplido los requisitos contractuales. Por ejemplo, en el contrato inicial, la forma de pago era un anticipo del 40% ($141 millones), un segundo pago del 30% ($105 millones) a los tres meses de ejecución, un tercer desembolso del 20% ($70 millones) a los cinco meses de ejecución y un 90% de avance, y un pago final del 10% ($35 millones) contra acta de liquidación.
Aunque mantuvo las condiciones, Escobar modificó inicialmente los porcentajes de pago con un anticipo del 20% y luego tres desembolsos de 30%, 40% y 10%. Dos meses después autorizó una nueva modificación: autorizó aumentar el segundo pago del 30% al 50% ($176 millones) una vez terminadas las capacitaciones (que era apenas la fase inicial del contrato) y un último pago del 30%. La justificación era que la fundación pudiera cumplir con la segunda fase del contrato, es decir, la entrega de insumos.
Estos cambios fueron los que provocaron su destitución, ya que, a pesar de que argumentó que las modificaciones eran para beneficio de la administración, al final el contratista recibió el 70% del dinero del contrato y no pasó de la fase de capacitación. “Quedó comprobado que desde el inicio del contrato incumplieron... No obstante que el convenio se encontraba incumplido, solicitó y suscribió una modificación contractual del objeto y de la forma de pago, para viabilizar el segundo desembolso al contratista, sin establecer mecanismos para garantizar la correcta aplicación de los recursos. Esto ocasionó un detrimento al Distrito por $239 millones”, dijo la Personería.
Actualmente se adelanta un proceso de declaratoria de incumplimiento contra Fudescu, fundación registrada en junio de 2006 como entidad sin ánimo de lucro. Entre sus actividades económicas aparecen la formación académica no formal, la consultoría informática, actividades de administración de instalaciones informáticas y otras actividades profesionales, científicas y técnicas. Desde 2011 tiene registrados cuatro contratos: uno con la Alcaldía de Teusaquillo, en diciembre 26 de 2011, por $144 millones, y tres con el Fondo de Desarrollo Local de Ciudad Bolívar, en diciembre de 2011, marzo de 2012 y abril de 2012, que suman casi $1.100 millones. Entre estos falta el contrato con la Alcaldía de Kennedy, que hoy pone en tela de juicio tanto a los exalcaldes como a la fundación.