El Distrito terminó de ambientar con ediles y líderes de las 20 localidades de la ciudad una de sus propuestas más ambiciosas: la Estatuyente por Bogotá, que busca reformar el Estatuto Orgánico de Bogotá, de 1993, y que de ser aprobada en el Congreso sin duda cambiaría la forma en que se organiza y administra la ciudad. El tema no es nuevo y ya tiene simpatizantes y airados opositores.
Desde julio la Subsecretaría de Asuntos Locales de la Secretaría Distrital de Gobierno se la ha jugado por esta iniciativa y ha socializado en diversas reuniones cuatro puntos. El primero, propone la elección popular de alcaldes locales, el día de las votaciones para Alcalde Mayor de Bogotá. La idea es que las Juntas Administradoras Locales (JAL) presenten al Distrito el plan de acuerdo de cada alcalde local elegido, pero siguiendo una partitura única: el Plan de Desarrollo del Alcalde Mayor de Bogotá.
El segundo punto formula la integración y organización de Bogotá con su área metropolitana, y territorios adyacentes, pensando el abastecimiento de agua y las soluciones de transporte, bajo la figura de la Región Administrativa y de Planeación Especial (RAPE).
El tercer asunto plantea la autonomía presupuestal y administrativa de las localidades para que los alcaldes locales puedan definir sus equipos de confianza. El Estatuto Orgánico impide que el alcalde local escoja su propio coordinador jurídico y administrativo, por ejemplo. Tampoco tienen autonomía financiera y la mayoría de sus funciones (157) son policivas. “Hoy los alcaldes locales parecen policías con chequera empeñada”, dice José Cuesta, subsecretario de Asuntos Locales de la Secretaría de Gobierno.
Finalmente, el Distrito propone la creación de al menos 10 localidades más que respondan a las necesidades de organización y crecimiento de la ciudad, y da el ejemplo de Suba y Kennedy, que tienen un poco más de un millón de habitantes y difícilmente pueden dar respuesta a las necesidades de la gente. Esto significaría al menos 10 alcaldes locales y ediles nuevos en la ciudad, junto a sus aparatos burocráticos.
“Tarde o temprano esta debe ser una nueva realidad para Bogotá”, reitera Cuesta. Después de 21 años de la creación del Estatuto Orgánico de Bogotá lo cierto es que la ciudad es otra. Sólo en número de habitantes ha pasado de tener cerca de seis millones en 1995 a más de diez millones en 2014.
Por eso, si bien la presentación del proyecto de ley al Congreso todavía está cruda, y no se haría antes de marzo de 2015, el Distrito sigue dando el debate, en las localidades, con los concejales, congresistas y expertos, buscando el guiño que les permita sacar esta reforma adelante.
La discusión ha vuelto a la agenda pública también por cuenta de un proyecto de reforma Constitucional que impulsa en el Congreso la representante a la Cámara por Bogotá, Clara Rojas, y ya fue aprobado en primer debate.
Rojas propuso la elección popular de alcaldes locales con independencia sobre sus programas de gobierno: “La figura de los alcaldes locales no puede ser subalterna a la del Alcalde Mayor; de ser así se siguen asestando golpes contra la proyección cultural y política de las comunidades”, afirmó. Sin embargo, ha recibido fuertes reproches de quienes creen que esa no es la fórmula que necesita la ciudad, porque la federaliza y le resta congruencia a la necesidad de un Alcalde Mayor.
“La elección popular de alcaldes locales perjudica a la ciudad pues la administración de recursos se divide en 20 ciudades distintas, sería un suicidio”, señaló Rodrigo Lara, representante a la Cámara. El concejal Carlos Vicente de Roux ha dicho que aunque reconoce que hay que modificar el Estatuto Orgánico cree que los alcaldes locales deben ser ante todo agentes del Alcalde Mayor. “Ni la movilidad, ni la seguridad, ni la protección del ambiente, ni la prestación de los servicios sociales pueden enfocarse con divorcio de lo que se está haciendo en el conjunto de la ciudad”, dice de Roux.
El exalcalde Jaime Castro, por su parte, también ha sido crítico y ha dicho que si la elección popular de alcaldes se aprueba no habría un mecanismo para coordinar su acción desde el punto de vista institucional. Es curioso, sin embargo, que el 8 de abril de 1991, Castro como miembro de la Asamblea Nacional Constituyente propuso que los alcaldes y concejales locales fueran elegidos por los ciudadanos en cada localidad y que esta elección se debería hacer cada tres años, el mismo día de la elección de concejales y Alcalde Mayor.
Por su parte, el Distrito ha dicho que no comparte la iniciativa de Rojas, porque así planteada lo considera un despropósito. Esto, aunque defiende y promueve este método, que dice deberá seguir el plan de desarrollo del alcalde elegido.
¿Qué debe ser primero, la elección popular de los alcaldes locales o su descentralización? La pregunta la hizo María Conchita Ramírez, líder barrial de Chapinero, durante la última reunión que hizo el Distrito para promover la Estatuyente por Bogotá y es pertinente si se entiende que el espejismo de participación ciudadana sólo dejara de serlo si los instrumentos para ejercer el gobierno local se fortalecen.
El cómo seguirá discutiéndose, aunque es claro que las reformas al Estatuto Orgánico que busca el Distrito están atadas a tiempos electorales, calendarios y voluntades políticas. Entretanto, los casos por presunta corrupción en contratación en alcaldías locales denunciadas en el Concejo de Bogotá hace unos meses siguen pesando a la hora de entender la urgencia de independencia financiera que éstas reclaman.
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Por Natalia Herrera Durán
