El agarrón cristiano por una oficina

No por la justicia divina, sino por la colombiana. El pastor cristiano Luis Eduardo Barbosa, asesor del Distrito y quien forma parte del equipo de la Oficina para el Derecho de Libertad Religiosa, cuenta con una condena desde 2007 por un delito de falsedad en documentos. La pena ya no está registrada como antecedente ordinario, razón por la que él está habilitado para ser contratista de una entidad oficial.

El antecedente, que pocos conocían, salió a la luz en medio de la pelea que hay entre varios grupos de cristianos y seguidores de otros cultos, que cuestionan la labor de Barbosa al frente de la Oficina. La molestia se hizo evidente ayer, tras el foro Distrital de Derechos de Libertad de Religión, Culto y Conciencia, promovido por Barbosa y en el que supuestamente buscaba “la articulación y el reconocimiento multiconfesional”. Pese a ello, el programa no incluyó charlas sobre cultos diferentes a las religiones monoteístas.

El telón de fondo de toda la polémica es simple: una pelea entre organizaciones cristianas por el manejo de la Oficina para el Derecho de Libertad Religiosa del Distrito y el papel que cumple en ella Barbosa, quien tiene contrato como asesor de la Secretaría de Gobierno y junto a Mardori Llanos, Miguel Suárez y Héctor Vera se encargan de velar por la libertad de culto. Esta nómina, adscrita a la Subsecretaría de DD.HH., según el secretario de Gobierno Hugo Zárrate, no cuesta más de $100 millones al año.

En el foro de ayer se notó la ausencia de la Mesa Interreligiosa Asoemprendedores, a la que pertenecen representantes de los brama kumaris, krismas, budistas, judíos, musulmanes, luteranos, anglicanos y católicos. La razón quedó consignada en un comunicado en el que afirman que Barbosa desarmó el trabajo que se había adelantado, “para así favorecer a un solo sector y tener como idiotas útiles a los demás, para mostrar una falsa inclusión”. Los miembros de esta organización no esconden su molestia frente al trabajo de Barbosa.

De acuerdo con su vocero, Luis Andrés Montaño, son ellos los que hicieron el lobby y los estudios técnicos para sacar adelante una Oficina para la Libertad Religiosa, espacio que tendría origen en un acuerdo político que firmó el alcalde Gustavo Petro con la mesa interreligiosa, en su campaña a la Alcaldía y en el que se comprometió a crear la dependencia, como quedó consignado en el Plan de Desarrollo del Distrito. Sin embargo, dice Montaño, faltó voluntad política para crearla formalmente, pese a que el Servicio Civil del Distrito dio el visto bueno. Según el estudio previo, por sus “importantes funciones” debía estar adscrita al despacho de la Alcaldía, y en ella trabajarían seis personas.

A pesar de estar todo listo para su creación, la decisión en el Distrito fue contratar al pastor Barbosa como asesor de la Secretaría de Gobierno para seguir impulsando la creación de la oficina, cuando aún era secretario Guillermo Alfonso Jaramillo. Este contrato lo mantiene vigente el actual secretario de Gobierno, Hugo Zárrate, a pesar de las advertencias que a través de una carta hizo Asoemprendedores, en la que decían que el pastor no era la máxima autoridad de las iglesias cristianas de Bogotá y no se sentían representados por él.

La versión que circuló en ese momento fue que Barbosa era cuota política de Zárrate, quien lo había vinculado a cambio de su respaldo (con 10.000 votos) a la candidatura de Ómar Rodríguez, por la Alianza Verde, a la Cámara de Representantes, quien finalmente se quemó. Frente a esta denuncia, el secretario Zárrate negó que la llegada de Barbosa tenga origen de acuerdos políticos o electorales.

Pero más allá de la discusión en la que están tranzados diversos cristianos, como Montaño o Barbosa, está la polémica de haber contratado en el Distrito a alguien con un antecedente tan delicado como delitos contra la fe pública, por hechos que ocurrieron en julio de 1998, época en la que Barbosa trabajaba con el senador cristiano y constituyente Jaime Ortiz Hurtado. La condena quedó en firme en septiembre de 2007, con decisión de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. El Espectador se contactó con el pastor Luis Eduardo Barbosa Sánchez, para consultarlo sobre la condena y la polémica alrededor de su trabajo, pero indicó que no iba a pronunciarse.

Volviendo a la pelea cristiana por la oficina de libertad de cultos, David Osorio, vicepresidente de la Asociación de Ateos y Agnósticos de Bogotá, sostiene que la mejor forma de garantizar la libertad de cultos es absteniéndose de gastar recursos públicos en religiones. “Es mediante el laicismo, que es la estricta separación de las iglesias y el Estado. En la práctica, significa no hacer misas en nombre de entidades estatales, no favorecer ninguna religión, porque va en detrimento de los otros cultos y de los no creyentes”.

No por la justicia divina, sino por la colombiana. El pastor cristiano Luis Eduardo Barbosa, asesor del Distrito y quien forma parte del equipo de la Oficina para el Derecho de Libertad Religiosa, cuenta con una condena desde 2007 por un delito de falsedad en documentos. La pena ya no está registrada como antecedente ordinario, razón por la que él está habilitado para ser contratista de una entidad oficial.

El antecedente, que pocos conocían, salió a la luz en medio de la pelea que hay entre varios grupos de cristianos y seguidores de otros cultos, que cuestionan la labor de Barbosa al frente de la Oficina. La molestia se hizo evidente ayer, tras el foro Distrital de Derechos de Libertad de Religión, Culto y Conciencia, promovido por Barbosa y en el que supuestamente buscaba “la articulación y el reconocimiento multiconfesional”. Pese a ello, el programa no incluyó charlas sobre cultos diferentes a las religiones monoteístas.

El telón de fondo de toda la polémica es simple: una pelea entre organizaciones cristianas por el manejo de la Oficina para el Derecho de Libertad Religiosa del Distrito y el papel que cumple en ella Barbosa, quien tiene contrato como asesor de la Secretaría de Gobierno y junto a Mardori Llanos, Miguel Suárez y Héctor Vera se encargan de velar por la libertad de culto. Esta nómina, adscrita a la Subsecretaría de DD.HH., según el secretario de Gobierno Hugo Zárrate, no cuesta más de $100 millones al año.

En el foro de ayer se notó la ausencia de la Mesa Interreligiosa Asoemprendedores, a la que pertenecen representantes de los brama kumaris, krismas, budistas, judíos, musulmanes, luteranos, anglicanos y católicos. La razón quedó consignada en un comunicado en el que afirman que Barbosa desarmó el trabajo que se había adelantado, “para así favorecer a un solo sector y tener como idiotas útiles a los demás, para mostrar una falsa inclusión”. Los miembros de esta organización no esconden su molestia frente al trabajo de Barbosa.

De acuerdo con su vocero, Luis Andrés Montaño, son ellos los que hicieron el lobby y los estudios técnicos para sacar adelante una Oficina para la Libertad Religiosa, espacio que tendría origen en un acuerdo político que firmó el alcalde Gustavo Petro con la mesa interreligiosa, en su campaña a la Alcaldía y en el que se comprometió a crear la dependencia, como quedó consignado en el Plan de Desarrollo del Distrito. Sin embargo, dice Montaño, faltó voluntad política para crearla formalmente, pese a que el Servicio Civil del Distrito dio el visto bueno. Según el estudio previo, por sus “importantes funciones” debía estar adscrita al despacho de la Alcaldía, y en ella trabajarían seis personas.

A pesar de estar todo listo para su creación, la decisión en el Distrito fue contratar al pastor Barbosa como asesor de la Secretaría de Gobierno para seguir impulsando la creación de la oficina, cuando aún era secretario Guillermo Alfonso Jaramillo. Este contrato lo mantiene vigente el actual secretario de Gobierno, Hugo Zárrate, a pesar de las advertencias que a través de una carta hizo Asoemprendedores, en la que decían que el pastor no era la máxima autoridad de las iglesias cristianas de Bogotá y no se sentían representados por él.

La versión que circuló en ese momento fue que Barbosa era cuota política de Zárrate, quien lo había vinculado a cambio de su respaldo (con 10.000 votos) a la candidatura de Ómar Rodríguez, por la Alianza Verde, a la Cámara de Representantes, quien finalmente se quemó. Frente a esta denuncia, el secretario Zárrate negó que la llegada de Barbosa tenga origen de acuerdos políticos o electorales.

Pero más allá de la discusión en la que están tranzados diversos cristianos, como Montaño o Barbosa, está la polémica de haber contratado en el Distrito a alguien con un antecedente tan delicado como delitos contra la fe pública, por hechos que ocurrieron en julio de 1998, época en la que Barbosa trabajaba con el senador cristiano y constituyente Jaime Ortiz Hurtado. La condena quedó en firme en septiembre de 2007, con decisión de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. El Espectador se contactó con el pastor Luis Eduardo Barbosa Sánchez, para consultarlo sobre la condena y la polémica alrededor de su trabajo, pero indicó que no iba a pronunciarse.

Volviendo a la pelea cristiana por la oficina de libertad de cultos, David Osorio, vicepresidente de la Asociación de Ateos y Agnósticos de Bogotá, sostiene que la mejor forma de garantizar la libertad de cultos es absteniéndose de gastar recursos públicos en religiones. “Es mediante el laicismo, que es la estricta separación de las iglesias y el Estado. En la práctica, significa no hacer misas en nombre de entidades estatales, no favorecer ninguna religión, porque va en detrimento de los otros cultos y de los no creyentes”.