Cansados de que “el Gobierno no brinde alternativas para llevar una vida digna”, más de cien desplazados de departamentos como Huila, Santander, Norte de Santander y Tolima cogieron sus ropas y sus niños y llegaron como pudieron hace casi tres meses a la capital colombiana. Debajo de un puente en el exclusivo sector de Usaquén (norte de Bogotá) acomodaron carpas para protestar pacíficamente por los derechos que, dicen, han sido vulnerados por el Gobierno al no garantizarles condiciones mínimas de vivienda, educación y salud cuando estaban en sus tierras.
Cada familia tiene su propia historia y necesidades: algunas dicen haber huido de sus tierras por causa del paramilitarismo; otras, por la guerrilla; también hay quienes cuentan que la pobreza y la falta de oportunidades los han obligado a buscar alternativas en la ciudad. Lo cierto es que varios de esos grupos familiares se asentaron en Kennedy, localidad del suroccidente de la ciudad, hace ya varios años. Algunos llevan mucho menos. Y aunque sus procedencias son diversas, un mismo objetivo los convoca: exigirle al Gobierno que les garantice una vivienda digna, bien sea en sus lugares de origen o en Bogotá.
Sin embargo, el Distrito les viene prestando atención desde que iniciaron el plantón, a través de la oficina de la Alta Consejería para los Derechos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación. Desde muy temprano en la mañana llegan a diario funcionarios para proveer, a quienes se encuentran en el censo de víctimas, tres comidas diarias, atención en salud e información para que los campesinos sepan de la oferta de servicios y planes a los que pueden acceder en su condición. Pero el panorama no es nada fácil. Los procesos son más lentos por tratarse de un asunto que no sólo le compete al Distrito sino a la Nación.
“Nos hemos sentado cuatro veces con funcionarios distritales para buscarle soluciones a nuestra difícil condición, pero nada de eso ha resultado”, asegura Pedro Nel Cardona, vocero de las víctimas, y añade que la situación se pone más difícil día a día porque los niños se están enfermando a causa de la contaminación de los vehículos que transitan por la avenida. Al respecto, la Alta Consejería argumenta que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha monitoreado en las últimas semanas a cada uno de los infantes sin encontrar anomalías en la salud.
El caso es que las tensiones entre la Alcaldía y el líder de este grupo de desplazados se hacen cada vez más evidentes. Adriana Ferrer Medina, responsable del componente de reparación de la Alta Consejería para las Víctimas, le manifestó a este diario su preocupación: “Aquí hay un asunto muy, muy grave, y es que no se ha podido llegar a ningún acuerdo porque el líder de la manifestación (Pedro Nel Cardona) está generando desinformación en el proceso con las víctimas y tiene al Distrito y a los campesinos en una guerra sin salida. Nos ven como enemigos. Hay intimidación. Tanto es así, que cuando llegamos para brindarles información nos amenazan con piedras”.
A propósito de esas visitas, el vocero de los campesinos fue enfático: “A este puente, que ha sido nuestro hogar por estos meses y que lo seguirá siendo hasta que nos den soluciones, han venido varios funcionarios a lavarles el cerebro a los manifestantes. Incluso hace dos semanas se fueron 20 familias porque se comieron el cuento de la ‘reparación integral’ de la que habla el Gobierno. Nosotros somos claros: si incluso tenemos que llegar a una huelga de hambre, lo haremos”, expresó Cardona. ¿Dónde está, entonces, la piedra en el zapato? Si las víctimas buscan reparación y el Distrito dice estar correspondiendo, ¿por qué la asidua resistencia a dejar el puente, pese a los casos de bronconeumonía, varicela e inseguridad que se han presentado?
“Creemos que la razón por la cual se ha entorpecido el proceso de reparación y ayuda para las familias plantadas en el puente de la 116 es el liderazgo que tienen. Les han vendido una idea falsa. Les han hecho creer que sus peticiones —que además no están bien claras y estructuradas— se resuelven de la noche a la mañana. Y no es así. Ellos tienen que solicitar, como todas las víctimas, un proceso de reparación integral. Para ello deben, primero, inscribirse en el Registro Único de Víctimas, y varios de ellos ni siquiera lo han hecho. Les hemos ofrecido abogados para que los acompañen y les expliquen cómo es el procedimiento, pero tampoco han querido acceder a esa ayuda”, asegura Adriana Ferrer.
Esta funcionaria del Distrito manifiesta su impotencia ante la situación por no poder hablar directamente con las víctimas y tener que hacerlo a través de “una persona tan reacia y agresiva como su líder”. Sin embargo asegura que es la única vía, hasta que alguna de las familias presente, dado el caso, una queja contra Pedro Nel Cardona o una petición para hablar directamente con los funcionarios del Distrito, pues Cardona es enfático en no permitir que las familias hablen con autoridades, como lo pudo corroborar este diario en la visita que realizó al lugar: “Nosotros no podemos decir nada, no estamos autorizados. Vaya hable con don Pedro Nel. Él es el líder”, comentó una señora mientras miraba con reparo que no la descubrieran hablando con los medios.
Son 15 puntos los que las víctimas piden para ser reparadas, entre los que se encuentran, fundamentalmente, la restitución de su tierra o la entrega de viviendas. De esos 15 puntos, sin embargo, el Distrito asegura que sólo es factible el cumplimiento de siete. Es tal el desacuerdo entre los desplazados y la Alcaldía que ni siquiera existe un consenso sobre el número de personas que hacen parte del plantón en el puente de la calle 116 con carrera 9ª. Según Pedro Nel Cardona, son 121. El Distrito, no obstante, habla en su lista oficial de 74 personas: 34 de ellas categorizadas como población vulnerable y 40 como víctimas.
Este mes se han presentado varias situaciones de peligro, denuncia Cardona: “La semana pasada le lanzaron una botella a un niño y lo hirieron. Han llegado panfletos con amenazas: que si no desocupamos ya, nos atengamos a las consecuencias. Las niñas están expuestas porque a veces tienen que hacer sus necesidades en la calle y no falta el morboso que las vigila”. El vocero de este grupo de desplazados también manifiesta que una de las razones por las cuales se plantaron allí es porque al frente está la sede de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. No es mucho, sin embargo, lo que ese organismo puede hacer por ellos. Esa tarea pendiente es de los gobiernos local y nacional.
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Por Isabel Junca
