Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Esta semana la Personería de Bogotá hizo un llamado a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) para tomar medidas “contundentes y eficaces” y así evitar un nuevo cierre de los cementerios distritales de la ciudad. Esto, debido a la elevada demanda de cremaciones, exhumaciones e inhumaciones, y a los altos índices de ocupación de bóvedas que preocupan al ente de control.
Le puede interesar: Distrito y Unidad de Riesgo analizan declaratoria de emergencia por crisis de agua
A manera de advertencia, la Personería envió a la UAESP un documento para evitar que se presenten, nuevamente, las vías de hecho adoptadas por el actual concesionario de los cuatro cementerios distritales, que decidió cerrarlos a finales de octubre, tras la sanción impuesta por dicha entidad ante un incumplimiento contractual. Una situación similar ocurrió el 6 de octubre de 2023, cuando la empresa Jardines de luz y paz S.A.S. cesó actividades de manera unilateral.
Tras el jalón de orejas del ente de control, y ante las repetidas irregularidades por parte del contratista (Jardines de Luz y Paz), el Distrito tomó la decisión de dar por terminado de manera unilateral el contrato para el manejo y custodia de los cementerios distritales.
“Es importante precisar que esta decisión no implica la terminación automática del contrato, por lo que el concesionario está en la obligación de seguir prestando el servicio hasta que se cumplan los requisitos de ley”, señaló la entidad.
¿Qué viene?
La administración distrital señaló que, “de cualquier manera”, continuará garantizando la prestación de los servicios funerarios en los cuatro cementerios públicos de la ciudad (Central, Parque Serafín y cementerios del Sur y del Norte) a través de un plan de contingencia en el que participan varias entidades del Distrito y que tiene como objetivo minimizar las afectaciones derivadas de los incumplimientos contractuales.
El lío de los cementerios distritales
La crisis que hoy vive la ciudad es producto de un cúmulo de líos con el contrato de operación, por $41.000 millones, que le adjudicó la Uaesp a Jardines de Luz y Paz, en junio de 2021, para que administrara los cuatro cementerios, por cinco años. A pesar de que las condiciones y el presupuesto de la licitación fueron claros, casi desde el comienzo el concesionario empezó a reportar pérdidas y conflictos. El gerente, Éder Parada, le dijo a El Espectador, que desde los primeros meses advirtieron que los ingresos no serían suficientes; habló de pérdidas por $2.600 millones, entre 2021 y 2023, y señaló que antes de asumir la operación, la empresa no había podido revisar, con detalle, los pormenores del contrato.
Esto llevó a que hace un año se presentara un episodio similar, al que vive hoy la ciudad. Ante el avance de un proceso sancionatorio, el contratista cerró los cementerios públicos, lo que obligó al Distrito a buscar una salida urgente para evitar la crisis. Luego de un diálogo, la ejecución del contrato continuó. Pero hoy, la situación es diferente: el consorcio ya no tiene margen de maniobra. Por eso, no solo cerró los cementerios, sino que radicó procesos judiciales contra Consuelo Ordóñez, actual directora de la UAESP, y el alcalde Carlos Fernando Galán. Al consultar la opinión del Distrito frente a la situación, Juan Pablo Estrada Sánchez, asesor externo de la UAESP, aclaró que ninguno de los funcionarios podía dar declaraciones, debido a que el operador los recusó.
Incumplimientos
Durante el proceso de empalme, en enero de este año, el contrato 415 de 2021 era uno de los puntos frágiles entre la administración Galán y la de la exalcaldesa Claudia López. Jardines de Luz y Paz sostuvo desde un inicio que el contrato financieramente no era viable y esto lo reflejó con constantes incumplimientos. Independiente de la explicación del contratista, al Distrito no tuvo más que abrir procesos sancionatorios, que hoy derivan en la inhabilidad, que el gerente de la empresa contratista calificó como el resultado de un proceso “arbitrario”.
En el nuevo escenario de 2024, con dos sanciones en un año, el contratista Jardines de Luz y Paz quedó sin posibilidad de seguir operando los cementerios. Si bien, tenía hasta el 26 para buscar a quién cederle el contrato (el cual debe aprobar el Distrito) o aceptar su liquidación, prefirió tomar las vías de hecho y ponerle candado a las puertas de los cementerios, dejando el fin de semana a miles de personas sin la posibilidad de visitar las tumbas de sus seres queridos. El jueves sigue siendo un día clave para el futuro de la administración de los mausoleos capitalinos.
Lea además: Desmantelan taller donde desguazaban motos y armaban bicitaxis con sus partes
Para conocer más noticias de la capital y Cundinamarca, visite la sección Bogotá de El Espectador.
Por Redacción Bogotá
