Lo que durante años se presentó como un refugio para perros rescatados de la calle terminó bajo la lupa de las autoridades. La Fiscalía General de la Nación judicializó a una mujer señalada de mantener a más de 300 caninos en condiciones que, según la investigación, comprometían gravemente su salud y bienestar.
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Los hechos ocurrieron en un predio ubicado entre las veredas Vático y Eseas, en el municipio de Carmen de Carupa (Cundinamarca), donde funcionaba un hogar de protección animal que recibía donaciones y aportes destinados al cuidado de perros abandonados o en riesgo.
Sin embargo, de acuerdo con la Fiscalía, en diferentes diligencias realizadas junto con la Policía Nacional y el Instituto de Protección y Bienestar Animal de Cundinamarca (IPYBAC), se evidenció que el lugar habría operado en condiciones inadecuadas para albergar la cantidad de animales que permanecían allí.
Según las autoridades, en el inmueble llegaron a permanecer más de 300 perros en situación de encierro, sin que existieran las condiciones necesarias para garantizar su protección y cuidado.
Durante una visita realizada el 12 de agosto de 2022, los funcionarios encontraron animales que, presuntamente, no contaban con acceso suficiente a alimento y agua. Además, varios de ellos presentaban signos de desnutrición, enfermedades y lesiones que habrían afectado su estado de salud.
La Fiscalía indicó que las condiciones detectadas comprometían la integridad física y el bienestar de los caninos, por lo que avanzó en la investigación del caso.
Por estos hechos, un fiscal del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA) imputó a María Constanza García Aguirre, señalada propietaria del albergue, el delito de maltrato animal. Durante la audiencia, la procesada no aceptó los cargos.
El caso vuelve a poner sobre la mesa los retos que enfrentan algunas fundaciones y hogares de protección animal cuando el número de animales supera la capacidad real de atención, así como la importancia de garantizar condiciones adecuadas de alimentación, salud y bienestar para los perros rescatados.
¿Qué penas contempla la ley por maltrato animal?
En Colombia, la Ley 1774 de 2016 reconoce a los animales como “seres sintientes” y establece sanciones penales y económicas para quienes incurran en actos de maltrato, violencia o crueldad.
La norma señala que los casos de maltrato que no causen la muerte o lesiones graves pueden ser sancionados con multas entre cinco y 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Sin embargo, cuando las agresiones provocan la muerte del animal o afectan gravemente su salud e integridad física, las penas pueden ir desde 12 hasta 36 meses de prisión, además de multas de cinco a 60 salarios mínimos e inhabilidades para ejercer actividades relacionadas con animales.
La ley también establece agravantes que pueden aumentar las penas hasta en tres cuartas partes. Entre estos casos se encuentran hechos cometidos con sevicia, en espacios públicos, en presencia de menores de edad o cuando se involucran actos sexuales contra animales.
Además, la norma contempla el decomiso del animal y medidas de protección para garantizar su bienestar.
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Por Redacción Bogotá
