Detrimento por invasión

Los infructuosos planes por solucionar la invasión del espacio público en el tradicional sector del 20 de Julio de Bogotá sólo le han generado pérdidas al Distrito. Esa es una de las conclusiones de la reciente auditoría que realizó la Contraloría Distrital al Instituto para la Economía Social (IPES), una de las entidades encargadas de la reubicación de los vendedores ambulantes. Aunque los planes vienen de administraciones anteriores (el Consejo de Estado ordenó en 2003 la reubicación), a esta administración también se le agotó el tiempo.

Las pérdidas no son pocas. Según el ente de control, el detrimento sería cercano a los $8.000 millones, dinero que se ha invertido en compra de los espacios, las obras de adecuación y servicios públicos. A pesar de que los planes vienen desde 2003, a la fecha éstos siguen vacíos, mientras los vendedores continúan en la calle. La auditoría menciona tres sitios: lote Los Sierra (calle 22 sur N° 5-14), entregado en 2009 con 111 puestos, para vendedores de frutas y verduras; la plazoleta de comidas (calle 26 sur N° 6-27), que se entregó en 2008, con 37 puestos, pero lo cerraron para hacerle adecuaciones por recomendaciones de salubridad, y el Recinto Ferial del 20 de Julio (diagonal 30A sur N° 6-95), con 1.115 puestos desocupados desde 2012.

Frente al informe, Camilo Gómez, director del IPES, reconoce que administraciones pasadas hicieron inversiones, pero incumplieron los acuerdos. De ahí que la Contraloría hable de un posible detrimento. Sin embargo, aclaró que desde que él está en la institución, la instrucción es cumplir los acuerdos y el fallo del Consejo de Estado, que ordena reubicar a casi 1.200 vendedores. Agrega que desde enero hay un cronograma y esperan hacer reubicaciones antes de terminar el año. “Llegamos a hacer compromisos serios. Hemos hecho mesas de concertación con los vendedores y esperamos sacar adelante estas iniciativas, para que estas inversiones no sean una pérdida para el Distrito”.

El Espectador recorrió el sector donde se encuentran los lotes cuestionados y habló con algunos de los vendedores. Allí hay opiniones divididas. Mientras algunos argumentan que los espacios destinados por el IPES son pequeños y no venderían lo mismo, hay otros que sí quieren la formalización de su trabajo, porque sienten que la formalización dignificaría su trabajo.

“A algunos les gusta el desorden, pero yo sí quiero pasarme al local. Así me cobren, sé que allá el trabajo es seguro y estable”, expresó Gustavo Rojas, un vendedor de calzado, quien agrega: “Sabemos que se está concretando lo de la reubicación y estamos esperando a que nos digan cuándo será”, agregó.

Pompilio Reyes, vendedor de dulces y minutos de celular, lleva tres años en el sector y aseguró que hace ocho meses está inscrito en la administración del Recinto Ferial, para ser reubicado, pero que a la fecha no ha recibido ninguna información de lo que está pasando con las carpas. “Nosotros nos inscribimos y como que todavía no han dado la orden para ocuparlas”.

Ante las dudas de la posible fecha de reubicación, el director del IPES señaló que se espera, por ejemplo, concretar la del Recinto Ferial a partir del 2 de diciembre. Por su parte, la del lote de Los Sierra, espera tener el mobiliario para el 22 de diciembre, que responda con las necesidades de los vendedores.

Un compromiso de todos

Para minimizar los riesgos a los que se pueden ver sometidos los vendedores reubicados, el IPES busca soluciones. Su director Camilo Gómez señaló que, como la tarea no es sólo del IPES, ha pedido apoyo en las mesas de trabajo intersectorial, especialmente a la Secretaría de Movilidad, a la Policía y al alcalde local de San Cristóbal. La idea es brindar la seguridad necesaria y que se rediseñen las rutas de transporte público de acceso al 20 de Julio, para que los ciudadanos tengan que llegar, por ejemplo, hasta el recinto Ferial y de esta manera los vendedores tengan mayor flujo comercial.

La otra es la campaña que lanzarán este mes, llamada “Compra bien”, con la que la entidad busca decirles a los ciudadanos que compren en los sitios habilitados por el Distrito. “Sabemos que hay unas mafias del espacio público, que contratar a 150 personas para que vendan en la calle. Esto no es un tema exclusivo del IPES, es de todos. Desde la Policía, que debe hacer las operaciones para controlar el espacio, hasta la misma gente. Necesitamos promover es que compren en los sitios autorizados.

Con estas medidas, según Gómez, se busca aprovechar los espacios que adquirieron pasadas administraciones y cumplir los acuerdos con los vendedores y, de paso, recuperar la utilidad de todos esos espacios que hoy aparecen como un gran detrimento para la ciudad.