Dudas sobre la empresa que hará la planta elevadora de Canoas

Este mes comienza a ejecutarse el contrato para la construcción de la planta elevadora que dará paso a la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) en el sur de la ciudad: el predio Tunjuelo-Canoas, donde se procesará el 70 % de las aguas contaminadas que produce la capital y que llegan al río Bogotá.

Este importante proyecto, con el que se busca descontaminar el afluente capitalino, fue adjudicado en noviembre del año pasado al consorcio EE Canoas, integrado por Mota-Engil Latam Colombia S.A.S. y Empresa Constructora Brasil S.A., quienes recibieron $351.957 millones para la ejecución de la obra cuya duración está prevista en 44 meses, es decir, será entregada en 2022. Se trata de la inversión más grande que ha hecho el Acueducto de Bogotá en los últimos diez años.

Con esta estructura se podrán sacar las aguas negras de los túneles que se encuentran a 70 metros bajo tierra, hasta la futura PTAR, donde serán tratadas y luego vertidas en el embalse El Muña, desde donde Emgesa producirá 4.000 kilovatios de energía al año, aproximadamente el 8 % de la energía que consume el país.

Sin embargo, en los últimos meses, una de las empresas que llevará a cabo la construcción de la planta elevadora, Moto-Engil, ha estado en la mira, ya que diferentes empresas de constructores han cuestionado la forma como ha operado, específicamente en la construcción de megacolegios en todo el país, y la obras sobre la vía Yuma, que conectaría a Barrancabermeja con la Ruta del Sol y otras variantes y que fue suspendida por mutuo acuerdo con Ecopetrol.

Esta multinacional portuguesa lleva siete años en el país y ha estado detrás de obras como la vía Honda-Manizales y el malecón de Barranquilla. Además tiene presencia en la región en países como Perú, México y Brasil, donde ha desarrollado principalmente obras de infraestructura y viales.

El conflicto en algunos de estos países ha sido principalmente por demoras en la ejecución, por ejemplo en Paraguay, donde ha llamado la atención de las autoridades por incumplimientos en la construcción de dos tramos del metrobús.

En Colombia, compañías que han subcontratado con la multinacional en la ejecución de un contrato por $800.000 millones para la construcción de colegios en el Eje Cafetero, la región Caribe, Cauca, Chocó y San Andrés han denunciado incumplimiento en los pagos. De acuerdo con algunos de ellos, a la hora de pagar asegura que no le han girado los recursos o se escuda en que no han sido aprobados los estudios para ejecutar las obras.

“Nos hemos visto lacerados por esta empresa extranjera debido a tantas mentiras e ilusiones que nos vendieron. Dentro de los casos más graves están los cambios que hacían por costos en la construcción. Por ejemplo, preferían hacer rampas de acceso que ascensores dentro de los planteles. Estratificaban los proyectos para que fueran más baratos”, aseguró a La W Hans Cadena, uno de los empresarios que cuestionan el proceder de Mota-Engil.

Pero quizás el proceso más grande lo tiene con Construcciones D.U.D. S.A.S., con la que firmó un contrato de pavimentación del tramo e intercambiador de la vía Yuma y quienes aseguran que no les fue entregada la totalidad del dinero que invirtieron en las obras que lograron hacer.

El tema está en conciliación en un tribunal de arbitramento en la Cámara de Comercio de Bogotá, mientras que el próximo lunes la Fiscalía imputará cargos contra la multinacional portuguesa y su representante legal, Pedro Jorge da Costa Ferreira Teixeira.

El proceso

Los problemas comenzaron en abril de 2017, cuando los trabajadores y subcontratistas de las obras de la vía Yuma intensificaron sus protestas por incumplimientos en los pagos. Huelgas de hambre, plantones y hasta un velorio simbólico realizaron frente a la sede de la multinacional en Barrancabermeja, Santander.

Además, la obra, que se adjudicó en 2013, debía entregarse en 2017, pero entonces la vía estaba retrasada. Ante este y otros inconvenientes, “el contrato se terminó en común acuerdo entre Mota-Engil y Ecopetrol. Se hicieron acuerdos con las empresas subcontratadas, pero con los únicos que no se llegó a un acuerdo fue con Construcciones D.U.D.”, manifestó Pedro Teixeira.

La razón fue que la multinacional aseguró que la empresa colombiana debía devolverle parte del adelanto del dinero que les hicieron, debido a que no terminaron las obras por las que fueron contratados, pero Construcciones D.U.D. alega que, por el contrario, Mota-Engil le debe plata, porque tuvieron que hacer obras extra por cuenta de la improvisación en la construcción de la vía.

“El gran problema fueron los diseños de Mota-Engil. La vía no concordaba ni empataba bien con las arterias a las que se conectaba y eso generó muchos problemas”, dijo Gerardo Uribe, gerente administrativo de Construcciones D.U.D. Una muestra de ello fue la construcción de los cabezotes de una serie de alcantarillas que luego tuvieron que demoler porque quedaron construidas dentro de la vía proyectada.

“En pasados días nos encontramos a punto de fundir la placa de piso de la caja K2+942 que estaba en nuestro programa. Las coordenadas las dio Mota y planos y todo aparentemente bien, la sorpresa es cuando fuimos a liberar con interventoría nos dimos cuenta de que la caja quedaba en la estructura de vía (dentro de la calzada). Igual no nos vamos a quedar quietos pero lo mejor es dejar la salvedad para que después no nos culpen de atrasos”, se lee en una de las comunicaciones entre las dos empresas durante la ejecución de la obra.

Ante esto, Mota-Engil acudió al tribunal de arbitramento para resolver la situación con la empresa colombiana, pero esta última asegura que en este proceso lo único que ha hecho la multinacional es dilatar la decisión, pues se ha negado a entregarles la bitácora de obras donde estarían demostrados los gastos extras, que superarían los $3.500 millones. Al respecto, Pedro Teixeira afirma que esta bitácora hace parte del proceso en el tribunal de arbitramento, por lo que es de acceso público y estaría a disposición de la empresa colombiana.

Si bien aún no hay acuerdo de por medio, ambas partes esperan que haya una decisión en abril de este año. Por ahora, Construcciones D.U.D. está atenta a la investigación de la Fiscalía por presunta estafa, pues en el contrato firmado entre Mota-Engil y Ecopetrol se estipulaba que la subcontratación debía ser autorizada por la compañía estatal y eso nunca se hizo.

Con respecto a la construcción de los colegios, Pedro Teixeira acepta que se han presentado retrasos en los cronogramas, “pero estamos adelantando y agilizando los que están en vía de construcción”. Con respecto a los avances no es claro, pues asegura que al encargarse de todo el proceso, desde la factibilidad técnica hasta la contratación, cada colegio lleva un proceso diferente.

Los empresarios cuestionan cómo, en medio de tantas dificultades, la multinacional portuguesa logró quedarse con el contrato para la construcción de la planta elevadora en Bogotá. En respuesta, Teixeira aseguró que se encuentran haciendo acuerdos y respondiendo a las firmas con las que tienen deudas, y señala que han cumplido con los requisitos y las pólizas. “Vamos a sacar adelante una obra que ha sido problemática.

Fuimos escogidos entre cinco consorcios, lo que demuestra la calidad de nuestra empresa. Solo nos quedan pendientes pequeños puntos por subsanar, que estaremos entregando en los próximos 20 días al Acueducto de Bogotá”.

Por ahora, la expectativa está en la contratación de la interventoría por parte del Distrito, con la cual se puede dar inicio a las obras de la planta elevadora, que se retrasarían por este hecho. La atención sobre este proyecto se debe a los inconvenientes por los que atravesó, como la extracción de las tuneladoras que permanecieron cinco años bajo tierra. Por ello, aclarar las irregularidades en las que se ha involucrado a Mota-Engil será fundamental para dar confianza en que la obra se desarrollará con normalidad y no traerá nuevos problemas a la capital.

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Este mes comienza a ejecutarse el contrato para la construcción de la planta elevadora que dará paso a la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) en el sur de la ciudad: el predio Tunjuelo-Canoas, donde se procesará el 70 % de las aguas contaminadas que produce la capital y que llegan al río Bogotá.

Este importante proyecto, con el que se busca descontaminar el afluente capitalino, fue adjudicado en noviembre del año pasado al consorcio EE Canoas, integrado por Mota-Engil Latam Colombia S.A.S. y Empresa Constructora Brasil S.A., quienes recibieron $351.957 millones para la ejecución de la obra cuya duración está prevista en 44 meses, es decir, será entregada en 2022. Se trata de la inversión más grande que ha hecho el Acueducto de Bogotá en los últimos diez años.

Con esta estructura se podrán sacar las aguas negras de los túneles que se encuentran a 70 metros bajo tierra, hasta la futura PTAR, donde serán tratadas y luego vertidas en el embalse El Muña, desde donde Emgesa producirá 4.000 kilovatios de energía al año, aproximadamente el 8 % de la energía que consume el país.

Sin embargo, en los últimos meses, una de las empresas que llevará a cabo la construcción de la planta elevadora, Moto-Engil, ha estado en la mira, ya que diferentes empresas de constructores han cuestionado la forma como ha operado, específicamente en la construcción de megacolegios en todo el país, y la obras sobre la vía Yuma, que conectaría a Barrancabermeja con la Ruta del Sol y otras variantes y que fue suspendida por mutuo acuerdo con Ecopetrol.

Esta multinacional portuguesa lleva siete años en el país y ha estado detrás de obras como la vía Honda-Manizales y el malecón de Barranquilla. Además tiene presencia en la región en países como Perú, México y Brasil, donde ha desarrollado principalmente obras de infraestructura y viales.

El conflicto en algunos de estos países ha sido principalmente por demoras en la ejecución, por ejemplo en Paraguay, donde ha llamado la atención de las autoridades por incumplimientos en la construcción de dos tramos del metrobús.

En Colombia, compañías que han subcontratado con la multinacional en la ejecución de un contrato por $800.000 millones para la construcción de colegios en el Eje Cafetero, la región Caribe, Cauca, Chocó y San Andrés han denunciado incumplimiento en los pagos. De acuerdo con algunos de ellos, a la hora de pagar asegura que no le han girado los recursos o se escuda en que no han sido aprobados los estudios para ejecutar las obras.

“Nos hemos visto lacerados por esta empresa extranjera debido a tantas mentiras e ilusiones que nos vendieron. Dentro de los casos más graves están los cambios que hacían por costos en la construcción. Por ejemplo, preferían hacer rampas de acceso que ascensores dentro de los planteles. Estratificaban los proyectos para que fueran más baratos”, aseguró a La W Hans Cadena, uno de los empresarios que cuestionan el proceder de Mota-Engil.

Pero quizás el proceso más grande lo tiene con Construcciones D.U.D. S.A.S., con la que firmó un contrato de pavimentación del tramo e intercambiador de la vía Yuma y quienes aseguran que no les fue entregada la totalidad del dinero que invirtieron en las obras que lograron hacer.

El tema está en conciliación en un tribunal de arbitramento en la Cámara de Comercio de Bogotá, mientras que el próximo lunes la Fiscalía imputará cargos contra la multinacional portuguesa y su representante legal, Pedro Jorge da Costa Ferreira Teixeira.

El proceso

Los problemas comenzaron en abril de 2017, cuando los trabajadores y subcontratistas de las obras de la vía Yuma intensificaron sus protestas por incumplimientos en los pagos. Huelgas de hambre, plantones y hasta un velorio simbólico realizaron frente a la sede de la multinacional en Barrancabermeja, Santander.

Además, la obra, que se adjudicó en 2013, debía entregarse en 2017, pero entonces la vía estaba retrasada. Ante este y otros inconvenientes, “el contrato se terminó en común acuerdo entre Mota-Engil y Ecopetrol. Se hicieron acuerdos con las empresas subcontratadas, pero con los únicos que no se llegó a un acuerdo fue con Construcciones D.U.D.”, manifestó Pedro Teixeira.

La razón fue que la multinacional aseguró que la empresa colombiana debía devolverle parte del adelanto del dinero que les hicieron, debido a que no terminaron las obras por las que fueron contratados, pero Construcciones D.U.D. alega que, por el contrario, Mota-Engil le debe plata, porque tuvieron que hacer obras extra por cuenta de la improvisación en la construcción de la vía.

“El gran problema fueron los diseños de Mota-Engil. La vía no concordaba ni empataba bien con las arterias a las que se conectaba y eso generó muchos problemas”, dijo Gerardo Uribe, gerente administrativo de Construcciones D.U.D. Una muestra de ello fue la construcción de los cabezotes de una serie de alcantarillas que luego tuvieron que demoler porque quedaron construidas dentro de la vía proyectada.

“En pasados días nos encontramos a punto de fundir la placa de piso de la caja K2+942 que estaba en nuestro programa. Las coordenadas las dio Mota y planos y todo aparentemente bien, la sorpresa es cuando fuimos a liberar con interventoría nos dimos cuenta de que la caja quedaba en la estructura de vía (dentro de la calzada). Igual no nos vamos a quedar quietos pero lo mejor es dejar la salvedad para que después no nos culpen de atrasos”, se lee en una de las comunicaciones entre las dos empresas durante la ejecución de la obra.

Ante esto, Mota-Engil acudió al tribunal de arbitramento para resolver la situación con la empresa colombiana, pero esta última asegura que en este proceso lo único que ha hecho la multinacional es dilatar la decisión, pues se ha negado a entregarles la bitácora de obras donde estarían demostrados los gastos extras, que superarían los $3.500 millones. Al respecto, Pedro Teixeira afirma que esta bitácora hace parte del proceso en el tribunal de arbitramento, por lo que es de acceso público y estaría a disposición de la empresa colombiana.

Si bien aún no hay acuerdo de por medio, ambas partes esperan que haya una decisión en abril de este año. Por ahora, Construcciones D.U.D. está atenta a la investigación de la Fiscalía por presunta estafa, pues en el contrato firmado entre Mota-Engil y Ecopetrol se estipulaba que la subcontratación debía ser autorizada por la compañía estatal y eso nunca se hizo.

Con respecto a la construcción de los colegios, Pedro Teixeira acepta que se han presentado retrasos en los cronogramas, “pero estamos adelantando y agilizando los que están en vía de construcción”. Con respecto a los avances no es claro, pues asegura que al encargarse de todo el proceso, desde la factibilidad técnica hasta la contratación, cada colegio lleva un proceso diferente.

Los empresarios cuestionan cómo, en medio de tantas dificultades, la multinacional portuguesa logró quedarse con el contrato para la construcción de la planta elevadora en Bogotá. En respuesta, Teixeira aseguró que se encuentran haciendo acuerdos y respondiendo a las firmas con las que tienen deudas, y señala que han cumplido con los requisitos y las pólizas. “Vamos a sacar adelante una obra que ha sido problemática.

Fuimos escogidos entre cinco consorcios, lo que demuestra la calidad de nuestra empresa. Solo nos quedan pendientes pequeños puntos por subsanar, que estaremos entregando en los próximos 20 días al Acueducto de Bogotá”.

Por ahora, la expectativa está en la contratación de la interventoría por parte del Distrito, con la cual se puede dar inicio a las obras de la planta elevadora, que se retrasarían por este hecho. La atención sobre este proyecto se debe a los inconvenientes por los que atravesó, como la extracción de las tuneladoras que permanecieron cinco años bajo tierra. Por ello, aclarar las irregularidades en las que se ha involucrado a Mota-Engil será fundamental para dar confianza en que la obra se desarrollará con normalidad y no traerá nuevos problemas a la capital.

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