Descontaminación del río Bogotá no se puede paralizar por sanciones: Procuraduría

En marzo de 2014, el Consejo de Estado emitió una sentencia en la que ordenó implementar medidas para recuperar el río Bogotá. / Archivo El Espectador.

La Procuraduría se refirió este jueves a la decisión del director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), Néstor Guillermo Franco, de no firmar los convenios de cofinanciación de plantas de tratamiento de aguas residuales que estaban en camino, ni ejecutar los acuerdos firmados en el marco del cumplimiento de la sentencia del Consejo de Estado que en marzo de 2014 ordenó implementar medidas para la recuperación del río Bogotá. Para el ente de control, esta obligación no puede incumplirse por la decisión de destituir e inhabilitar por 10 años al director de la CAR. (LEA: CAR suspende financiación de proyecto para descontaminar el río Bogotá)

Por este motivo el procurador general, Fernando Carrillo, anunció que el Ministerio Público convocará dos mesas de trabajo para evaluar desde la próxima semana el avance de la descontaminación del río Bogotá. “Las decisiones tomadas hasta el momento para viabilizar el proyecto PTAR Canoas, están en firme y no las puede revocar ningún funcionario de manera unilateral. El deber de cumplimiento de la acción popular para la descontaminación del río Bogotá, es un imperativo”, aseguró el procurador Carrillo.

En dicho informe, la funcionaria recoge los compromisos adquiridos en el engranaje para sanear el afluente, y evidencia que tanto la CAR como las otras entidades suscribieron sus obligaciones a título institucional, y cada funcionario a título personal. Según el informe, en este momento está en curso el trámite para la contratación de la PTAR, que tendría vía libre en 2020 de acuerdo con la planeación diseñada por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), entidad que hizo los primeros estudios técnicos para construir la planta.

Con las dos mesas de trabajo que realizará la Procuraduría, ya serán 20 las reuniones que se realizado para vigilar la construcción de la PTAR, la estación elevadora y las demás acciones en pro de la descontaminación del río Bogotá. En la primera de las mesas de trabajo que convocará la Procuraduría la próxima semana estarán las cabezas del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y la EAAB. En la segunda estará presente el consejo directivo de la CAR.

“El Ministerio Público continuará su vigilancia para que los ciudadanos que hacen los aportes a la CAR, para la financiación de estos proyectos, no vean frustrados sus derechos constitucionales a la salubridad, saneamiento y acceso al agua potable”, puntualizó Carrillo Flórez, quien recordó que las acciones para la descontaminación del río son adelantadas no solo por la CAR sino por otras entidades.

En marzo, la CAR aprobó $1,5 billones de vigencias futuras entre 2023 y 2049, con lo que quedaron asegurados los recursos necesarios para la construcción de la PTAR, cuya función es la de garantizar el tratamiento de todas las aguas negras de Bogotá y Soacha. Sin embargo, al proyecto también destinaron recursos la Alcaldía de Bogotá ($2,94 billones) y la Gobernación de Cundinamarca ($61.000 millones).