Amenaza alta. Esas dos palabras alarmantes parecen desligadas del plácido discurrir que por estos días muestra la quebrada Limas, en la localidad de Ciudad Bolívar, sur de Bogotá. Uno la ve en su paso por el barrio San Francisco, un punto de los 11,6 kilómetros que recorre antes de desembocar en el río Tunjuelo, y parece inofensiva. Un riachuelo en medio de un barrio no parece nada mal. Pero en este caso, y según las autoridades, lo es. La quebrada muestra su faceta rebelde en épocas lluviosas y los efectos son inconvenientes para quienes ocupan las construcciones enclavadas en los bordes del cauce desde hace 60 años. Inunda algunos terrenos. Desmorona otros.
Esos vecinos deben irse de allí y el Distrito debe darles garantías. Lo dice el concepto técnico que el 21 de agosto del año pasado emitió el Idiger, entidad encargada de la gestión del riesgo en Bogotá y que identificó 820 predios “en la zona de amenaza alta por avenidas torrenciales e inundación de la quebrada Limas”. Son 526 predios construidos y 294 lotes vacíos, distribuidos en 11 barrios. Son 584 familias, 2.194 personas.
Los estudiantes del colegio San Francisco son una cara de esta realidad. Dos de sus tres sedes fueron construidas a lado y lado de la quebrada y acogen a diario a 1.500 niños que cursan entre preescolar y cuarto de primaria. En recreo juegan en canchas a las que tan sólo unas mallas separan del cauce. Para el Distrito, el riesgo es patente, al punto que en febrero la Secretaría de Educación quiso levantar aulas prefabricadas en la tercera sede, que no está al lado del agua pero también se ha inundado, para que los pequeños recibieran clases mientras se hallaba una solución definitiva. Cuando los estudiantes más grandes se toparon con los materiales en el piso de una cancha se indignaron y entraron en un paro de una semana.
Entonces se conformó una mesa de diálogo con autoridades, por la que han gravitado muchas propuestas, pero no hay hasta ahora una solución concreta. Estudiantes y padres de familia se han plantado en pedir la reubicación en un lote cercano y han rechazado la propuesta de la Secretaría de trasladar los estudiantes a colegios de otras localidades, así les subsidien el transporte escolar. El rector, César López, considera esta opción como el primer paso al desarraigo de las familias y los estudiantes. “Se necesita un lote y ya. No puede haber otra solución”, pide la líder estudiantil Laura Cely. Pero el Distrito, por razones técnicas y jurídicas, no ha aceptado los predios que la comunidad ha puesto a su consideración.
Ante la falta de acuerdo, la Dirección Local de Educación llegó a ordenar el cierre de los cupos para estudiantes que pidieran ingreso, medida sensible para un colegio al que en cualquier momento llegan alumnos, sobre todo víctimas de desplazamiento forzado de otros municipios. La medida fue tan impopular que la reversaron, por lo que sigue pendiente una salida cierta.
La petición de reubicación también involucra un jardín infantil, un puesto de salud, un CAI de la Policía, una sede de la Defensa Civil y, claro está, las casas de la zona de influencia de la quebrada. Las calles de los barrios dejan ver mojones que demarcan esa franja, pero, aunque son muestra de la alerta, parece reinar la tranquilidad. Una muestra de ello la da Carlos Marín, de la Junta de Acción Comunal del barrio Juan Pablo II: “Demasiado peligro en la quebrada no lo ve uno. A la gente no le ha pasado nada. Esto nadie lo entiende”. Considera que los precios que ofrece el Distrito por las casas que pretende que los habitantes desocupen son muy bajos y que las ofrecidas para reubicarlos son muy pequeñas, “unas jaulitas”.
Sixta Torres, líder comunal del barrio San Francisco y antigua habitante del sector, recuerda que les han hablado del tema desde los 90, con proyectos para ampliar el margen de la quebrada, pero se ha hecho caso omiso, al punto que en aquella época hubo quienes siguieron invadiendo terrenos que hoy deben estar despejados.
Para el momento en que el Idiger emitió su concepto, contó 100 predios que la Empresa de Acueducto había adquirido o estaba en proceso de negociación para hacerlo. Y aunque no fue posible hablar con representantes de la entidad de gestión del riesgo antes del cierre de esta edición, un informe en su página web admite que la comunidad ha mostrado una actitud defensiva que atribuye a “tergiversaciones de información producto de charlas cotidianas entre vecinos”, pero que se ha adelantado una discusión con la gente sobre los riesgos y el proceso de reasentamiento y adquisición predial.
El alcalde local (e) de Ciudad Bolívar, Cristóbal Padilla, dice que, desde que se conoció el concepto del Idiger, la Alcaldía ha hecho seguimiento, pero que “hay acciones de mediano y largo plazo, como la ejecución de obras de mitigación, que requieren agotar una serie de pasos antes de iniciarlas”. Aquí la espera, en medio de la “amenaza alta”, es común denominador.
Por Carlos Hernández Osorio
