Hacia el mediodía del miércoles, en audiencia llevada a cabo en los juzgados de Paloquemao, Víctor David Jiménez y Luis Enrique Díaz aceptaron los cargos por homicidio que la Fiscalía les imputaba como consecuencia del asesinato de Alejandra Díaz Lezama, esposa del concejal Vladimir Melo, quien hasta el momento se mantiene como uno de los principales sospechosos del crimen.
Según Juan Augusto Gutiérrez, uno de los investigadores del caso, el acuerdo entre el juez y los implicados no puede revelarse por protección de la reserva sumarial. Sin embargo, existen versiones que sostienen que con la aceptación, Jiménez y Díaz podrían recibir una rebaja de hasta el 50% de la pena. El tercer capturado del caso, Jonathan Fabián Torres, también llegó a un acuerdo con la justicia, pero en una negociación independiente, luego de que el lunes pasado negara los cargos por homicidio agravado y porte ilegal de armas.
Torres, de 18 años, fue pieza fundamental para la investigación. El 7 de septiembre pasado fue capturado por hurto y en su poder fue incautada el arma con la que al parecer se cometió el asesinato de Alejandra Díaz, el 17 de julio de este año.
Existen sospechas de que el concejal Vladimir Melo, miembro del Partido Cristiano de Transformación y Orden (PACTO), habría contratado a un grupo de sicarios para que le quitara la vida a su mujer. Al parecer, el cabildante sostenía una relación sentimental con la asistente de Gustavo Páez Merchán, a quien reemplazó en el Concejo de Bogotá. La hipótesis se complementa con la supuesta existencia de un video en el que Melo y su amante aparecen teniendo relaciones sexuales y que habría llegado a manos de su esposa. Todo parece apuntar a que Melo buscó la forma de evitar un escándalo contratando a los detenidos, a quienes habría pagado una suma cercana a los $5 millones.
El 23 de octubre pasado se profirió orden de captura contra Vladimir Melo, recluido en la cárcel La Picota desde entonces.
Por El Espectador
