Podría decirse que el alcalde Gustavo Petro está muy cerca de abrir el hospital San Juan de Dios. El secretario de Salud, Mauricio Bustamente, anunció esta semana que “en los próximos meses” comenzará la prestación de servicios médicos en cuatro edificios del complejo. Se sabe que algunos gerentes de la red pública hospitalaria han visitado las instalaciones, interesados en la posible reapertura.
Lo cierto es que al alcalde Petro sólo le hacen falta dos pasos para concretar la compra de las 24 edificaciones del San Juan de Dios: que el registrador de la Oficina de Instrumentos Públicos anote al Distrito como nuevo propietario del hospital en el certificado de libertad y que la Empresa de Renovación Urbana (ERU) consigne los $150.280 millones de la compra. Un trámite que puede tomar entre cinco y quince días.
Sin embargo, este trámite parece que no será tan sencillo. El registrador tiene que analizar la tradición del inmueble que no está exento de cuestionamientos. El Espectador conoció un estudio de la firma Armando Morales Benítez y Abogados Asociados, que analiza la situación jurídica del San Juan desde 1564, año en que fue fundado.
Por un lado, señala que la Fundación San Juan de Dios, creada en 1979 por el entonces presidente Julio César Turbay para administrar el hospital, no es propietaria de las edificaciones que componen el hospital y por lo tanto no podría vender, ya que no existe título alguno de traslado de dominio de los bienes del hospital San Juan de Dios a la fundación, que se creó específicamente para administrarlo.
Fue esta fundación la que asumió la liquidación de los 3.640 trabajadores del hospital. En 2005, el Consejo de Estado declaró su nulidad al considerar que su creación no se ajustaba a la ley. Desde entonces pasó a ser Fundación San Juan de Dios en liquidación y siguió asumiendo el pago a los acreedores y los antiguos trabajadores del hospital.
De acuerdo con el certificado de tradición, el hospital San Juan de Dios, catalogado como establecimiento de beneficencia del Estado y administrado por la Beneficiencia de Cundinamarca hasta 1979, es el dueño del inmueble desde 1924. “Entre 2005 y 2015, la extinta fundación incorporó a su patrimonio el centro hospitalario, lo afectó a un fin y ahora lo vende, con una suma de títulos supuestos y actos jurídicos sin fundamento”, dice el estudio.
En la historia jurídica del hospital figura que la Nación compró en 1906 el lote Molinos de Tres Esquinas de Hortúa, donde está ubicado el San Juan, por $90.000 en oro americano. Cinco años más tarde le cedió el predio al departamento de Cundinamarca, que en 1924 realizó una negociación en la que adquirió el Asilo de Locos, Locas, Indigentes y Mujeres y Mendigos Varones, el cual registró como propiedad del hospital San Juan de Dios. La Beneficencia de Cundinamarca lo administró hasta 1979, cuando crearon la Fundación San Juan de Dios.
La firma de Armando Morales Benítez Abogados le dijo a este diario que, lejos de oponerse a la reapertura del hospital, busca que la Alcaldía tenga en cuenta los vacíos jurídicos en la tradición de la propiedad del hospital. De hecho, antiguos trabajadores del San Juan se oponen a que la administración pague $150.000 millones por un predio que, dicen, no le pertenece a la fundación. El comité por el San Juan de Todos, en el que están agremiados algunos trabajadores, ya ha demandado el proceso den liquidación por razones similares.. A su voz se suma la de concejales como Antonio Sanguino y Juan Carlos Flórez, que han señalado que con los recursos podrían financiarse obras para hospitales públicos.
Lo más curioso de esta denuncia es que en 2012 el Distrito avalaba la tesis de que la fundación no podía asumir como propietaria de los terrenos. Como contó El Espectador, el entonces secretario de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sostuvo una disputa con la antigua liquidadora del hospital, Anna Karenina Gauna Palencia, por supuestas irregularidades en el proceso de liquidación. “La señora está liquidando lo que no existe”, dijo un asesor de Jaramillo en esa época. Gauna Palencia fue suspendida en 2013 luego de que la Contraloría por un presunto detrimento por $11.579 millones bajo su gestión.
Para continuar con la liquidación, el gobernador de Cundinamarca nombró a Pablo Enrique Leal, quien habló con este diario sobre la demanda que se podría presentar. Él es consciente del problema por la titulación de predios, pues en las mesas de trabajo con la Procuraduría se habló de ese obstáculo. “Para resolver el problema de titulación utilizamos la figura de ratificación del título, contemplada en el Código Civil. Uno de los puntos que señaló la Procuraduría era que en la titulación no aparecía la fundación. Como ésta asumió su administración y liquidación, lo que hicimos fue sanear el título a través de la figura de ratificación”.
Al consultar a la firma de abogados sobre la figura de ratificación de la que habló Leal, esta señaló que en el proceso no está tan claro que sirva para transferir a la fundación la propiedad de los inmuebles que hoy prenteden vender.
Sobre el fallo del Consejo de Estado que declaró ilegal la Fundación San Juan de Dios, Leal dice que “esa acción de nulidad no tiene efectos, pues no contemplaba el restablecimiento de derechos. El Consejo de Estado no desconoce todo lo que generó la fundación durante 26 años. Había un proceso liquidatorio que terminar. Cuando se acabe, también lo hará la fundación”.
Leal calcula que el proceso podría terminar en los próximos meses. Actualmente, por seguridad social y pensiones, el liquidador debe pagar casi $113.000 millones. Por tutelas y demandas interpuestas por los trabajadores las aspiraciones ascienden a $352.000 millones, monto que podría disminuir, dependiendo de lo que determinen los jueces en cada proceso. Los $150.000 millones de la venta se utilizarían para subsanar la liquidación.
Las complicaciones que se presentarían en el proceso de compra no son las únicas. En el San Juan de Dios viven cerca de 40 familias que todavía están esperando el pago de sus salarios y que no piensan abandonar las instalaciones antes de que les cancelen. Además, hace falta que el Distrito presente el Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP), que en teoría debió estar listo a mediados del año pasado, paso indispensable para comenzar las obras de restauración en el hospital. Este plan, que está a cargo de la Universidad Nacional y del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), costó $1.100 millones.
Sin este documento, el Distrito difícilmente podrá intervenir las edificaciones del San Juan de Dios. Las únicas obras que iniciarían este año son las proyectadas en el Instituto Materno Infantil. El IDPC radicó el viernes pasado los diseños de restauración ante el Ministerio de Cultural, entidad que deberá estudiarlos y aprobarlos. La Procuraduría ha estado pendiente del proceso, pues el San Juan de Dios fue declarado monumento nacional en 2002 y por eso es obligatorio recuperarlo. Lo que se preguntan varias personas cercanas al hospital es por qué el alcalde Gustavo Petro asumió, solo, la misión de abrirlo después de 15 años de deterioro.
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Por Santiago Valenzuela
