Desplazados en medio de teléfono roto entre Distrito y Nación

Poblar de Santa Marta, un proyecto de vivienda para 864 familias desplazadas, aprobado en agosto de 2011 con subsidios tanto del Distrito y la Nación, está hoy en vilo, por cuenta de la falta de comunicación existente entre el Ministerio de Vivienda y la secretaría de Hábitat del Distrito.

Como reveló este diario el pasado viernes, el proyecto de vivienda prioritaria, ubicado en un predio de Compensar en la localidad de Usme, aunque cuenta con todas las licencias, está desfinanciado en poco más de $5.400 millones de pesos. El desfase se debe a que la administración de Samuel Moreno postuló el proyecto a Fonvivienda –entidad de subsidios del Gobierno nacional– sin incluir los cálculos de mitigación de riesgos del proyecto, establecidos mucho tiempo después por el Distrito a través del Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias (Fopae).

Aunque la secretaría de Hábitat consiguió el año pasado darle el visto bueno a la compleja tramitología que subyace a todo proyecto de construcción, la demora en la expedición de los criterios de riesgo de la Fopae no permitieron que el Distrito cayera en cuenta a tiempo de que faltaban recursos para el proyecto y que estos, quizás, podrían subsanarse a través del nuevo programa del Gobierno nacional, que extendió hasta 70 salarios mínimos el subsidio a las familias con este tipo de vivienda.

Sin embargo, en medio de las múltiples y graves tensiones que se han vivido en los últimos meses entre la cartera nacional y la cartera distrital, el proyecto de Poblar de Santa Marta ha quedado en el limbo, víctima de la falta de comunicación entre ambas entidades y mutuas acusaciones.

En el reportaje publicado la semana pasada en estas páginas, el viceministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, responsabilizó al Distrito por la tardanza en la expedición de todo el papeleo, que condujo a que se supiera muy tarde el costo de las obras que debían realizarse en el predio de Compensar.

La secretaria de Hábitat, Maria Mercedes Maldonado, aunque reconoce que, en efecto, faltó celeridad en el Distrito para determinar estos costos, asegura que el proyecto aún está tiempo de salvarse si este se incorpora a los 8.100 cupos que habían sido destinados originalmente a Bogotá dentro del programa de vivienda gratuita del ministro Germán Vargas Lleras, y que por la escasa disponibilidad de suelo en la ciudad, no han sido empleados aún.

Lo grave para las 864 familias beneficiarias de estos subsidios en 2011, es que la difícil relación entre Distrito y Nación parecería estar facilitando la identificación de salidas para reanimar un proyecto de vivienda para las víctimas del conflicto armado que está casi listo.

El Espectador conoció tres misivas enviadas por Maldonado al viceministro Henao, solicitándole que con fondos del programa de viviendas gratuitas, permitiera cubrir el déficit del proyecto (unos 11 salarios mínimos vigentes por familia, o $5 millones de pesos). Las misivas fueron enviadas el 17 de diciembre, el 16 de enero y el 11 de febrero, sin que ninguna de ellas –sostiene la secretaría de Hábitat– hubiera sido respondida oficialmente por Henao o su despacho.

La situación ha ido agravándose hasta el punto que, en su última carta, la secretaria Maldonado cuestionaba incluso la voluntad y el compromiso del Gobierno nacional de garantizarle a los desplazados el derecho a la vivienda. “Sea el momento de manifestar formalmente nuestra preocupación porque las reglas del programa de vivienda gratuita conduzcan a excluir del derecho de acceso a la vivienda a otros hogares en condiciones de vulnerabilidad y, específicamente, a las víctimas del desplazamiento por el conflicto armado interno”.

Consultado posteriormente por este diario, Henao negó que no se le haya dado respuesta a Maldonado. “En varias reuniones de la Procuraduría hemos manifestado que el Ministerio está buscando recursos en el Departamento para la Prosperidad Social. Sin embargo, sólo financiaremos el 60% del sobrecosto, porque la ineficiencia del Distrito no se puede trasladar a la Nación”.

La secretaria Maldonado le dijo a este diario que no tiene conocimiento de que este ofrecimiento se haya hecho en las mesas conjuntas de la Procuraduría. Y añadió que el Distrito “no tiene base legal para incrementar los subsidios de vivienda más allá de lo estipulado por el Decreto 539 de 2012, que son 26 salarios mínimos”. Para el Distrito, la única manera de evitar que los beneficiarios de Poblar de Santa Marta tengan que pagar de su bolsillo $5 millones, es a través de los subsidios de la Nación, que tienen como tope 70 salarios, gracias a la Ley de Vivienda aprobada el año pasado.

Una vez más, las cosas parecen no fluir entre Nación y Distrito, teniendo como damnificados finales al grupo de desplazados que en 2011 comenzaron a soñar con tener una casa propia, así como a los empresarios que asumieron los riesgos de poner el predio y construir el proyecto. Mientras la incomunicación continúa entre los titulares de ambas carteras, en el Distrito ya se comienza a vislumbrar una opción desesperada: acudir a la Corte Constitucional para que haga cumplir la sentencia T025 de 2004, que ordenó la protección de la población desplazada.
En twitter: @donmaldo

Poblar de Santa Marta, un proyecto de vivienda para 864 familias desplazadas, aprobado en agosto de 2011 con subsidios tanto del Distrito y la Nación, está hoy en vilo, por cuenta de la falta de comunicación existente entre el Ministerio de Vivienda y la secretaría de Hábitat del Distrito.

Como reveló este diario el pasado viernes, el proyecto de vivienda prioritaria, ubicado en un predio de Compensar en la localidad de Usme, aunque cuenta con todas las licencias, está desfinanciado en poco más de $5.400 millones de pesos. El desfase se debe a que la administración de Samuel Moreno postuló el proyecto a Fonvivienda –entidad de subsidios del Gobierno nacional– sin incluir los cálculos de mitigación de riesgos del proyecto, establecidos mucho tiempo después por el Distrito a través del Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias (Fopae).

Aunque la secretaría de Hábitat consiguió el año pasado darle el visto bueno a la compleja tramitología que subyace a todo proyecto de construcción, la demora en la expedición de los criterios de riesgo de la Fopae no permitieron que el Distrito cayera en cuenta a tiempo de que faltaban recursos para el proyecto y que estos, quizás, podrían subsanarse a través del nuevo programa del Gobierno nacional, que extendió hasta 70 salarios mínimos el subsidio a las familias con este tipo de vivienda.

Sin embargo, en medio de las múltiples y graves tensiones que se han vivido en los últimos meses entre la cartera nacional y la cartera distrital, el proyecto de Poblar de Santa Marta ha quedado en el limbo, víctima de la falta de comunicación entre ambas entidades y mutuas acusaciones.

En el reportaje publicado la semana pasada en estas páginas, el viceministro de Vivienda, Luis Felipe Henao, responsabilizó al Distrito por la tardanza en la expedición de todo el papeleo, que condujo a que se supiera muy tarde el costo de las obras que debían realizarse en el predio de Compensar.

La secretaria de Hábitat, Maria Mercedes Maldonado, aunque reconoce que, en efecto, faltó celeridad en el Distrito para determinar estos costos, asegura que el proyecto aún está tiempo de salvarse si este se incorpora a los 8.100 cupos que habían sido destinados originalmente a Bogotá dentro del programa de vivienda gratuita del ministro Germán Vargas Lleras, y que por la escasa disponibilidad de suelo en la ciudad, no han sido empleados aún.

Lo grave para las 864 familias beneficiarias de estos subsidios en 2011, es que la difícil relación entre Distrito y Nación parecería estar facilitando la identificación de salidas para reanimar un proyecto de vivienda para las víctimas del conflicto armado que está casi listo.

El Espectador conoció tres misivas enviadas por Maldonado al viceministro Henao, solicitándole que con fondos del programa de viviendas gratuitas, permitiera cubrir el déficit del proyecto (unos 11 salarios mínimos vigentes por familia, o $5 millones de pesos). Las misivas fueron enviadas el 17 de diciembre, el 16 de enero y el 11 de febrero, sin que ninguna de ellas –sostiene la secretaría de Hábitat– hubiera sido respondida oficialmente por Henao o su despacho.

La situación ha ido agravándose hasta el punto que, en su última carta, la secretaria Maldonado cuestionaba incluso la voluntad y el compromiso del Gobierno nacional de garantizarle a los desplazados el derecho a la vivienda. “Sea el momento de manifestar formalmente nuestra preocupación porque las reglas del programa de vivienda gratuita conduzcan a excluir del derecho de acceso a la vivienda a otros hogares en condiciones de vulnerabilidad y, específicamente, a las víctimas del desplazamiento por el conflicto armado interno”.

Consultado posteriormente por este diario, Henao negó que no se le haya dado respuesta a Maldonado. “En varias reuniones de la Procuraduría hemos manifestado que el Ministerio está buscando recursos en el Departamento para la Prosperidad Social. Sin embargo, sólo financiaremos el 60% del sobrecosto, porque la ineficiencia del Distrito no se puede trasladar a la Nación”.

La secretaria Maldonado le dijo a este diario que no tiene conocimiento de que este ofrecimiento se haya hecho en las mesas conjuntas de la Procuraduría. Y añadió que el Distrito “no tiene base legal para incrementar los subsidios de vivienda más allá de lo estipulado por el Decreto 539 de 2012, que son 26 salarios mínimos”. Para el Distrito, la única manera de evitar que los beneficiarios de Poblar de Santa Marta tengan que pagar de su bolsillo $5 millones, es a través de los subsidios de la Nación, que tienen como tope 70 salarios, gracias a la Ley de Vivienda aprobada el año pasado.

Una vez más, las cosas parecen no fluir entre Nación y Distrito, teniendo como damnificados finales al grupo de desplazados que en 2011 comenzaron a soñar con tener una casa propia, así como a los empresarios que asumieron los riesgos de poner el predio y construir el proyecto. Mientras la incomunicación continúa entre los titulares de ambas carteras, en el Distrito ya se comienza a vislumbrar una opción desesperada: acudir a la Corte Constitucional para que haga cumplir la sentencia T025 de 2004, que ordenó la protección de la población desplazada.
En twitter: @donmaldo