El abogado de Petro y la ETB

A las revelaciones de cómo los abogados del alcalde Gustavo Petro que dijeron haberlo defendido gratis cuando la Procuraduría ordenó su destitución en diciembre de 2013 tuvieron varios contratos con entidades del Distrito, se suma un caso más. El del abogado Julio César Ortiz Gutiérrez, quien radicó la tutela para tumbar el fallo disciplinario por los mismos días en que la ETB lo contrató para representar a la entidad ante eventuales pleitos jurídicos.

Así lo pudo establecer El Espectador tras revisar los archivos que la ETB tiene publicados en su página web y en los que relaciona los contratos firmados a partir de enero de 2012. En ese listado reposan datos de 1.800 contratos directos, con información básica: razón social del contratista, mes en el que lo firmaron y objeto. Sin embargo, se desconocen otros datos, como el NIT, el valor y el plazo. Según los documentos, el año en el que más contratos se firmaron fue 2013 (680 registros) y el mes de mayor actividad fue diciembre.

En los archivos de ese mes se encuentran dos contratos que llaman la atención: los que se firmaron con la firma Ortiz Gutiérrez & Asociados para tareas jurídicas en la compañía. El primero está identificado como el proceso número 10243660 y, según se lee en el documento oficial, fue para “asesoría jurídica sobre las líneas de defensa a seguir y la representación judicial, frente a las acciones de tutela, de cumplimiento, populares y demás que se notifiquen a ETB relacionadas con la conmutación del pasivo”. El segundo, bajo el número 10245677, fue para la “elaboración de un análisis jurídico, con fundamento en el derecho nacional y la jurisprudencia constitucional y contenciosa administrativa, de la responsabilidad”.

Llaman la atención por un detalle: la firma contratista es propiedad del abogado Julio César Ortiz Gutiérrez, quien justo en diciembre de 2013, cuando lo contrató la ETB, asumió la defensa del alcalde Petro tras el fallo disciplinario en el que la Procuraduría lo destituyó por el lío del cambio de modelo de recolección de basuras. Ortiz fue quien firmó la tutela que se radicó ante los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Un exdirectivo de la ETB consultado sobre el caso señaló: “Aunque algunos puedan catalogarlo como simple coincidencia, no se pueden perder de vista dos aspectos: hasta ese momento Ortiz Gutiérrez nunca había trabajado para la ETB y llegó justo cuando Petro necesitaba abogado. En este caso podría haberse configurado un conflicto de interés, porque el mandatario capitalino es el presidente de la junta directiva de la empresa”.

Estos dos contratos de la firma del abogado Ortiz no son los únicos que ha firmado con empresas del Distrito. Se conoció que en diciembre de 2012, un año antes de firmar con la ETB, había firmado dos más con la Empresa de Acueducto para representarla judicialmente. Además, su hermana Bertha Sofía Ortiz Gutiérrez se desempeña desde mayo de 2012 como directora de gestión de calidad y procesos de esta misma empresa.

Ortiz Gutiérrez ha dicho en diferentes escenarios que su papel como abogado del alcalde lo asumió como expresión democrática del Estado social de derecho. Al ser consultado por este diario sobre sus contratos con la ETB, respondió: “No tengo nada que ocultar, ni nada que decir frente a mis contratos con la ETB. Eso hace parte de mi ejercicio legítimo como abogado. Y no le trabajé gratis al alcalde Petro, él me pagó $10 millones, con recibo y todo. Incluso he trabajado también para Colvatel, otra empresa de la ETB. Ahora resulta que no puedo ejercer mi profesión. Es mi vida profesional y soy un abogado decente, con 35 años de ejercicio profesional”.

Secretario impuesto

No hay prueba de nexos directos entre el contrato del abogado con la ETB y la defensa del alcalde, pero, al consultar esta situación con exdirectivos de la empresa de telecomunicaciones, surgen otros elementos que dan cuenta de cómo el mandatario ha ejercido su poder como presidente de la junta directiva de la empresa de economía mixta y cuál ha sido su relación directa con la persona que maneja la contratación de la compañía.

La situación se remonta a enero de 2012, cuando fue nombrado Saúl Kattan en la presidencia de la ETB, especialmente durante la primera junta directiva de la compañía que era presidida por el alcalde. Ese día, cuenta el exfuncionario, ocurrió un episodio particular. El mandatario le dijo a Kattan: “Le presento a su nuevo secretario general”. Se trataba de Javier Gutiérrez Afanador, abogado de la Universidad Externado a quien nadie conocía, pese a que en su perfil aseguró contar con amplia experiencia en telecomunicaciones.

Esta situación generó fractura en las directivas de la entidad porque hasta ese momento, según los estatutos, la secretaría general la ocupaba alguien de confianza del presidente de la compañía, mas no del presidente de la junta. Para ese momento no había registros de que Kattan y Gutiérrez se conocieran o hubieran trabajado juntos. Y como fue el alcalde quien impuso a Gutiérrez Afanador, el nuevo secretario sabía del poder que lo respaldaba. Por eso una de sus primeras decisiones fue asumir el control de la contratación.

“Hasta entonces la secretaría general no tenía esa función, pero Gutiérrez modificó el manual para tener esa función. Entre sus cambios priorizó la contratación directa frente a los concursos públicos. Luego convirtió la ETB en la central de medios del Distrito. Esa condición se había rechazado en administraciones anteriores, porque se consideraba un desconocimiento de la Ley 80 y no se podía hacer por estatutos. A los que se opusieron los desvincularon”. Cambiaron los estatutos y se hizo el cambio.

¿Para qué quería tener ese poder? La pregunta permite una reflexión: si se tiene en cuenta que la ETB es una empresa 88% pública y que cada vez es más difícil conocer detalles detrás de sus negocios, en especial cuando subcontrata tareas que encomienda el Distrito a través de convenios interadministrativos, ¿era viable permitir que concentrara millonarios gastos a través de la secretaría general?

Aunque la figura de los convenios interadministrativos es legal, también es evidente que la relación contractual de la administración con la ETB presenta cifras elevadas. Las bases de datos consultadas por este diario señalan, por ejemplo, cómo en los últimos años se han firmado 300 convenios interadministrativos que suman casi $300.000 millones. Entre ellos algunos llamativos, como la intermediación que le hace la ETB a la Alcaldía para contratar gastos de publicidad con Canal Capital, también perteneciente al Distrito.

Algunos de esos convenios han sido cuestionados por la Contraloría Distrital tras descubrir una aparente relación desequilibrada. El Distrito ha pagado más de lo que hubiera cancelado si hubiera sometido cada convenio a licitación pública. Una realidad confirmada por funcionarios y exfuncionarios que han tenido que negociar con la ETB. Un exsecretario de despacho, por ejemplo, resaltó que la ETB siempre ha ofrecido a la administración precios por encima del mercado. “Si en su mayoría es pública, debería cobrar menos al dueño, pero cobra tarifas altísimas. En últimas”, resaltó la fuente, “la plata ni siquiera se queda en la ETB, sino en los privados. Ese es el problema de subcontratación que se viene haciendo a través de la ETB”.

En pocas palabras, hay un nuevo acento en la contratación de la compañía que por sus condiciones jurídicas escapa al control del Ministerio Público. “Si se analizan todos los contratos se advierte que la secretaría general lo ha venido haciendo con abogados que terminan relacionados con temas distintos a la administración. Como el caso del abogado Ortiz, cuya contratación en la ETB debió ser conocida públicamente al asumir la defensa de Petro, para no generar suspicacias”, concluyó.

A las revelaciones de cómo los abogados del alcalde Gustavo Petro que dijeron haberlo defendido gratis cuando la Procuraduría ordenó su destitución en diciembre de 2013 tuvieron varios contratos con entidades del Distrito, se suma un caso más. El del abogado Julio César Ortiz Gutiérrez, quien radicó la tutela para tumbar el fallo disciplinario por los mismos días en que la ETB lo contrató para representar a la entidad ante eventuales pleitos jurídicos.

Así lo pudo establecer El Espectador tras revisar los archivos que la ETB tiene publicados en su página web y en los que relaciona los contratos firmados a partir de enero de 2012. En ese listado reposan datos de 1.800 contratos directos, con información básica: razón social del contratista, mes en el que lo firmaron y objeto. Sin embargo, se desconocen otros datos, como el NIT, el valor y el plazo. Según los documentos, el año en el que más contratos se firmaron fue 2013 (680 registros) y el mes de mayor actividad fue diciembre.

En los archivos de ese mes se encuentran dos contratos que llaman la atención: los que se firmaron con la firma Ortiz Gutiérrez & Asociados para tareas jurídicas en la compañía. El primero está identificado como el proceso número 10243660 y, según se lee en el documento oficial, fue para “asesoría jurídica sobre las líneas de defensa a seguir y la representación judicial, frente a las acciones de tutela, de cumplimiento, populares y demás que se notifiquen a ETB relacionadas con la conmutación del pasivo”. El segundo, bajo el número 10245677, fue para la “elaboración de un análisis jurídico, con fundamento en el derecho nacional y la jurisprudencia constitucional y contenciosa administrativa, de la responsabilidad”.

Llaman la atención por un detalle: la firma contratista es propiedad del abogado Julio César Ortiz Gutiérrez, quien justo en diciembre de 2013, cuando lo contrató la ETB, asumió la defensa del alcalde Petro tras el fallo disciplinario en el que la Procuraduría lo destituyó por el lío del cambio de modelo de recolección de basuras. Ortiz fue quien firmó la tutela que se radicó ante los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Un exdirectivo de la ETB consultado sobre el caso señaló: “Aunque algunos puedan catalogarlo como simple coincidencia, no se pueden perder de vista dos aspectos: hasta ese momento Ortiz Gutiérrez nunca había trabajado para la ETB y llegó justo cuando Petro necesitaba abogado. En este caso podría haberse configurado un conflicto de interés, porque el mandatario capitalino es el presidente de la junta directiva de la empresa”.

Estos dos contratos de la firma del abogado Ortiz no son los únicos que ha firmado con empresas del Distrito. Se conoció que en diciembre de 2012, un año antes de firmar con la ETB, había firmado dos más con la Empresa de Acueducto para representarla judicialmente. Además, su hermana Bertha Sofía Ortiz Gutiérrez se desempeña desde mayo de 2012 como directora de gestión de calidad y procesos de esta misma empresa.

Ortiz Gutiérrez ha dicho en diferentes escenarios que su papel como abogado del alcalde lo asumió como expresión democrática del Estado social de derecho. Al ser consultado por este diario sobre sus contratos con la ETB, respondió: “No tengo nada que ocultar, ni nada que decir frente a mis contratos con la ETB. Eso hace parte de mi ejercicio legítimo como abogado. Y no le trabajé gratis al alcalde Petro, él me pagó $10 millones, con recibo y todo. Incluso he trabajado también para Colvatel, otra empresa de la ETB. Ahora resulta que no puedo ejercer mi profesión. Es mi vida profesional y soy un abogado decente, con 35 años de ejercicio profesional”.

Secretario impuesto

No hay prueba de nexos directos entre el contrato del abogado con la ETB y la defensa del alcalde, pero, al consultar esta situación con exdirectivos de la empresa de telecomunicaciones, surgen otros elementos que dan cuenta de cómo el mandatario ha ejercido su poder como presidente de la junta directiva de la empresa de economía mixta y cuál ha sido su relación directa con la persona que maneja la contratación de la compañía.

La situación se remonta a enero de 2012, cuando fue nombrado Saúl Kattan en la presidencia de la ETB, especialmente durante la primera junta directiva de la compañía que era presidida por el alcalde. Ese día, cuenta el exfuncionario, ocurrió un episodio particular. El mandatario le dijo a Kattan: “Le presento a su nuevo secretario general”. Se trataba de Javier Gutiérrez Afanador, abogado de la Universidad Externado a quien nadie conocía, pese a que en su perfil aseguró contar con amplia experiencia en telecomunicaciones.

Esta situación generó fractura en las directivas de la entidad porque hasta ese momento, según los estatutos, la secretaría general la ocupaba alguien de confianza del presidente de la compañía, mas no del presidente de la junta. Para ese momento no había registros de que Kattan y Gutiérrez se conocieran o hubieran trabajado juntos. Y como fue el alcalde quien impuso a Gutiérrez Afanador, el nuevo secretario sabía del poder que lo respaldaba. Por eso una de sus primeras decisiones fue asumir el control de la contratación.

“Hasta entonces la secretaría general no tenía esa función, pero Gutiérrez modificó el manual para tener esa función. Entre sus cambios priorizó la contratación directa frente a los concursos públicos. Luego convirtió la ETB en la central de medios del Distrito. Esa condición se había rechazado en administraciones anteriores, porque se consideraba un desconocimiento de la Ley 80 y no se podía hacer por estatutos. A los que se opusieron los desvincularon”. Cambiaron los estatutos y se hizo el cambio.

¿Para qué quería tener ese poder? La pregunta permite una reflexión: si se tiene en cuenta que la ETB es una empresa 88% pública y que cada vez es más difícil conocer detalles detrás de sus negocios, en especial cuando subcontrata tareas que encomienda el Distrito a través de convenios interadministrativos, ¿era viable permitir que concentrara millonarios gastos a través de la secretaría general?

Aunque la figura de los convenios interadministrativos es legal, también es evidente que la relación contractual de la administración con la ETB presenta cifras elevadas. Las bases de datos consultadas por este diario señalan, por ejemplo, cómo en los últimos años se han firmado 300 convenios interadministrativos que suman casi $300.000 millones. Entre ellos algunos llamativos, como la intermediación que le hace la ETB a la Alcaldía para contratar gastos de publicidad con Canal Capital, también perteneciente al Distrito.

Algunos de esos convenios han sido cuestionados por la Contraloría Distrital tras descubrir una aparente relación desequilibrada. El Distrito ha pagado más de lo que hubiera cancelado si hubiera sometido cada convenio a licitación pública. Una realidad confirmada por funcionarios y exfuncionarios que han tenido que negociar con la ETB. Un exsecretario de despacho, por ejemplo, resaltó que la ETB siempre ha ofrecido a la administración precios por encima del mercado. “Si en su mayoría es pública, debería cobrar menos al dueño, pero cobra tarifas altísimas. En últimas”, resaltó la fuente, “la plata ni siquiera se queda en la ETB, sino en los privados. Ese es el problema de subcontratación que se viene haciendo a través de la ETB”.

En pocas palabras, hay un nuevo acento en la contratación de la compañía que por sus condiciones jurídicas escapa al control del Ministerio Público. “Si se analizan todos los contratos se advierte que la secretaría general lo ha venido haciendo con abogados que terminan relacionados con temas distintos a la administración. Como el caso del abogado Ortiz, cuya contratación en la ETB debió ser conocida públicamente al asumir la defensa de Petro, para no generar suspicacias”, concluyó.