¿El castillo de naipes del Grupo Nule?

El contralor distrital, Miguel Ángel Moralesrussi, fue el primero en poner el dedo en la llaga. Hace dos semanas, el representante del ente de control afirmó que el grupo empresarial Nule estaría actuando como una “pirámide financiera”. Los polémicos contratistas se defendieron e incluso amenazaron con tomar acciones legales contra el funcionario. Sin embargo, un documento de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), conocido por El Espectador, revela información según la cual lo dicho por Moralesrussi no dista mucho de la realidad.

Según la SFC, a través de sociedades llamadas Mesas de Dinero, ofreciendo una rentabilidad fija de entre el 13 y el 17% y la devolución de la inversión en un plazo previamente pactado, la Unión Temporal Transvial —conformada por seis empresas, dos de ellas de propiedad de los Nule— recaudó en 2009 “dineros del público en forma masiva sin contar con autorización legal”.

Así se detalla en una carta que el pasado 25 de enero le envió el superintendente delegado adjunto para Supervisión Institucional, Juan Pablo Arango, a la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda. La misiva describe, paso a paso, la modalidad usada por algunas empresas, varias de ellas contratistas del Estado, con el propósito de obtener financiamiento para el desarrollo de sus proyectos o la ejecución de contratos, por medio del apalancamiento indebido de recursos.

Primero, la empresa demandante de recursos acude a las Mesas de Dinero para tratar de conseguir lo necesario en el desarrollo de su negocio principal. Estas sociedades intermediarias se encargan de buscar fuentes de recursos de disponibilidad inmediata, que por lo general resultan ser inversionistas a los que se les hacen ofertas de cesión de derechos económicos o de beneficio con pacto de readquisición, es decir que una vez les devuelven el préstamo pueden reinvertir en el mismo proyecto o en otro.

En el proceso participan también sociedades fiduciarias o comisionistas de bolsa agropecuaria que se encargan de la administración de los dineros captados.

El ciclo termina cuando los inversionistas reciben el dinero prestado junto a los rendimientos.

Aunque la Superintendencia aclara que se trata de una actividad empresarial “efectiva” que financia acciones “lícitas”, no duda al afirmar que las operaciones de captación no cuentan con autorización. Por ello, la entidad decidió tomar medidas administrativas contra las sociedades Enlace Centro de Negocios Ltda. y D&PE S.A., en calidad de Mesas de Dinero, a las cuales se les ordenó la suspensión inmediata de sus actividades de recaudo.

Asimismo, la SFC exigió a Treasures Ltda., Buenaventura Medio Ambiente S.A., Servicios y Medioambiente S.A. y Visa Ingeniería, algunas de las empresas que pedían prestados los dineros, devolver la totalidad de lo captado.

En el caso puntual de Transvial, el documento precisa: “Devolvieron a los inversionistas los recursos recaudados del público en forma masiva sin contar con autorización legal”, y por ello no se adoptó en su contra ninguna medida administrativa. De igual manera sucedió con las empresas Ponce de León Asociados S.A., Ingenieros Consultores y Gestar Pharma Ltda.

Al respecto, el abogado de Transvial, Jaime Granados, le dijo a este diario que sus clientes “reconocen” haber recurrido a Mesas de Dinero. No obstante, aclaró que se trata de “una actividad lícita”. Según Granados, “los Nule no intervenían directamente en la consecución de recursos con los prestamistas. Ellos lo hacían a través de las Mesas de Dinero. Además, cuando la SFC llamó la atención sobre esto, hace unos meses, inmediatamente se devolvió la plata. Por eso no fueron sancionados”.

El asunto quedó en manos de la Fiscalía desde ayer en la mañana, cuando el fiscal (e), Guillermo Mendoza Diago, le pidió públicamente a la Unidad Anticorrupción de ese ente que haga el correspondiente seguimiento.