Dudas legales sobre plan de aseo de Petro

Mientras el Distrito y los actuales operadores del servicio de aseo de la ciudad sostienen un conflicto respecto a cuál será el futuro de este negocio y las exactas reglas de juego entre ambos bandos, un nuevo ingrediente se suma a la polémica. Se trata de las inconsistencias legales en la estructuración del nuevo modelo en manos del Acueducto, denunciadas por la concejal María Victoria Vargas y por las cuales pidió a la Superintendencia de Servicios Públicos tomar posesión de esta empresa y a la Fiscalía investigar un presunto prevaricato de los miembros de la junta directiva al evadir las normas sobre la materia.

Según la concejal Vargas, es claro que el objeto de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá no es prestar el servicio de aseo y su junta directiva no puede hacer modificaciones al respecto, como ocurrió en este proceso. Así, al haber firmado el convenio con el Distrito para asumir el servicio de aseo, los miembros de esta empresa se habrían extralimitado en sus funciones.

Vargas explica que las decisiones de la administración son ilegales ya que el fue el Concejo el que, en el momento de creación de la EAAB, determinó que ésta se encargaría de prestar “los servicios públicos esenciales domiciliarios de acueducto y alcantarillado”. Añade que solamente este organismo puede modificar el objeto social como lo establece la ley, al tratarse de una empresa industrial y comercial del Estado.

Por esta razón, la concejal pidió a la Procuraduría comenzar las investigaciones disciplinarias del caso. Además, mediante una carta enviada a la Superintendencia de Servicios Públicos, solicitó que este organismo tome posesión del Acueducto como medida preventiva, frente al riesgo que representa la vulneración de estas normas.

Vargas también asegura que este caso podría tratarse de un presunto prevaricato, por el hecho de que la junta directiva haya tomado decisiones “existiendo normas claras que indican que no es su competencia agregar facultades que no son propias”. Por ello pidió a la Fiscalía que inicie las investigaciones a los miembros de la junta directiva de la empresa.

Por ahora, el Acueducto sigue con los planes para prestar el servicio con la compra de 400 camiones recolectores y la inversión de $80.000 millones. Pero Vargas insiste en que “todo lo que se estructure respecto a las prestación del servicio de aseo por parte del Acueducto viene de una base que no es legal y por esta razón la estructuración de la administración queda en el piso”.

Mientras el Distrito y los actuales operadores del servicio de aseo de la ciudad sostienen un conflicto respecto a cuál será el futuro de este negocio y las exactas reglas de juego entre ambos bandos, un nuevo ingrediente se suma a la polémica. Se trata de las inconsistencias legales en la estructuración del nuevo modelo en manos del Acueducto, denunciadas por la concejal María Victoria Vargas y por las cuales pidió a la Superintendencia de Servicios Públicos tomar posesión de esta empresa y a la Fiscalía investigar un presunto prevaricato de los miembros de la junta directiva al evadir las normas sobre la materia.

Según la concejal Vargas, es claro que el objeto de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá no es prestar el servicio de aseo y su junta directiva no puede hacer modificaciones al respecto, como ocurrió en este proceso. Así, al haber firmado el convenio con el Distrito para asumir el servicio de aseo, los miembros de esta empresa se habrían extralimitado en sus funciones.

Vargas explica que las decisiones de la administración son ilegales ya que el fue el Concejo el que, en el momento de creación de la EAAB, determinó que ésta se encargaría de prestar “los servicios públicos esenciales domiciliarios de acueducto y alcantarillado”. Añade que solamente este organismo puede modificar el objeto social como lo establece la ley, al tratarse de una empresa industrial y comercial del Estado.

Por esta razón, la concejal pidió a la Procuraduría comenzar las investigaciones disciplinarias del caso. Además, mediante una carta enviada a la Superintendencia de Servicios Públicos, solicitó que este organismo tome posesión del Acueducto como medida preventiva, frente al riesgo que representa la vulneración de estas normas.

Vargas también asegura que este caso podría tratarse de un presunto prevaricato, por el hecho de que la junta directiva haya tomado decisiones “existiendo normas claras que indican que no es su competencia agregar facultades que no son propias”. Por ello pidió a la Fiscalía que inicie las investigaciones a los miembros de la junta directiva de la empresa.

Por ahora, el Acueducto sigue con los planes para prestar el servicio con la compra de 400 camiones recolectores y la inversión de $80.000 millones. Pero Vargas insiste en que “todo lo que se estructure respecto a las prestación del servicio de aseo por parte del Acueducto viene de una base que no es legal y por esta razón la estructuración de la administración queda en el piso”.