Distrito tiene un problema sobre ruedas

El Fondo de Vigilancia y Seguridad anhela la nulidad del contrato, el exgerente de la entidad y el contratista lo defiende, mientras no existe una decisión de Contraloría en firme, ni un fallo judicial.

La firma importadora y el exgerente del Fondo de Vigilancia y Seguridad desvirtúan aspectos fundamentales del informe preliminar de Contraloría y defienden el contrato 559 de 2012 por $4357 millones. Mientras tanto, el FVS anunció que ya inició trámites para darle nulidad al contrato.

Por otro lado, Cesar Manrique, el exdirector, sostiene que entregó un informe para que el FVS, que para el 2 de noviembre, fecha en la que llegó el informe preliminar, ya estaba a cargo de la actual gerente Natalia de la Vega, diera respuesta a la Contraloría en el que “se justificaba una a una las actuaciones del contrato”.

Sin embargo, según fuentes del FVS, la actual gerente no estuvo de acuerdo con el concepto de Manrique y sí con el de la Contraloría. Además, sostienen que el informe del exgerente fue presentado un día después del plazo que había dado el ente de control a la entidad para emitir una respuesta, hecho que reconoce Manrique.

Por lo tanto, de acuerdo con esas versiones, el anuncio hecho por De la Vega, para solicitar “al Señor Procurador Judicial la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad dentro de los trámites encaminados a la solicitud de nulidad y restablecimiento del derecho del contrato” viene siendo estudiado desde el mismo momento en que llegó el informe de Contraloría, que fue adoptado por el equipo jurídico del FVS.

Sin embargo, el contratista y Manrique insisten en que el contrato se desarrolló conforme a la ley y controvierten el informe preliminar de Contraloría y la posición del Fondo. Sostienen que el proceso no estuvo direccionado, que el contratista si tiene capacidad de hacer el mantenimiento de las motos, que no existen sobrecostos y que tras la polémica existen intereses non sanctos.

De acuerdo con Carlos Vaca, gerente de Northbound Technologies S.A., en abril de 2012 las motos le fueron ofrecidas al alcalde mayor Gustavo Petro , quien, según Vaca, afirmó que comprar o no las motos no dependía de su despacho sino del Fondo de Vigilancia y Seguridad, aun cuando “le agradó la idea de tener vehículos limpios para la Policía”. Vaca fue remitido al despacho de César Manrique, por entonces gerente del FVS, quien a su vez, les dijo que la entidad no podía entrar a tramitar una compra hasta tanto no existiera un requerimiento expreso de la Policía.

Según la versión de los representantes de Northbound, la Policía vio con buenos ojos los equipos. “Se hicieron pruebas en calles, en bajadas y subidas, en el autódromo, en todos los escenarios donde la moto podía ser empleada”. De ahí que al Fondo de Vigilancia llegó un requerimiento firmado por el General Luis Martínez, comandante de la Policía Metropolitana, el 3 de agosto del año pasado con especificaciones técnicas que solo corresponden a las motos ofrecidas por Northbound.

El oficio de la Policía llegó al FVS tres días antes de que el alcalde anunciara la compra de “motos silenciosas” en un acto público y cinco días antes de que la primera cotización del contratista llegara al despacho de Manrique, aun cuando no se había abierto un proceso de estudio de mercado.

“Es cierto que para el ocho de agosto el FVS no había pedido cotizaciones a ninguna empresa, sin embargo, el anuncio del alcalde para nosotros fue una oportunidad y por eso enviamos la nuestra. No le vemos ninguna suspicacia a eso. Somos vendedores y así actuamos” dice Vaca, quien niega que el contrato haya estado dirigido.

“A partir del 15, cuando nosotros anunciamos públicamente que estábamos interesados en esa compra, llegaron muchas cotizaciones, entre las cuales estaba la de Northbound. Pero lo que vimos en el estudio de mercado es que las especificaciones que envió la Policía, y sobre las cuales no teníamos ningún poder de decisión, solo correspondían a una marca que era la misma de las motos que nos venían ofreciendo desde abril y que a juicio de la Policía eran las necesarias. Luego nosotros comprobamos que eran las únicas motos eléctricas aptas para el patrullaje, no ‘scooters’, que era lo que ofrecían las otras marcas” sostiene Manrique.

Afirmación que va en contravía del informe de Contraloría que sostiene que sí existen motos en el mercado aptas para el patrullaje, con características “similares” a las que estaban específicadas en el requerimiento de la Policía.

Esas son la razones que, según Manrique, tuvo el FVS para no abrir un proceso licitatorio sino hacer una compra directa, pues solo había una empresa que pudiera distribuir las motocicletas Zero en Colombia, las que finalmente fueron compradas.

Cuestionado sobre la diferencia en las cotizaciones que encuentra injustificada la Contraloría (la que presentó el ocho de octubre fue por $38,5 millones por moto y la del 23 de agosto por $43 millones), Vaca sostiene que la primera no contenía las exigencias que hizo públicas el FVS el 15 de agosto. “La segunda cotización es la que tiene los costos de la importación, la matricula, la pintura, las sirenas y todo lo que necesitaba la Policía. Eso, lógicamente, tiene un valor” dice Vaca.

Por otro lado, cuestionado sobre la presunta incapacidad de Northbound para proveer mantenimiento a las motos, Manrique dice que “en el contrato queda explícito que es un compromiso que adquiere el contratista”. Y, además, el gerente de la firma dice que “contrario a lo que se ha dicho en los medios, sí tenemos la capacidad de proveer mantenimiento por dos años y asistencia técnica por tres años más, como dice el contrato”. Sin embargo, aún no es claro donde quedará ese centro, o si ya existe, teniendo en cuenta que las motos ya están en el puerto de Buenaventura.

Por último, Vaca sostiene que detrás de la polémica y del intento de nulidad del contrato “hay intereses extraños”. Intereses que estarían dados por la “rentabilidad de las motos eléctricas”. “Si tanquear una moto al día cuesta de 15 a 20 mil pesos y la electricidad que consumen nuestras motos no es más cara que 3 mil pesos diarios, hay un negocio que se ve afectado” dice el contratista.

Lo cierto es que la conciliación prejudicial ya está en curso, aun cuando, al cierre de este artículo Northbound no ha sido notificada, y que no hay una decisión en firme de la Contraloría al respecto, por lo que aún no se puede determinar si hay responsabilidades de Manrique o De la Vega.

Y también, que el contrato sigue en pie, pues no hay una decisión judicial que lo anule o lo modifique, por lo que las partes deben respetar los términos que quedaron consignados en el otrosí del contrato que fue firmado el 10 de diciembre del año pasado por De la Vega y Vaca, en el que se estableció el pago de un anticipo, que ya fue girado, y los plazos del contrato hasta el próximo 31 de abril.

Por ahora, las motos están en Buenaventura, esperando terminar los trámites de puerto para ser trasladadas a Bogotá, donde serán pintadas y mejoradas para ser entregadas a la Policía Metropolitana. Los empresarios, que creen que están en medio “de una pelea política”, anhelando que no se llegue a la nulidad para no perder su patrimonio. Los funcionarios, esperando que un fallo judicial les dé la razón.

El Fondo de Vigilancia y Seguridad anhela la nulidad del contrato, el exgerente de la entidad y el contratista lo defiende, mientras no existe una decisión de Contraloría en firme, ni un fallo judicial.

La firma importadora y el exgerente del Fondo de Vigilancia y Seguridad desvirtúan aspectos fundamentales del informe preliminar de Contraloría y defienden el contrato 559 de 2012 por $4357 millones. Mientras tanto, el FVS anunció que ya inició trámites para darle nulidad al contrato.

Por otro lado, Cesar Manrique, el exdirector, sostiene que entregó un informe para que el FVS, que para el 2 de noviembre, fecha en la que llegó el informe preliminar, ya estaba a cargo de la actual gerente Natalia de la Vega, diera respuesta a la Contraloría en el que “se justificaba una a una las actuaciones del contrato”.

Sin embargo, según fuentes del FVS, la actual gerente no estuvo de acuerdo con el concepto de Manrique y sí con el de la Contraloría. Además, sostienen que el informe del exgerente fue presentado un día después del plazo que había dado el ente de control a la entidad para emitir una respuesta, hecho que reconoce Manrique.

Por lo tanto, de acuerdo con esas versiones, el anuncio hecho por De la Vega, para solicitar “al Señor Procurador Judicial la conciliación prejudicial como requisito de procedibilidad dentro de los trámites encaminados a la solicitud de nulidad y restablecimiento del derecho del contrato” viene siendo estudiado desde el mismo momento en que llegó el informe de Contraloría, que fue adoptado por el equipo jurídico del FVS.

Sin embargo, el contratista y Manrique insisten en que el contrato se desarrolló conforme a la ley y controvierten el informe preliminar de Contraloría y la posición del Fondo. Sostienen que el proceso no estuvo direccionado, que el contratista si tiene capacidad de hacer el mantenimiento de las motos, que no existen sobrecostos y que tras la polémica existen intereses non sanctos.

De acuerdo con Carlos Vaca, gerente de Northbound Technologies S.A., en abril de 2012 las motos le fueron ofrecidas al alcalde mayor Gustavo Petro , quien, según Vaca, afirmó que comprar o no las motos no dependía de su despacho sino del Fondo de Vigilancia y Seguridad, aun cuando “le agradó la idea de tener vehículos limpios para la Policía”. Vaca fue remitido al despacho de César Manrique, por entonces gerente del FVS, quien a su vez, les dijo que la entidad no podía entrar a tramitar una compra hasta tanto no existiera un requerimiento expreso de la Policía.

Según la versión de los representantes de Northbound, la Policía vio con buenos ojos los equipos. “Se hicieron pruebas en calles, en bajadas y subidas, en el autódromo, en todos los escenarios donde la moto podía ser empleada”. De ahí que al Fondo de Vigilancia llegó un requerimiento firmado por el General Luis Martínez, comandante de la Policía Metropolitana, el 3 de agosto del año pasado con especificaciones técnicas que solo corresponden a las motos ofrecidas por Northbound.

El oficio de la Policía llegó al FVS tres días antes de que el alcalde anunciara la compra de “motos silenciosas” en un acto público y cinco días antes de que la primera cotización del contratista llegara al despacho de Manrique, aun cuando no se había abierto un proceso de estudio de mercado.

“Es cierto que para el ocho de agosto el FVS no había pedido cotizaciones a ninguna empresa, sin embargo, el anuncio del alcalde para nosotros fue una oportunidad y por eso enviamos la nuestra. No le vemos ninguna suspicacia a eso. Somos vendedores y así actuamos” dice Vaca, quien niega que el contrato haya estado dirigido.

“A partir del 15, cuando nosotros anunciamos públicamente que estábamos interesados en esa compra, llegaron muchas cotizaciones, entre las cuales estaba la de Northbound. Pero lo que vimos en el estudio de mercado es que las especificaciones que envió la Policía, y sobre las cuales no teníamos ningún poder de decisión, solo correspondían a una marca que era la misma de las motos que nos venían ofreciendo desde abril y que a juicio de la Policía eran las necesarias. Luego nosotros comprobamos que eran las únicas motos eléctricas aptas para el patrullaje, no ‘scooters’, que era lo que ofrecían las otras marcas” sostiene Manrique.

Afirmación que va en contravía del informe de Contraloría que sostiene que sí existen motos en el mercado aptas para el patrullaje, con características “similares” a las que estaban específicadas en el requerimiento de la Policía.

Esas son la razones que, según Manrique, tuvo el FVS para no abrir un proceso licitatorio sino hacer una compra directa, pues solo había una empresa que pudiera distribuir las motocicletas Zero en Colombia, las que finalmente fueron compradas.

Cuestionado sobre la diferencia en las cotizaciones que encuentra injustificada la Contraloría (la que presentó el ocho de octubre fue por $38,5 millones por moto y la del 23 de agosto por $43 millones), Vaca sostiene que la primera no contenía las exigencias que hizo públicas el FVS el 15 de agosto. “La segunda cotización es la que tiene los costos de la importación, la matricula, la pintura, las sirenas y todo lo que necesitaba la Policía. Eso, lógicamente, tiene un valor” dice Vaca.

Por otro lado, cuestionado sobre la presunta incapacidad de Northbound para proveer mantenimiento a las motos, Manrique dice que “en el contrato queda explícito que es un compromiso que adquiere el contratista”. Y, además, el gerente de la firma dice que “contrario a lo que se ha dicho en los medios, sí tenemos la capacidad de proveer mantenimiento por dos años y asistencia técnica por tres años más, como dice el contrato”. Sin embargo, aún no es claro donde quedará ese centro, o si ya existe, teniendo en cuenta que las motos ya están en el puerto de Buenaventura.

Por último, Vaca sostiene que detrás de la polémica y del intento de nulidad del contrato “hay intereses extraños”. Intereses que estarían dados por la “rentabilidad de las motos eléctricas”. “Si tanquear una moto al día cuesta de 15 a 20 mil pesos y la electricidad que consumen nuestras motos no es más cara que 3 mil pesos diarios, hay un negocio que se ve afectado” dice el contratista.

Lo cierto es que la conciliación prejudicial ya está en curso, aun cuando, al cierre de este artículo Northbound no ha sido notificada, y que no hay una decisión en firme de la Contraloría al respecto, por lo que aún no se puede determinar si hay responsabilidades de Manrique o De la Vega.

Y también, que el contrato sigue en pie, pues no hay una decisión judicial que lo anule o lo modifique, por lo que las partes deben respetar los términos que quedaron consignados en el otrosí del contrato que fue firmado el 10 de diciembre del año pasado por De la Vega y Vaca, en el que se estableció el pago de un anticipo, que ya fue girado, y los plazos del contrato hasta el próximo 31 de abril.

Por ahora, las motos están en Buenaventura, esperando terminar los trámites de puerto para ser trasladadas a Bogotá, donde serán pintadas y mejoradas para ser entregadas a la Policía Metropolitana. Los empresarios, que creen que están en medio “de una pelea política”, anhelando que no se llegue a la nulidad para no perder su patrimonio. Los funcionarios, esperando que un fallo judicial les dé la razón.