¿Desacato a reubicación?
Una sentencia del Consejo de Estado en 2003 dio un año para trasladar a los casi dos mil vendedores. Aunque se construyó un recinto para alojarlos, debido a una filtración de agua no ha sido habilitado.
Alexánder Marín Correa
La calle 27 sur con carrera 6ª, en el barrio 20 de Julio de Bogotá, se convierte los fines de semana en uno de los más grandes mercados ambulantes, donde al menos dos mil comerciantes informales, que derivan su sustento de esta actividad, se toman andenes y calles, haciendo del sector una zona difícil de transitar. Allí choca la necesidad que tienen los informales de trabajar, con la afectación económica de los vendedores formales y el derecho al espacio público.
El conflicto, que cumple casi 20 años, aparentemente iba a tener solución luego de que el Consejo de Estado, en una acción popular de 2003, ordenó al Distrito y a la Alcaldía Local de San Cristóbal reubicar a los comerciantes callejeros, que según la Alcaldía son casi 1.500, mientras los denunciantes indican que serían casi cuatro mil. Los magistrados dieron un año para cumplir la sentencia, pero ha pasado casi una década y todo sigue igual. Por eso está en marcha un incidente de desacato para que sancionen a los que incumplieron.
Sin una solución de fondo, los ambulantes siguen trabajando en las calles legalmente, ya que se ampararán en un acuerdo de convivencia que firmaron con las autoridades locales en 1997, que los autoriza a vender en la calle los fines de semana.
Desacato
Ricardo Cifuentes Salamanca y Alejandro Barrera Huertas son los promotores del incidente de desacato que cursa trámite en el Tribunal Administrativo de Bogotá desde el pasado 14 de diciembre. Los quejosos, pese a que reconocen que la obra del Recinto Ferial sería parte de la solución, argumentan que se ha incumplido la sentencia, ya que la construcción no ha sido habilitada y el espacio es insuficiente para todos los vendedores.
“Han pasado nueve años y no han movido un dedo. Dicen que los van a reubicar en el Recinto Ferial, pero allí no tienen el espacio suficiente. Hemos promovido el desacato en cinco oportunidades, pero el tribunal ha tenido mano blandita y no ha querido hacer cumplir la orden del Consejo de Estado”, expresó el abogado Cifuentes Salamanca.
Ante la falta de resultados el profesional del derecho anunció que impulsará una acción de grupo en representación de los comerciantes formales, que se han visto afectados por los ambulantes, ya que están quebrados por esta situación. “Sé que es una papa caliente y que ahora le tocará enfrentarla al alcalde Petro”.
“Sí estamos cumpliendo”
Ante el señalamiento por el incumplimiento y el anunciado desacato, el Distrito y la Alcaldía de San Cristóbal responden que sí han tomado acciones para trasladar a todos los vendedores, como la construcción de una gran plazoleta, conocida como Recinto Ferial, ubicada cerca del portal de Transmilenio del barrio 20 de Julio. Sin embargo, pese a que la obra concluyó hace casi un año, aún no ha sido ocupada debido a una filtración de agua.
La Alcaldía de Bogotá ha dicho, además, que durante estos años han hecho operaciones y reuniones con los vendedores que serán reubicados en el Recinto Ferial, obra que costó casi ocho mil millones de pesos: “No es de recibo que digan que se le ha tomado el pelo al fallo, porque hay pruebas de se han tomado acciones para recuperar el espacio público”.
“La administración ha prestado especial cuidado en proteger el derecho al espacio público, sin vulnerar el derecho al trabajo. Muchos no han aceptado el proyecto de reubicación, al considerar que el nuevo sitio no les garantiza el mismo nivel de ganancias que devengan en el sector. Sin embargo, está cerca de la estación de Transmilenio, que garantiza flujo de transeúntes”, dijo la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá.
“En reunión del 26 de diciembre de 2011, la Secretaría Distrital de Gobierno y la Alcaldía de San Cristóbal indicaron que están comprometidos en la solución definitiva. Por eso, es procedente archivar el incidente de desacato”, concluyó.
El incidente sigue su trámite en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a la espera del análisis de esta discusión que no encuentra solución. Por ahora, seguirá el tire y afloje, en medio de un problema social que invade al barrio 20 de Julio de Bogotá.
Censo de vendedores ambulantes
El censo que tiene la Alcaldía de Bogotá de vendedores ambulantes en el 20 de Julio alcanza 1.470 personas. En el análisis de su situación económica, dicen que casi 600 cuentan con seguridad social en régimen contributivo y aportan a pensión. Otros 500 tienen salud en régimen subsidiado. De acuerdo con el estudio del Instituto para la Economía Social (IPES), 335 personas que trabajan como ambulantes tienen casa propia; incluso hay casos de tres de ellos que tienen hasta seis predios. El resto no tiene vivienda.
La calle 27 sur con carrera 6ª, en el barrio 20 de Julio de Bogotá, se convierte los fines de semana en uno de los más grandes mercados ambulantes, donde al menos dos mil comerciantes informales, que derivan su sustento de esta actividad, se toman andenes y calles, haciendo del sector una zona difícil de transitar. Allí choca la necesidad que tienen los informales de trabajar, con la afectación económica de los vendedores formales y el derecho al espacio público.
El conflicto, que cumple casi 20 años, aparentemente iba a tener solución luego de que el Consejo de Estado, en una acción popular de 2003, ordenó al Distrito y a la Alcaldía Local de San Cristóbal reubicar a los comerciantes callejeros, que según la Alcaldía son casi 1.500, mientras los denunciantes indican que serían casi cuatro mil. Los magistrados dieron un año para cumplir la sentencia, pero ha pasado casi una década y todo sigue igual. Por eso está en marcha un incidente de desacato para que sancionen a los que incumplieron.
Sin una solución de fondo, los ambulantes siguen trabajando en las calles legalmente, ya que se ampararán en un acuerdo de convivencia que firmaron con las autoridades locales en 1997, que los autoriza a vender en la calle los fines de semana.
Desacato
Ricardo Cifuentes Salamanca y Alejandro Barrera Huertas son los promotores del incidente de desacato que cursa trámite en el Tribunal Administrativo de Bogotá desde el pasado 14 de diciembre. Los quejosos, pese a que reconocen que la obra del Recinto Ferial sería parte de la solución, argumentan que se ha incumplido la sentencia, ya que la construcción no ha sido habilitada y el espacio es insuficiente para todos los vendedores.
“Han pasado nueve años y no han movido un dedo. Dicen que los van a reubicar en el Recinto Ferial, pero allí no tienen el espacio suficiente. Hemos promovido el desacato en cinco oportunidades, pero el tribunal ha tenido mano blandita y no ha querido hacer cumplir la orden del Consejo de Estado”, expresó el abogado Cifuentes Salamanca.
Ante la falta de resultados el profesional del derecho anunció que impulsará una acción de grupo en representación de los comerciantes formales, que se han visto afectados por los ambulantes, ya que están quebrados por esta situación. “Sé que es una papa caliente y que ahora le tocará enfrentarla al alcalde Petro”.
“Sí estamos cumpliendo”
Ante el señalamiento por el incumplimiento y el anunciado desacato, el Distrito y la Alcaldía de San Cristóbal responden que sí han tomado acciones para trasladar a todos los vendedores, como la construcción de una gran plazoleta, conocida como Recinto Ferial, ubicada cerca del portal de Transmilenio del barrio 20 de Julio. Sin embargo, pese a que la obra concluyó hace casi un año, aún no ha sido ocupada debido a una filtración de agua.
La Alcaldía de Bogotá ha dicho, además, que durante estos años han hecho operaciones y reuniones con los vendedores que serán reubicados en el Recinto Ferial, obra que costó casi ocho mil millones de pesos: “No es de recibo que digan que se le ha tomado el pelo al fallo, porque hay pruebas de se han tomado acciones para recuperar el espacio público”.
“La administración ha prestado especial cuidado en proteger el derecho al espacio público, sin vulnerar el derecho al trabajo. Muchos no han aceptado el proyecto de reubicación, al considerar que el nuevo sitio no les garantiza el mismo nivel de ganancias que devengan en el sector. Sin embargo, está cerca de la estación de Transmilenio, que garantiza flujo de transeúntes”, dijo la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Bogotá.
“En reunión del 26 de diciembre de 2011, la Secretaría Distrital de Gobierno y la Alcaldía de San Cristóbal indicaron que están comprometidos en la solución definitiva. Por eso, es procedente archivar el incidente de desacato”, concluyó.
El incidente sigue su trámite en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a la espera del análisis de esta discusión que no encuentra solución. Por ahora, seguirá el tire y afloje, en medio de un problema social que invade al barrio 20 de Julio de Bogotá.
Censo de vendedores ambulantes
El censo que tiene la Alcaldía de Bogotá de vendedores ambulantes en el 20 de Julio alcanza 1.470 personas. En el análisis de su situación económica, dicen que casi 600 cuentan con seguridad social en régimen contributivo y aportan a pensión. Otros 500 tienen salud en régimen subsidiado. De acuerdo con el estudio del Instituto para la Economía Social (IPES), 335 personas que trabajan como ambulantes tienen casa propia; incluso hay casos de tres de ellos que tienen hasta seis predios. El resto no tiene vivienda.