El acuerdo 176 de 2005 establece que estos negocios deben estar ubicados a una distancia no inferior de 200 metros de los centros educativos, ni permitir el ingreso de menores de 14 años.
“En la localidad se incumplen las medidas adoptadas por el decreto. Este tipo de lugares cuenta con poca iluminación, los videos no están clasificados y, además, permiten el ingreso a personas muy jóvenes”, dijo Mendoza.
Un informe de Amnistía Internacional asegura que esta clase de juegos promueve la violencia, discriminación de género y raza, violaciones, asesinatos, esclavitud, prostitución forzada, pornografía, abuso de menores y tratamiento de mujeres como objetos.
La edil les solicitó a las autoridades tomar medidas al respecto. “Es necesario realizar charlas pedagógicas con los padres de familia en las escuelas, con el fin de que ellos conozcan la función que los videojuegos cumplen en los más pequeños y sepan a qué juegan sus hijos”.
Por El Espectador
