:format(jpeg)/www.elespectador.comhttp://thumbor-prod-us-east-1.photo.aws.arc.pub/sbJqNvaiHdjPHNnT5k7h5l-Ok84=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/OIXNSWODMZDFNDS6YA7OLWLBBA.jpg)
“Mire los bosques de niebla. Mire los pequeños terrenos de nuestros campesinos. Es por ahí que piensan pasar las torres eléctricas. No por Mosquera, donde el suelo tiene uso industrial; tampoco por el valle, donde están las haciendas de poderosos políticos y empresarios. No, la quieren pasar por en medio de la reserva forestal y los minifundios, porque por ahí sí no les vale un peso”.
Gloria Gaitán, personera de Bojacá, está parada en una de las colinas que rodean el costado occidental de su municipio, a 45 kilómetros de Bogotá. A su lado se extienden los bosques de niebla, generados por el viento cálido que sube desde el valle del Tequendama y choca con el aire frío del altiplano. Frente a ella se extiende el valle de Bojacá, una zona rica y fértil donde se encuentran, entre otras, las fincas de la familia Vargas Lleras y del poderoso empresario Luis Carlos Sarmiento.
Pese a los tacones, Gaitán camina con holgura entre las piedras y saluda a viejos campesinos que se encuentra a lo largo de las trochas. Desde hace un año y medio esta abogada de extracción liberal se ha vuelto un dolor de cabeza para los técnicos de Empresas Públicas de Medellín (EPM), que desde comienzos de 2012 no han logrado convencerla, ni a los habitantes de la zona, de las bondades de pasar por los cerros de Bojacá una línea de transmisión eléctrica de 500.000 voltios para darle energía al centro oriente del país.
Con calma de meditadora, Gaitán explica que las torres de energía eléctrica y la alta carga emanada por los cables afectarían el Distrito de Manejo Integral del Salto de Tequendama, una reserva forestal que comienza en las montañas de Bojacá y que es vital para la generación de agua en el valle del Tequendama. De la misma manera, asegura Gaitán, la radiación afectaría y desplazaría los cultivos de los campesinos, e incluso el cauce de los ríos subterráneos, de donde se extrae hoy el agua del municipio.
La resistencia al proyecto de Nueva Esperanza no ha sido local. El plan de construir dos líneas de transmisión eléctrica desde el Guavio hasta la capital, atravesando media sabana de Bogotá (ver infografía), ha encontrado enemigos en casi todos los municipios por los que debe pasar, desde Choachí hasta las veredas de Soacha. Y tan difícil ha sido el proceso, que hoy el proyecto, diseñado por la Unidad de Planeación Minero-energética (UPME), adjudicado a EPM y para el cual se invertirán US$100 millones, tiene más de un año de retraso y será evaluado en una audiencia pública a comienzos de agosto, auspiciada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), que ha decidido retener su licencia.
Preocupación distrital
Hace algunos meses, los técnicos del Grupo de Energía de Bogotá le entregaron a su presidenta, Sandra Fonseca, los modelos de proyección de la demanda de energía eléctrica en Bogotá para los próximos años. El informe, tal como lo habían previsto los funcionarios de la UPME, daba cuenta de que para 2014 la ciudad alcanzaría un pico en el consumo de energía que, dada la situación actual, sería imposible de satisfacer.
“Me fui directo a hablar con el ministro de Minas (Federico Renjifo) y le dije que los retrasos de Nueva Esperanza implicaban un problema para nosotros y que necesitábamos poner dos bancos de compensación capacitiva o sistemas de compensación variable”.
Un sistema de compensación variable (SCV) es una máquina sofisticada, capaz de hacer más eficiente el flujo de la energía y, por consiguiente, hacer que “dure más”. El ministro entendió la gravedad de la situación —se estaba arriesgando a que en Bogotá escaseara la luz en diciembre de 2014— y autorizó a que Fonseca, como presidenta del más grande transmisor de energía en Bogotá, construyera a contratiempo un SVC de US$50 millones. Luego de una rápida licitación, el encargo quedó en manos de la multinacional suiza ABB.
Hallazgo de alto voltaje
Como le explicó Fonseca a El Espectador, la instalación del SVC solucionaba el problema de abastecimiento para el pico de 2014, pero no para el de 2015 y mucho menos de ahí en adelante. De ahí que no sólo fuera necesario construir un segundo SVC —que el Gobierno aún no ha autorizado—, sino destrabar el proceso de negociación entre las comunidades de una decena de municipios.
Pero como si se tratara de una conspiración o sugerencia ancestral, muchos de los protagonistas de esta historia se enteraron hace muy poco del hallazgo de un valioso sitio arqueológico en un lote de propiedad de Emgesa en las montañas de San Antonio del Tequendama. La coincidencia dejó a más de uno helado: el posible poblado premuisca —que según el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh) podría tener 2.000 años— fue hallado en el exacto lugar donde EPM debía construir una subestación de energía para conectar la línea de transmisión de 230 mil voltios que vendría del Guavio con la línea de 500 mil voltios que atravesaría a Soacha, Bojacá, Madrid y Tenjo.
Como la excavación del sitio se ha hecho con total discreción desde el año pasado y los arqueólogos contratados por EPM aún no han entregado un informe oficial al respecto, aún es poco lo que se conoce de esta posible aldea muisca en las montañas del Tequendama, más allá de lo que el subdirector científico del Icanh, Ernesto Montenegro, le reveló a este diario en su edición del pasado jueves 11 de julio.
También son inciertas las medidas que se tomarán para proteger el sitio arqueológico y si éste lograría coexistir con una subestación eléctrica o no. Por ahora, lo único claro es que Nueva Esperanza no sólo está en manos de la ANLA, que realizará una audiencia pública con las comunidades en agosto, sino en las del Icanh, que pronto revelará lo encontrado por los arqueólogos.
En diálogo con El Espectador, Luis Fernando Aristizabal, subgerente de transmisión de EPM, aseguró: “Tenemos que ser absolutamente respetuosos de las decisiones que tome el país frente al patrimonio cultural y las necesidades de construir el proyecto. Tenemos que buscar como compatibilizarlos”.
En el Grupo de Energía de Bogotá el tiempo apremia, y los técnicos de la empresa están calculando cuánto costaría construir un segundo SVC que evite riesgos de desabastecimiento en diciembre de 2015 y de dónde saldría la plata. Sin embargo, para Eduardo Afanador, experto en el sector energético, “Bogotá no se puede pasar toda la vida resolviendo contingencias”.
Afanador hizo parte de un reciente estudio, liderado por Astrid Martínez, investigadora de Fedesarrollo, en el que se analizó la situación energética de Bogotá y Cundinamarca. El miércoles pasado, cuando se presentó el estudio, el atraso de Nueva Esperanza fue un tema reiterado. Y el grupo de investigadores se preguntó en voz alta: ¿se equivocó el Gobierno al calcular los tiempos que requería un proyecto de esta envergadura?
@donmaldo