Edificios de la justicia en Bogotá, inseguros y sin baños

La justicia no tiene un espacio digno en Bogotá. Los edificios donde los jueces deben impartirla tienen innumerables fallas y carencias en su infraestructura, que ponen en riesgo latente su seguridad y la de los usuarios. Tanto, que los mismos togados llevan seis años en una cruzada jurídica para conseguir las mejoras mínimas. Pero no lo han logrado. Por eso, un juzgado administrativo de Bogotá declaró en desacato a dos funcionarios de la rama encargados de su mantenimiento. Los sancionó y les fijó, una vez más, un plazo límite para que hagan los arreglos. Ellos, por su parte, se han defendido diciendo que los recursos no alcanzan. (Lea: Juticia cojea por infraestructura) 

En la decisión se exponen varias falencias: los funcionarios no demostraron que se hubieran renovado los extintores, los sensores de humo ni los rociadores de agua en las ocho sedes, que incluyen el complejo de Paloquemao y los edificios Hernando Morales (en la carrera 10 con calle 14) y Nemqueteba (en la carrera séptima con calle 13). Hay edificaciones en las que los ascensores funcionan mal y otras carecen de plantas eléctricas. En varias sedes, como las que están en los edificios Convida, Jaramillo y Camacol no tienen sanitarios públicos. Para completar, la mayoría no tienen equipamiento médico.

Todas estas fallas y carencias representan peligros frente a eventualidades como incendios o cortes de energía, y deficiencias para atender necesidades básicas como las sanitarias, de las casi 15.000 personas que a diario transitan entre despachos, salas y pasillos. Los mismos funcionarios judiciales comenzaron, desde 2010, una lucha para lograr que las condiciones de sus lugares de trabajo mejoraran, pero hasta ahora los resultados no han sido los que esperaban. El 7 de septiembre de ese 2012 lograron que, como respuesta a una acción popular, se ordenaran las mejoras en los edificios. En su momento, se fijó un plazo de tres años.

Ese tiempo se cumplió y los cambios no se vieron. Por eso, el 11 de noviembre de 2015 se declaró el primer desacato por parte de Celinea Oróztegui, directora de Administración Judicial, y Carlos Enrique Masmela, director seccional de Administración Judicial de Bogotá. Esa sanción, sin embargo, fue revocada en febrero de 2016 por el Tribunal Superior de Cundinamarca que, al mismo tiempo, les ordenó a los funcionarios que cumplieran el fallo inicial, es decir, que gestionaran las mejoras en los seis meses siguientes. De nuevo, el plazo se cumplió y las mejoras no se hicieron.

El pasado 13 de enero, el juez Ómar Édgar Borja volvió a declarar el desacato de Oróztegui y a Másmela, y los sancionó con el pago de $36 millones y $14 millones, respectivamente. Y una vez más ordenó los arreglos en los edificios judiciales. Borja concluyó que aunque “sí se han adelantado diferentes actividades para dar cumplimiento a la decisión, han sido insuficientes”. Y agregó que está “probada la renuencia y gravísima negligencia para el cumplimiento de la orden impartida al no incluir en los últimos 5 años las partidas presupuestales suficientes para el cumplimiento de la sentencia”.

Frente a la situación, Másmela le había dicho anteriormente a El Espectador que la plata no alcanza para las mejoras, pues el presupuesto que se le asigna al funcionamiento de los 447 juzgados de Bogotá es angosto y debe destinarse también al funcionamiento y pago de deudas. El juez, por su parte, reprochó que ante la deficiencia de la infraestructura actual no se hubieran adelantado gestiones para recibir, de forma gratuita, las edificaciones que, luego del proceso de extinción de dominio, son entregadas a la nación.

Por ahora hay un nuevo plazo para que en 2018 se disponga del presupuesto para adecuar los edificios de la justicia en Bogotá. Mientras tanto, Oróztegui y Másmela tendrán que rendir informes, cada cuatro meses, sobre los avances en el cumplimiento de la orden que busca brindar las condiciones mínimas a la infraestructura judicial.

La justicia no tiene un espacio digno en Bogotá. Los edificios donde los jueces deben impartirla tienen innumerables fallas y carencias en su infraestructura, que ponen en riesgo latente su seguridad y la de los usuarios. Tanto, que los mismos togados llevan seis años en una cruzada jurídica para conseguir las mejoras mínimas. Pero no lo han logrado. Por eso, un juzgado administrativo de Bogotá declaró en desacato a dos funcionarios de la rama encargados de su mantenimiento. Los sancionó y les fijó, una vez más, un plazo límite para que hagan los arreglos. Ellos, por su parte, se han defendido diciendo que los recursos no alcanzan. (Lea: Juticia cojea por infraestructura) 

En la decisión se exponen varias falencias: los funcionarios no demostraron que se hubieran renovado los extintores, los sensores de humo ni los rociadores de agua en las ocho sedes, que incluyen el complejo de Paloquemao y los edificios Hernando Morales (en la carrera 10 con calle 14) y Nemqueteba (en la carrera séptima con calle 13). Hay edificaciones en las que los ascensores funcionan mal y otras carecen de plantas eléctricas. En varias sedes, como las que están en los edificios Convida, Jaramillo y Camacol no tienen sanitarios públicos. Para completar, la mayoría no tienen equipamiento médico.

Todas estas fallas y carencias representan peligros frente a eventualidades como incendios o cortes de energía, y deficiencias para atender necesidades básicas como las sanitarias, de las casi 15.000 personas que a diario transitan entre despachos, salas y pasillos. Los mismos funcionarios judiciales comenzaron, desde 2010, una lucha para lograr que las condiciones de sus lugares de trabajo mejoraran, pero hasta ahora los resultados no han sido los que esperaban. El 7 de septiembre de ese 2012 lograron que, como respuesta a una acción popular, se ordenaran las mejoras en los edificios. En su momento, se fijó un plazo de tres años.

Ese tiempo se cumplió y los cambios no se vieron. Por eso, el 11 de noviembre de 2015 se declaró el primer desacato por parte de Celinea Oróztegui, directora de Administración Judicial, y Carlos Enrique Masmela, director seccional de Administración Judicial de Bogotá. Esa sanción, sin embargo, fue revocada en febrero de 2016 por el Tribunal Superior de Cundinamarca que, al mismo tiempo, les ordenó a los funcionarios que cumplieran el fallo inicial, es decir, que gestionaran las mejoras en los seis meses siguientes. De nuevo, el plazo se cumplió y las mejoras no se hicieron.

El pasado 13 de enero, el juez Ómar Édgar Borja volvió a declarar el desacato de Oróztegui y a Másmela, y los sancionó con el pago de $36 millones y $14 millones, respectivamente. Y una vez más ordenó los arreglos en los edificios judiciales. Borja concluyó que aunque “sí se han adelantado diferentes actividades para dar cumplimiento a la decisión, han sido insuficientes”. Y agregó que está “probada la renuencia y gravísima negligencia para el cumplimiento de la orden impartida al no incluir en los últimos 5 años las partidas presupuestales suficientes para el cumplimiento de la sentencia”.

Frente a la situación, Másmela le había dicho anteriormente a El Espectador que la plata no alcanza para las mejoras, pues el presupuesto que se le asigna al funcionamiento de los 447 juzgados de Bogotá es angosto y debe destinarse también al funcionamiento y pago de deudas. El juez, por su parte, reprochó que ante la deficiencia de la infraestructura actual no se hubieran adelantado gestiones para recibir, de forma gratuita, las edificaciones que, luego del proceso de extinción de dominio, son entregadas a la nación.

Por ahora hay un nuevo plazo para que en 2018 se disponga del presupuesto para adecuar los edificios de la justicia en Bogotá. Mientras tanto, Oróztegui y Másmela tendrán que rendir informes, cada cuatro meses, sobre los avances en el cumplimiento de la orden que busca brindar las condiciones mínimas a la infraestructura judicial.