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El nuevo alcalde encargado, Rafael Pardo, comenzó ayer la compleja labor que tendrá por lo menos durante los próximos dos meses, antes de las elecciones atípicas para elegir al mandatario que se quedará en la Alcaldía Mayor. Su tarea no será fácil si se tiene en cuenta que gobernará con un gabinete diezmado, en el que los secretarios renunciaron como gesto de lealtad con Gustavo Petro. La discusión ahora, además de la batalla política por Bogotá, será el desarrollo de la ciudad y cómo salir de la difícil situación que ha vivido la capital del país desde la administración de Samuel Moreno.
Pardo comenzó su día yendo a su despacho en el Ministerio de Trabajo, donde tuvo una reunión con sus asesores más cercanos. Luego fue al centro de la capital para posesionarse ante el juez Esteban Vargas. Allí insistió en que cumplirá el programa de gobierno de la ‘Bogotá Humana’. “Eso dice la ley. El programa vigente es con el que eligieron a Gustavo Petro. Por supuesto, las decisiones que haya que tomar para que estos programas puedan adelantar su ejecución habrá que tomarlas”.
En medio de esta transición, producto de lo que la administración Petro calificó como una “trampa” del Gobierno Nacional, Pardo quiso dejar claro un mensaje: que su interés será el de ocuparse “todo el tiempo de los temas de Bogotá”. Y para demostrarlo, una de sus primeras tareas en la tarde de ayer fue reunirse en la Alcaldía Mayor con la secretaria general, Susana Muhamad, para tener un panorama sobre la situación del gabinete. Antes del encuentro dijo que él desea “trabajar con la gente que está en la administración y que conoce los programas”, razón por la cual quería hablar primero con ellos.
Sin embargo, ya es de conocimiento público que en la noche del miércoles Gustavo Petro prácticamente les sugirió a sus secretarios y jefes de institutos que renunciaran, sugerencia que fue acogida por la gran mayoría. Fueron pocos los que decidieron seguir en la administración. Es el caso del director del Instituto de Turismo, Luis Fernando Rosas, quien argumentó su decisión en la necesidad que tiene la ciudad de contar con funcionarios que garanticen el cumplimiento del programa ‘Bogotá Humana’.
Se sabe que, al igual que Rosas, otros directores de entidades como el Instituto de Desarrollo Urbano, William Camargo, y el gerente del Acueducto, Alberto Merlano, podrían seguir sus pasos. La razón es que tienen grandes proyectos en ejecución que requieren mayor empalme. Aquellos que no renuncien dejarán su continuidad en manos del alcalde encargado o de quien resulte electo en dos meses.
Temas claves
Por ahora está claro que Pardo quiere concentrarse inicialmente en los temas de seguridad y transporte. Por esta razón, en la tarde de ayer sostuvo una breve reunión con la Policía, pero espera tener entre hoy y mañana un consejo de seguridad para tomar decisiones (ver balcón arriba). En cuanto a la movilidad, anoche tenía previsto un encuentro con los funcionarios del sector, ya que uno de los retos urgentes, sin duda, será buscar una solución a la crisis de Transmilenio.
Pero en medio de los temas urgentes, quizás el reto más grande para Pardo, o para quien gane las elecciones atípicas, será el Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Este, junto con el cambio del modelo de recolección de basuras, se puede catalogar como el mayor emblema de la administración de Gustavo Petro. Es el máximo proyecto en el que el alcalde dejó la línea de desarrollo que desea para la ciudad, cuando lo decretó en agosto del año pasado. Al igual que las basuras, fue un proyecto que él aprobó por decreto, debido a la oposición de sus contradictores en el Concejo, los gremios de la construcción e incluso del Gobierno Nacional.
Y es justo en medio de esta coyuntura que este tema toma relevancia, debido a que el miércoles el Consejo de Estado levantó la reserva sobre la respuesta que en septiembre había emitido la Sala de Consulta del alto tribunal, ante la pregunta de si Petro tenía facultades para cambiar por decreto el POT. En el documento la conclusión era clara: si el Concejo Distrital no aprobaba la modificación, el alcalde no la podía hacer por decreto, pues ello sería sustituir al Concejo en el ejercicio de su facultad constitucional de reglamentar los usos del suelo”.
Ahora que el Consejo de Estado, de cierta forma, fijó su posición, queda en vilo el futuro del POT de Petro. La razón es simple: actualmente cursan cinco demandas ante este tribunal y otras tantas ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca (como las promovidas por el abogado Juan Manuel González), que piden la nulidad del plan de ordenamiento por daños específicos a particulares.
Lo único que ha frenado la discusión de las demandas es que se debe resolver primero un conflicto de competencia: saber qué entidad debe resolver el tema, si son los jueces administrativos de Bogotá o el propio Consejo de Estado. Sea cual sea la decisión, es claro que el documento de la Sala de Consulta fijaría el norte para el juez o magistrado que asuma el análisis de las demandas contra el POT.
Al margen de la discusión jurídica, el panorama que se vislumbra ante la presencia de un nuevo mandatario (electo durante las elecciones atípicas), seguramente tampoco resultaría favorable para el POT, especialmente si el que resulte elegido no comparte la visión de ciudad que tenía Petro.
Se conoce que entre la lista de los que suenan como candidatos está el liberal David Luna, quien forma parte de la Unidad Nacional de Santos, es un crítico del exalcalde y es cercano al concejal Miguel Uribe (también liberal), que es uno de los férreos opositores del POT. También suena Gina Parody, actual directora del Sena, quien desde que estuvo como alta consejera para Bogotá se caracterizó por su oposición a los proyectos del alcalde. Y, finalmente, en caso de que el candidato del uribismo sea el exvicepresidente Francisco Santos, se conoce que él ha manifestado su apoyo a los gremios y claramente ha sido un férreo crítico de Petro.
Así las cosas, el POT de Petro parece ser un plan con un panorama oscuro, especialmente al conocer que lo más probable es que el alcalde encargado, Rafael Pardo Rueda, tendrá que buscar un nuevo gabinete ante la renuncia masiva de los secretarios progresistas y no quede en la administración funcionario alguno que defienda al POT, con el ahínco de la saliente administración.
'Plan de desarrollo debe continuar’
La secretaria de Hábitat, María Mercedes Maldonado, aseguró que el nombramiento de Rafael Pardo como alcalde encargado de Bogotá no debe ser interpretado “como si el Gobierno Nacional se esté tomando la administración distrital. No es cierto que el Gobierno Nacional llegue a implementar normas en Bogotá. En materia de vivienda espero que Rafael Pardo, quien ha sido sensible con el tema de las víctimas, se dé cuenta del bloqueo del Ministerio de Vivienda para la construcción de viviendas para las víctimas del conflicto armado”. Sin embargo, Maldonado señaló que su renuncia es irrevocable, porque de lo contrario “sería legitimar una decisión con la que estamos totalmente en desacuerdo, que es el desconocimiento de las medidas cautelares”. No obstante, el concejal Juan Carlos Flórez denunció un rezago en materia de vivienda: “de las 40.000 que prometió el gobierno distrital para las víctimas del conflicto armado, sólo se han entregado 393”.