La aprobación en plenaria del Concejo de Bogotá del Proyecto de Acuerdo 340 de 2025, denominado “Ruta por la Vida dirigida a mujeres gestantes, lactantes y la vida por nacer”, abrió un nuevo frente de discusión en la ciudad. Mientras la iniciativa es defendida por sus promotores como una medida de protección materna, movimientos sociales y organizaciones de mujeres alertan que podría introducir barreras adicionales para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).
En este contexto, Gerson Bermont, secretario de Salud advirtió que el proyecto excede las competencias del Concejo al intentar definir rutas de atención en salud, una función que, según la normativa vigente, corresponde exclusivamente al Ministerio de Salud y Protección Social.
El sector Salud recordó que bajo la Resolución 3202 de 2016 se adoptó el Manual Metodológico para las Rutas Integrales de Atención en Salud (RIAS), herramientas obligatorias que establecen las condiciones para garantizar la integralidad en la prestación de los servicios. Por ello, sostuvo que la creación de una nueva ruta mediante un acuerdo distrital no es viable jurídicamente.
La Secretaría subrayó que Bogotá ya aplica los lineamientos técnicos y operativos definidos a nivel nacional, en particular los contenidos en la Resolución 3280 de 2018 que adopta la Ruta Integral de Atención para la Promoción y Mantenimiento de la Salud y la Ruta Materno Perinatal. Esta última reconoce a las mujeres en edad fértil como sujetos de atención en el marco de la garantía de sus derechos.
Asimismo, recordó que el modelo vigente garantiza el acceso a servicios seguros y de calidad para la IVE, en reconocimiento de la autonomía y la autodeterminación reproductiva. El enfoque actual contempla un abordaje integral que incluye componentes médicos y biopsicosociales, sin distinción de orientación sexual o identidad de género.
El debate ha estado marcado por cuestionamientos de organizaciones sociales que consideran que el proyecto podría generar demoras adicionales al plantear una valoración en salud mental previa, lo que —según advierten— podría convertirse en un escenario de mensajes disuasivos o trámites obligatorios no contemplados por la jurisprudencia constitucional.
La concejal Clara Sandoval, autora de la iniciativa, defendió el proyecto al señalar que busca brindar información clara y proteger la salud de las mujeres gestantes y lactantes, asegurando que no se trata de una medida inconstitucional ni ilegal.
Entretanto, mientras el debate continúa, lo cierto es que la decisión final ahora queda en manos del alcalde Galán, quien deberá sancionar u objetar el acuerdo. Su determinación no solo tendrá implicaciones jurídicas, sino también políticas, en un contexto en el que el Plan Distrital de Desarrollo prioriza la reducción de la mortalidad materna e incluye rutas que garantizan el acceso a la IVE.
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Por Redacción Bogotá
