Dicen que Petro acertó cuando nombró a Adriana Córdoba como veedora Distrital

“En algún momento pensé que la Veeduría Distrital sobraba. Que era una entidad sin dientes para prevenir la corrupción. Y un comodín en la repartija burocrática del Distrito. Debo reconocer que Adriana Córdoba, la veedora Distrital, ha demostrado que estaba equivocado. Y debo reconocer también que el alcalde Petro acertó cuando la nombró al frente de esa entidad. Acierto que se mide por lo incomoda que ha resultado en muchos episodios de su gobierno. Pero sobre todo por su rigor, acierto y valentía en el ejercicio de sus funciones”, con estas palabras el concejal Antonio Sanguinó reconoció y aplaudió el trabajo que ha hecho.

El cabildante asegura que en otras ocasiones la Veeduría Distrital ha jugado un papel clave prendiendo las alarmas sobre posibles actos de corrupción. Por ejemplo, en la Administración Garzón esta entidad destapó los irregulares y millonarios convenios interadministrativos entre Coopmunicipal, una cooperativa que agrupaba entidades públicas como los municipios y estelar precursora del cartel de la contratación, con varias Alcaldías Locales para inversiones de todo tipo.

Sanguino explicó que se trataba de una operación para aprovechar resquicios legales y evadir la licitación como mecanismo de selección objetiva de proponentes y oferentes de servicios al Estado. Como Alma Mater, una corporación privada que agrupa universidades públicas, y que por esa doble condición se mueve hábilmente en las zonas grises que deja la legislación de la contratación.

“O como hemos sabido que lo está haciendo la Empresa de Telecomunicaciones (o mejor, de Triangulaciones) de Bogotá que ha celebrado desde el 2102 a la fecha 210 convenios interadministrativos sobre todo tipo de asuntos con casi todas las entidades públicas de la ciudad. La Veeduría en manos de Adriana Córdoba ha estado presente en el debate público de la ciudad advirtiendo los incumplimientos de las metas del Plan de Desarrollo, acompañando el control político del Concejo cuando se hace argumentadamente o expresando opiniones calificadas sobre las modificaciones del Plan de Ordenamiento Territorial”.

Agregó que la Veeduría “ha presentado un trabajo maravilloso en estos tiempos de carruseles y raponazos en las esquinas de la administración pública de la ciudad. Se trata de un Pacto Ciudadano e Institucional por la Transparencia, la Integridad y la No Tolerancia con la Corrupción en Bogotá. Pacto que esta semana, el día de la anticorrupción, fue suscrito por los poderes públicos y la sociedad civil de la ciudad”.

Para Sanguino, este pacto no es un show mediático. “Fue el resultado de un trabajo serio de tres años que esculcó desde un enfoque Mockusiano los comportamientos morales, culturales y legales de la sociedad bogotana ante la corrupción pública (…) Solo falta que esta política pública de transparencia, integridad y no tolerancia con la corrupción de Bogotá se adopte mediante un Decreto del Alcalde Mayor. Sería mejor un Acuerdo del Concejo que institucionalice la política pública, más allá de la voluntad del mandatario de turno. Ese solo hecho justifica la existencia de una Veeduría Distrital. Sobre todo si está en tan buenas manos como ahora”.

“En algún momento pensé que la Veeduría Distrital sobraba. Que era una entidad sin dientes para prevenir la corrupción. Y un comodín en la repartija burocrática del Distrito. Debo reconocer que Adriana Córdoba, la veedora Distrital, ha demostrado que estaba equivocado. Y debo reconocer también que el alcalde Petro acertó cuando la nombró al frente de esa entidad. Acierto que se mide por lo incomoda que ha resultado en muchos episodios de su gobierno. Pero sobre todo por su rigor, acierto y valentía en el ejercicio de sus funciones”, con estas palabras el concejal Antonio Sanguinó reconoció y aplaudió el trabajo que ha hecho.

El cabildante asegura que en otras ocasiones la Veeduría Distrital ha jugado un papel clave prendiendo las alarmas sobre posibles actos de corrupción. Por ejemplo, en la Administración Garzón esta entidad destapó los irregulares y millonarios convenios interadministrativos entre Coopmunicipal, una cooperativa que agrupaba entidades públicas como los municipios y estelar precursora del cartel de la contratación, con varias Alcaldías Locales para inversiones de todo tipo.

Sanguino explicó que se trataba de una operación para aprovechar resquicios legales y evadir la licitación como mecanismo de selección objetiva de proponentes y oferentes de servicios al Estado. Como Alma Mater, una corporación privada que agrupa universidades públicas, y que por esa doble condición se mueve hábilmente en las zonas grises que deja la legislación de la contratación.

“O como hemos sabido que lo está haciendo la Empresa de Telecomunicaciones (o mejor, de Triangulaciones) de Bogotá que ha celebrado desde el 2102 a la fecha 210 convenios interadministrativos sobre todo tipo de asuntos con casi todas las entidades públicas de la ciudad. La Veeduría en manos de Adriana Córdoba ha estado presente en el debate público de la ciudad advirtiendo los incumplimientos de las metas del Plan de Desarrollo, acompañando el control político del Concejo cuando se hace argumentadamente o expresando opiniones calificadas sobre las modificaciones del Plan de Ordenamiento Territorial”.

Agregó que la Veeduría “ha presentado un trabajo maravilloso en estos tiempos de carruseles y raponazos en las esquinas de la administración pública de la ciudad. Se trata de un Pacto Ciudadano e Institucional por la Transparencia, la Integridad y la No Tolerancia con la Corrupción en Bogotá. Pacto que esta semana, el día de la anticorrupción, fue suscrito por los poderes públicos y la sociedad civil de la ciudad”.

Para Sanguino, este pacto no es un show mediático. “Fue el resultado de un trabajo serio de tres años que esculcó desde un enfoque Mockusiano los comportamientos morales, culturales y legales de la sociedad bogotana ante la corrupción pública (…) Solo falta que esta política pública de transparencia, integridad y no tolerancia con la corrupción de Bogotá se adopte mediante un Decreto del Alcalde Mayor. Sería mejor un Acuerdo del Concejo que institucionalice la política pública, más allá de la voluntad del mandatario de turno. Ese solo hecho justifica la existencia de una Veeduría Distrital. Sobre todo si está en tan buenas manos como ahora”.