Ejército sí puede ubicar a jóvenes remisos que sean aptos para prestar servicio
Esto deberá hacerse de forma individual y no a través de batidas masivas.
Redacción Bogotá
A pesar de que las batidas militares fueron prohibidas por la Corte Constitucional en su sentencia T-455 de 2014, que a finales de enero de 2015 cobró vida jurídica, se siguen presentando denuncias de esta índole. Por tal razón, es que la Administración Distrital de Bogotá y el Ejército se han reunido en varias oportunidades para tratar el tema y acordar protocolos en este sentido que buscan frenar este accionar, que sobre todo se presenta en barrios marginales y pobres, no solo en la capital sino en varias ciudades del país.
La secretaria de Gobierno, Gloria Flórez, declaró que la sentencia C - 879 de 2011 de la Corte Constitucional establece que el Ejército Nacional solo puede compeler (obligar por la fuerza) a los ciudadanos que no se hayan inscrito para definir su situación militar, lo cual podrá realizarse sin afectar la libertad personal en las instalaciones de las alcaldías locales de Bogotá; este es uno de los acuerdos a los que llegó el Distrito con el Ejército.
Por otro lado, la funcionaria también manifestó que en el caso de los que incumplan su obligación de concurrir a las concentraciones para incorporarse al servicio militar no puede ser ejecutada mediante detenciones masivas, pues solo puede recaer sobre personas que previamente hayan sido declaradas aptas para el servicio militar por lo cual su localización debe hacerse de manera individual.
La secretaria de Gobierno, Gloria Flórez Schenider, se reunió con el Mayor General Jorge Eliecer Suárez Ortiz, jefe de reclutamiento del Ejército Nacional, y con el Teniente Coronel Álvaro Pulido Rodríguez, de la Décima Quinta Zona de Reclutamiento, que abarca el Distrito Capital, con quienes acordó adelantar estas acciones conjuntas que permitan garantizar los derechos humanos de los jóvenes que en los últimos meses han sido “reclutados” de manera irregular.
Este encuentro se produjo tras denuncias recibidas en la Secretaría de Gobierno sobre “batidas” de reclutamiento de jóvenes en Bogotá por parte del Ejército Nacional, las cuales son consideradas violatorias de derechos fundamentales por parte de la Corte Constitucional Colombiana.
Dentro de las acciones a realizar están: la elaboración conjunta de un protocolo de dignificación del reclutamiento en Bogotá y la promoción de jornadas pedagógicas en las veinte localidades para que tanto padres como jóvenes conozcan sus derechos frente al tema y se les brinde información oportuna a quienes quieran de manera voluntaria
La secretaria Gloria Flórez manifestó su confianza en que esta colaboración entre el Ejército Nacional y la Secretaría de Gobierno redunde en una dignificación del reclutamiento de los jóvenes en Bogotá.
El 20 de febrero de 2015, a las 9:30 pm, jóvenes de los barrios El Consuelo y los Laches fueron abordados por militares que les ordenaron montarse a un camión de placas VNC-151 de Tuluá. La comunidad informó del episodio a Mario Velásquez, presidente de junta de acción comunal de la localidad. Cuando Velásquez llegó al lugar, en el camión estaban retenidos tres jóvenes.
Un militar, que no se habría identificado, señaló que ese procedimiento era legal. Aseguró que era abogado y que conocía muy bien las leyes y que esos jóvenes posiblemente eran remisos y que ellos podían compeler jóvenes a distritos militares. Lo que no dijo el militar es que, si bien la sentencia C-879 de 2011 de la Corte Constitucional declaró constitucional el término compeler, también señaló en esa sentencia que “la única comprensión de ‘compeler’ (obligar a alguien, por fuerza o autoridad, a que haga lo que no quiere) es que quien no haya cumplido la obligación de inscribirse para definir su situación militar, sólo puede ser retenido de manera momentánea mientras se verifica tal situación y se inscribe, proceso que no requiere ningún formalismo y que se agota precisamente con la inscripción. Por lo tanto, no puede implicar la conducción del ciudadano a cuarteles o distritos militares y su retención por autoridades militares por largos períodos, con el propósito no sólo de obligarlo a inscribirse, sino de someterlo a exámenes y, si resulta apto, finalmente incorporarlo a filas”.
A pesar de que las batidas militares fueron prohibidas por la Corte Constitucional en su sentencia T-455 de 2014, que a finales de enero de 2015 cobró vida jurídica, se siguen presentando denuncias de esta índole. Por tal razón, es que la Administración Distrital de Bogotá y el Ejército se han reunido en varias oportunidades para tratar el tema y acordar protocolos en este sentido que buscan frenar este accionar, que sobre todo se presenta en barrios marginales y pobres, no solo en la capital sino en varias ciudades del país.
La secretaria de Gobierno, Gloria Flórez, declaró que la sentencia C - 879 de 2011 de la Corte Constitucional establece que el Ejército Nacional solo puede compeler (obligar por la fuerza) a los ciudadanos que no se hayan inscrito para definir su situación militar, lo cual podrá realizarse sin afectar la libertad personal en las instalaciones de las alcaldías locales de Bogotá; este es uno de los acuerdos a los que llegó el Distrito con el Ejército.
Por otro lado, la funcionaria también manifestó que en el caso de los que incumplan su obligación de concurrir a las concentraciones para incorporarse al servicio militar no puede ser ejecutada mediante detenciones masivas, pues solo puede recaer sobre personas que previamente hayan sido declaradas aptas para el servicio militar por lo cual su localización debe hacerse de manera individual.
La secretaria de Gobierno, Gloria Flórez Schenider, se reunió con el Mayor General Jorge Eliecer Suárez Ortiz, jefe de reclutamiento del Ejército Nacional, y con el Teniente Coronel Álvaro Pulido Rodríguez, de la Décima Quinta Zona de Reclutamiento, que abarca el Distrito Capital, con quienes acordó adelantar estas acciones conjuntas que permitan garantizar los derechos humanos de los jóvenes que en los últimos meses han sido “reclutados” de manera irregular.
Este encuentro se produjo tras denuncias recibidas en la Secretaría de Gobierno sobre “batidas” de reclutamiento de jóvenes en Bogotá por parte del Ejército Nacional, las cuales son consideradas violatorias de derechos fundamentales por parte de la Corte Constitucional Colombiana.
Dentro de las acciones a realizar están: la elaboración conjunta de un protocolo de dignificación del reclutamiento en Bogotá y la promoción de jornadas pedagógicas en las veinte localidades para que tanto padres como jóvenes conozcan sus derechos frente al tema y se les brinde información oportuna a quienes quieran de manera voluntaria
La secretaria Gloria Flórez manifestó su confianza en que esta colaboración entre el Ejército Nacional y la Secretaría de Gobierno redunde en una dignificación del reclutamiento de los jóvenes en Bogotá.
El 20 de febrero de 2015, a las 9:30 pm, jóvenes de los barrios El Consuelo y los Laches fueron abordados por militares que les ordenaron montarse a un camión de placas VNC-151 de Tuluá. La comunidad informó del episodio a Mario Velásquez, presidente de junta de acción comunal de la localidad. Cuando Velásquez llegó al lugar, en el camión estaban retenidos tres jóvenes.
Un militar, que no se habría identificado, señaló que ese procedimiento era legal. Aseguró que era abogado y que conocía muy bien las leyes y que esos jóvenes posiblemente eran remisos y que ellos podían compeler jóvenes a distritos militares. Lo que no dijo el militar es que, si bien la sentencia C-879 de 2011 de la Corte Constitucional declaró constitucional el término compeler, también señaló en esa sentencia que “la única comprensión de ‘compeler’ (obligar a alguien, por fuerza o autoridad, a que haga lo que no quiere) es que quien no haya cumplido la obligación de inscribirse para definir su situación militar, sólo puede ser retenido de manera momentánea mientras se verifica tal situación y se inscribe, proceso que no requiere ningún formalismo y que se agota precisamente con la inscripción. Por lo tanto, no puede implicar la conducción del ciudadano a cuarteles o distritos militares y su retención por autoridades militares por largos períodos, con el propósito no sólo de obligarlo a inscribirse, sino de someterlo a exámenes y, si resulta apto, finalmente incorporarlo a filas”.