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Un nuevo proyecto toma formalidad en Bogotá. Para esta oportunidad, la gerente general de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Natasha Avendaño, durante el 68° Congreso Internacional de ACODAL, anunció que Bogotá está a pocos meses de iniciar el proyecto ambiental de la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Canoas.
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¿Qué se espera con el proyecto?
En su intervención, la gerente destacó que la descontaminación del río Bogotá debe ser una prioridad para todos los colombianos, ya que su recuperación beneficiará a 80 municipios en 20 departamentos del país.
“El río Bogotá entrega grandes beneficios, el 45% del agua que se consume en Bogotá proviene de su cuenca, representa el 8% de la demanda energética nacional y el 41% de la actividad productiva se concentra en sus alrededores”, señaló, Natasha Avendaño.
Además, la gerente indicó que la seguridad hídrica no solo depende de la gestión del agua potable, sino también del tratamiento adecuado de las aguas residuales.
En este sentido, afirmó que el país debe hacer grandes esfuerzos, ya que solo el 42,6 % de dichas aguas son tratadas.
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“Tendrá una capacidad de tratamiento de 16 metros cúbicos por segundo, lo que equivale a una piscina olímpica cada dos segundos. Su impacto será tal, que nos permitirá avanzar como país en un 23% en el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6.3, relacionado con la calidad del agua y su tratamiento”, concluyó.
En el Congreso Internacional de @ACODAL, nuestra gerente general Natasha Avendaño, presentó en una Master Class cómo avanzamos hacia una gestión del agua más sostenible, alineada con los principios de economía circular.
— Acueducto de Bogotá (@AcueductoBogota) May 7, 2025
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Antecedentes del proyecto
Desde que se ordenó descontaminar el río Bogotá en 2004 se fue trabajando de a poco en el proyecto de la PTAR Canoas. Sus primeros pasos se remontan a 2009 cuando el gobierno de Samuel Moreno adjudicó al Consorcio Canoas (CASS Constructores y Odebrecht S.A. Colombia) el contrato para construir el interceptor Tunjuelo - Canoas, que consistía en dos túneles (principal y de emergencia), para llevar las aguas residuales a la futura planta de tratamiento, descontaminarlas, y luego verterlas al embalse del Muña, en donde ayudarían a la generación de energía.
Sin embargo, todo salió mal. Cuando la obra completaba 96 % de avance, el Consejo de Estado suspendió la obra en 2012, para resolver un pleito derivado de las decisiones que adoptó la administración de Gustavo Petro, que consideraba más económico para la ciudad completar la obra en el sector de El Charquito y no tener que hacer una planta elevadora, que solo beneficiaba a Emgesa. “El Distrito no tiene por qué invertir dineros públicos e incluso aumentar tarifas (6,4 %) a los ciudadanos para ayudarle a Emgesa”, dijo en su momento.
La decisión derivó en pleitos legales que llevaron a la parálisis de la obra y a que las dos tuneladoras quedaran sepultadas por años, oxidándose a 70 metros de profundidad. En medio de esto fue que reventó el escándalo de Odebrecht y cómo se favoreció a la empresa brasilera para adjudicarle el contrato.
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En 2014, con la ratificación de la sentencia que ordenaba descontaminar el río Bogotá, el Distrito, la Gobernación y la CAR obtuvieron luz verde para avanzar en las siguientes etapas del complejo de saneamiento. La primera decisión, por ejemplo, se tomó en 2017, con la declaratoria de cierre financiero del proyecto. Este paso fue clave en su momento, porque elaboró el plan mediante el cual los tres entes marcaban el camino para reunir los recursos necesarios para la construcción de la PTAR.
El desenlace del lío de las tuneladoras llegó durante la administración de Enrique Peñalosa, con una nueva orden del Consejo de Estado para extraerlas de las entrañas de la tierra. Y entonces, este cuento sobre desaciertos en la ejecución de proyectos se dio con una escena para el recuerdo en 2018: trabajadores del acueducto trabajando 24 horas en contra jornada, por varias semanas, para desenterrarlas y así continuar con el proceso de construcción y darle rienda suelta a la estación elevadora, que el propio Peñalosa dejó contratada.
Desde el episodio anecdótico han aparecido otros obstáculos para el proyecto, aunque menos gráficos y llamativos. En 2019, por ejemplo, la CAR amenazó con retirar su parte de los recursos, alegando impresiones en el proyecto, pero tuvo corregir a los pocos días tras una decisión judicial del Tribunal de Cundinamarca. Por otro lado, desde que se firmó en 2018 el contrato con el Consorcio EE Canoas para construir la planta elevadora, la cual debía estar lista en agosto de 2022, sigue presentando demoras. Entre 2024 y 2024 apenas pasó de un avance de 82% a 92%. Hoy la nueva fecha de entrega es noviembre de 2025.
Ya, en la administración de Claudia López, finalmente se puso en marcha el proceso previo para abrir la licitación y elegir al constructor del corazón de todo el proyecto: la PTAR Canoas. Sin embargo, el 25 de marzo de 2023, vino la medida cautelar, con la que el Tribunal de Cundinamarca suspendió el proceso.
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Por Redacción Bogotá
