“El amor por Diego nos ayudó a soportar esto”: familia de Diego Felipe Becerra

Cuando a Liliana Graf la llamaron a darle la noticia, salió de la casa con la esperanza de ver a Diego vivo. Llegó al hospital en shock y llena de incertidumbre. Todo perdió sentido cuando escuchó: está muerto. No fue capaz de verlo, decidió recordarlo como lo vio el día anterior, feliz. Aunque el dolor sigue latente, algo la conforta: mantener su cuarto como él lo dejó. “Es un espacio de tranquilidad donde se siente su energía. Eso me recuerda que tengo que luchar, sin perder la esperanza de que se haga justicia”.

Y lo ha cumplido. La familia de Diego Felipe Becerra completa ocho años de una intensa batalla judicial en contra de quienes intentaron enlodar su nombre y que pertenecían a una de las instituciones más poderosas del país: la Policía Nacional. Becerra era un grafitero de 16 años, quien perdió la vida a manos del patrullero Wílmer Alarcón, el 19 de agosto de 2011, en hechos ocurridos cerca del puente de la calle 116 con avenida Boyacá, en el norte de Bogotá. Este caso, considerado como un “falso positivo de la Policía” por la Corte Constitucional, todavía no se resuelve.

“Esa noche el uniformado actuó en defensa propia, mientras emprendía una persecución contra un muchacho agresivo, armado y que acababa de robar una buseta de servicio público. En el lugar se encontró el arma del agresor. Posteriormente tres civiles (entre ellos el conductor) señalaron a Becerra como el responsable del asalto”. Esta fue la versión que inicialmente dio la Policía.

“Ellos decían a los medios que Diego era un delincuente y a mí se me acababa el mundo. Yo no tenía ninguna prueba para defenderlo, solo contaba con lo que sabía de él. En cambio, ellos tenían el testimonio de un conductor, de policías, un arma y todo a su favor”, recuerda Liliana.

Pero justo cuando las versión de la Policía tomaba fuerza, el montaje se vino abajo. Cinco días después, mientras el conductor Jorge Narváez reiteraba la versión del asalto, se conoció el dictamen de Medicina Legal, el cual revelaba que Becerra no había manipulado un arma de fuego el día de su muerte.

Se empezaba a advertir una alteración en la escena del crimen, que se confirmó al conocer que el día de los hechos la buseta en cuestión había sido vendida a otra persona, tenía pico y placa, y no prestó el servicio de transporte. Y así, poco a poco, varias condenas y destituciones han puesto en evidencia de lo que son capaces algunos policías por cubrirse la espalda.

No obstante, no todos los responsables están condenados. El caso de Diego Felipe Becerra se ha desarrollado a media marcha, en medio de dilaciones de la defensa de los oficiales, el cambio de fiscales, amenazas, atentados contra quienes han colaborado con la justicia y decisiones que han mantenido a la familia en una montaña rusa de emociones.

Desde el comienzo a Liliana y a su esposo Gustavo Trejos —padrastro de Diego— les advirtieron que luchar contra la Policía era difícil y que era mejor no meterse en eso, pero la necesidad de limpiar el nombre de su hijo disipó cualquier miedo. El objetivo se ha logrado en parte, porque el mundo sabe realmente qué ocurrió, pero todavía hay gente que sigue sin responder.

Por ahora, la lista de condenados la encabeza el patrullero Wílmer Alarcón, quien fue sentenciado el 16 de agosto de 2016 a pagar una condena de 37 años y seis meses de prisión, por disparar a quemarropa contra Diego Felipe. Sin embargo, la situación se tornó agridulce cuando, ese mismo día, el juez 47 de garantías lo dejó en libertad en una audiencia paralela. Desde entonces, está prófugo de la justicia.

Al igual que a Alarcón, los jueces también sentenciaron a los uniformados Fredy Navarrete, Esneyder Rodríguez y Nelson Tovar, que tuvieron un papel protagónico en todo el montaje y quienes hoy están colaborando como testigos de la Fiscalía. Sin embargo, hacer que todos respondan por la muerte del joven grafitero no ha sido sencillo.

Los procesos penales contra algunos oficiales, suboficiales y civiles siguen sin resolverse, según la defensa de la familia de Becerra, debido a las dilaciones de los abogados. Por esto, hay temor de que algunos prescriban. Es el caso de la investigación contra los tres civiles (incluyendo al conductor de la buseta), que señalaron a Becerra de ser un atracador. A ellos los investigan por falsa denuncia, fraude procesal y favorecimiento al homicidio.

Además, el proceso contra el general Francisco Patiño, exdirector de la Policía Bogotá para la época de los hechos, quien supuestamente conoció el montaje. “Hemos tenido fiscales que están a punto de imputarlo, pero los cambian inexplicablemente. Hay elemento material probatorio suficiente para imputarle cargos. Han pasado cinco años desde que él fue vinculado y nada”, explicó Myriam Pachón, abogada de la familia del grafitero.

Han pasado ocho años desde la muerte de Diego Felipe Becerra y a pesar de que el país ya conoce la verdadera historia, su familia insiste en que no descansarán hasta limpiar por completo el nombre de su hijo y hacer que todos los responsables sean condenados.

Cuando a Liliana Graf la llamaron a darle la noticia, salió de la casa con la esperanza de ver a Diego vivo. Llegó al hospital en shock y llena de incertidumbre. Todo perdió sentido cuando escuchó: está muerto. No fue capaz de verlo, decidió recordarlo como lo vio el día anterior, feliz. Aunque el dolor sigue latente, algo la conforta: mantener su cuarto como él lo dejó. “Es un espacio de tranquilidad donde se siente su energía. Eso me recuerda que tengo que luchar, sin perder la esperanza de que se haga justicia”.

Y lo ha cumplido. La familia de Diego Felipe Becerra completa ocho años de una intensa batalla judicial en contra de quienes intentaron enlodar su nombre y que pertenecían a una de las instituciones más poderosas del país: la Policía Nacional. Becerra era un grafitero de 16 años, quien perdió la vida a manos del patrullero Wílmer Alarcón, el 19 de agosto de 2011, en hechos ocurridos cerca del puente de la calle 116 con avenida Boyacá, en el norte de Bogotá. Este caso, considerado como un “falso positivo de la Policía” por la Corte Constitucional, todavía no se resuelve.

“Esa noche el uniformado actuó en defensa propia, mientras emprendía una persecución contra un muchacho agresivo, armado y que acababa de robar una buseta de servicio público. En el lugar se encontró el arma del agresor. Posteriormente tres civiles (entre ellos el conductor) señalaron a Becerra como el responsable del asalto”. Esta fue la versión que inicialmente dio la Policía.

“Ellos decían a los medios que Diego era un delincuente y a mí se me acababa el mundo. Yo no tenía ninguna prueba para defenderlo, solo contaba con lo que sabía de él. En cambio, ellos tenían el testimonio de un conductor, de policías, un arma y todo a su favor”, recuerda Liliana.

Pero justo cuando las versión de la Policía tomaba fuerza, el montaje se vino abajo. Cinco días después, mientras el conductor Jorge Narváez reiteraba la versión del asalto, se conoció el dictamen de Medicina Legal, el cual revelaba que Becerra no había manipulado un arma de fuego el día de su muerte.

Se empezaba a advertir una alteración en la escena del crimen, que se confirmó al conocer que el día de los hechos la buseta en cuestión había sido vendida a otra persona, tenía pico y placa, y no prestó el servicio de transporte. Y así, poco a poco, varias condenas y destituciones han puesto en evidencia de lo que son capaces algunos policías por cubrirse la espalda.

No obstante, no todos los responsables están condenados. El caso de Diego Felipe Becerra se ha desarrollado a media marcha, en medio de dilaciones de la defensa de los oficiales, el cambio de fiscales, amenazas, atentados contra quienes han colaborado con la justicia y decisiones que han mantenido a la familia en una montaña rusa de emociones.

Desde el comienzo a Liliana y a su esposo Gustavo Trejos —padrastro de Diego— les advirtieron que luchar contra la Policía era difícil y que era mejor no meterse en eso, pero la necesidad de limpiar el nombre de su hijo disipó cualquier miedo. El objetivo se ha logrado en parte, porque el mundo sabe realmente qué ocurrió, pero todavía hay gente que sigue sin responder.

Por ahora, la lista de condenados la encabeza el patrullero Wílmer Alarcón, quien fue sentenciado el 16 de agosto de 2016 a pagar una condena de 37 años y seis meses de prisión, por disparar a quemarropa contra Diego Felipe. Sin embargo, la situación se tornó agridulce cuando, ese mismo día, el juez 47 de garantías lo dejó en libertad en una audiencia paralela. Desde entonces, está prófugo de la justicia.

Al igual que a Alarcón, los jueces también sentenciaron a los uniformados Fredy Navarrete, Esneyder Rodríguez y Nelson Tovar, que tuvieron un papel protagónico en todo el montaje y quienes hoy están colaborando como testigos de la Fiscalía. Sin embargo, hacer que todos respondan por la muerte del joven grafitero no ha sido sencillo.

Los procesos penales contra algunos oficiales, suboficiales y civiles siguen sin resolverse, según la defensa de la familia de Becerra, debido a las dilaciones de los abogados. Por esto, hay temor de que algunos prescriban. Es el caso de la investigación contra los tres civiles (incluyendo al conductor de la buseta), que señalaron a Becerra de ser un atracador. A ellos los investigan por falsa denuncia, fraude procesal y favorecimiento al homicidio.

Además, el proceso contra el general Francisco Patiño, exdirector de la Policía Bogotá para la época de los hechos, quien supuestamente conoció el montaje. “Hemos tenido fiscales que están a punto de imputarlo, pero los cambian inexplicablemente. Hay elemento material probatorio suficiente para imputarle cargos. Han pasado cinco años desde que él fue vinculado y nada”, explicó Myriam Pachón, abogada de la familia del grafitero.

Han pasado ocho años desde la muerte de Diego Felipe Becerra y a pesar de que el país ya conoce la verdadera historia, su familia insiste en que no descansarán hasta limpiar por completo el nombre de su hijo y hacer que todos los responsables sean condenados.