El tradicional mercado de las pulgas de Usaquén viene siendo centro de discusión desde febrero de este año. La falta de consenso entre los comerciantes de la Asociación de Expositores Toldos de San Pelayo —que agrupa al 20% de todos los vendedores del lugar— y los expositores invitados —el 80% restante— llevó a que la alcaldía local solicitara al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) el cese del permiso que le permitía al comercio ocupar el espacio público. El resultado: desde el 4 de octubre pasado Usaquén no tiene mercado de las pulgas.
La historia comenzó hace ocho meses, cuando los expositores invitados manifestaron su descontento, ante el alcalde local, Juan Pablo Camacho, porque les resultaba excesivo el cobro de $58.000 los domingos y $36.000 los lunes festivos que hacía efectivos la asociación por concepto de logística. Para entonces, los socios pagaban $8.000, casi siete veces menos que el resto.
La alcaldía local trató de propiciar un proceso de concertación en vista de que el permiso del IDU cobijaba a ambos grupos y por tanto debía propender por la igualdad. “No nos oponíamos a que formaran parte del mercado, pero nosotros llevamos 19 años en esto, lo hemos posicionado y hemos invertido recursos para mejorarlo. Consideramos que teníamos el derecho a pagar menos”, dice Álvaro González, miembro fundador y asociado de Expositores Toldos de San Pelayo.
Posteriormente, en julio, los asociados tuvieron a bien estandarizar la tarifa una vez los invitados se vincularan a la asociación. Sin embargo, a estos últimos les exigieron un monto de dos salarios mínimos para ser parte de ella. La Personería local consideró que tal exigencia violaba el derecho a la libre asociación y la descartó. En ese punto, la alcaldía local tenía conocimiento de que con el dinero que habían recibido de los invitados, lo asociados abrieron un CDT por $70.000 millones, lo que generó suspicacias e incluso llevó a que se insinuara una captación ilegal de dinero. “Nos acusaron, pero el dinero es en parte ahorro para un proyecto que tenemos de construir una sede y en parte reserva legal. La Defensoría del Espacio Público tenía conocimiento del CDT”, explica González.
Finalmente, en septiembre pasado, la asociación y los invitados se reunían para encontrar una solución concertada. No obstante, fue en ese momento cuando se destapó una carta que Expositores Toldos de San Pelayo había dirigido a la Personería Distrital. En ella, los socios sugerían que la alcaldía local estaba del lado de los expositores invitados y que contra ellos se habían cometido los delitos de extorsión y confusión. Esa carta trajo consigo la discordia nuevamente y Juan Pablo Camacho solicitó al IDU la cancelación del permiso. “La asociación no tenía ni la autoridad ética ni moral para administrar el espacio público. Su transparencia estaba en duda”, argumenta Camacho.
Por su parte, Álvaro González considera que la cancelación del permiso fue una retaliación del alcalde local e interpuso un recurso de reposición para que el IDU autorice nuevamente y está convencido de que Camacho ha promovido la fundación de una nueva asociación que agrupe a los invitados.
“Eso es absolutamente falso, mi única intención es que se reabra el mercado y se respeten los derechos de las dos partes”, asegura el alcalde local.
Cecilia Miranda, una de las expositoras invitadas, considera que el cierre del mercado ha perjudicado a las dos partes. Es consciente de que a San Pelayo se le debe reconocer el trabajo de todos estos años, pero se siente utilizada. “La asociación usaba nuestras firmas para obtener el permiso porque nosotros somos más de 100 expositores, ellos, 20”, comenta Miranda, quien ahora es parte de Mercado de Pulgas Usaquén, la asociación que fundaron aquellos que antes se llamaban invitados, un grupo que tiene intenciones de solicitar al IDU el permiso para administrar el mercado.
Por El Espectador
